Comisión Nacional de Garantías en el Valle del Cauca. Horacio Duque.

 

Uno de los problemas más graves del post conflicto es el asesinato sistemático de líderes sociales, de los derechos humanos y de ex combatientes de las Farc.

Cientos de ellos han sido acribillados en los últimos meses y la tragedia no para.

Uno de los instrumentos más importantes para detener ese desangre es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad creada mediante el Decreto 154 del 2017 (Ver https://bit.ly/2ppfQc5 ) en cumplimiento de los Acuerdos firmados por las Farc con el Estado colombiano a través del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

En su intervención durante la primera reunión del Consejo Departamental de Paz en el Valle del Cauca, el Alto Comisionado de Paz, Dr. Miguel Ceballos, hizo el anuncio de que dicha Comisión entrara en funcionamiento en Cali y el Departamento del Valle del Cauca, de la mano de la gestión que adelanta la Secretaria de Paz Territorial.

Esta Comisión está integrada por: el Presidente de la República, quien presidirá o sus delegados que serán El Ministro del Interior y el Ministro de Defensa; Ministro de Justicia y del Derecho; el Fiscal General de la Nación; el Defensor del Pueblo; el Procurador General de la Nación; El Director de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo; el Comandante las Fuerzas Militares; el Director General la Policía Nacional; tres (3) expertos reconocidos en la materia; y dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos que hoy están representadas por reconocidos líderes como Jaime Caicedo, Gustavo Gallón y Camilo Gonzalez.

Las funciones de dicha Comisión son trascendentales para proteger los liderazgos comunitarios y de los Derechos Humanos.

Las mismas son las siguientes:

­Diseñar, hacer seguimiento, coordinar intersectorialmente y promover la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del decreto 154 del 2017.

Formular y evaluar el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el arto 1 del decreto 154, que será adoptado por el Gobierno Nacional.

Evaluar la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del decreto 154.

Coordinar con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a las manifestaciones criminales objeto de la Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuyan a complementar el esfuerzo estatal.

Recomendar reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones a que hace referencia el artículo 10 del decreto 154.

Solicitar a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas de que trata el artículo 1 del Decreto 154 y hacer seguimiento del contenido de dichos informes.

Diseñar y construir las estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del ecreto 154, entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

Hacer recomendaciones para modificar o derogar las normas que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10 del decreto 154.

Proponer a las autoridades competentes mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado, con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos.

lnformar periódicamente a las Ramas del Poder Público, a la opinión pública y a los organismos internacionales, los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10 del decreto 154.

Garantizar el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo.

Hacer recomendaciones a las Ramas del Poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10 del decreto 154.

Hacer seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formular propuestas para actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y que en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales a que hace referencia el artículo 10 del decreto 154.

Políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo a que hace referencia el artículo 10 del decreto 154, definiendo tratamientos específicos para los integrantes dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las mismas. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.

La aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto comisión.

Participar en el diseño de un nuevo Sistema prevención y la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades las y conductas criminales a que hace el artículo decreto.

Si hay voluntad política la aplicación de estas normas con la participación de los líderes y comunidades en riesgo será un importante avance en la construcción de la paz en el Valle del Cauca.

 

 

Publicado por:

David Macias

April 03

Post Destacadados

¿Hay dinero para tanta iniciativa del PDET en el sur del país?

Comunidades e instituciones de 24 municipios del Valle del Cauca, Cauca y Nariño construyeron, de manera participativa, las principales líneas de acción para la transformación y estabilización de su región en los próximos diez años. ¿Alcanzará la plata?

Duele uno, duelen todos. Nancy Patricia Gutierrez. Ministra del Interior.

El Observatorio de paz publica esta nota de opinión de la Ministra del Interior del gobierno nacional para que los lectores y seguidores del Observatorio construyan criterios sobre una política urgente para la prevención y la protección de los lideres sociales y de las comunidades.

‘Defendamos la paz’, la iniciativa para proteger acuerdos de La Habana

Con el fin de proteger el acuerdo de La Habana, firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo de académicos, líderes sociales, congresistas y participantes de las negociaciones de paz lanzaron este miércoles la iniciativa ‘Defendamos la paz’.