Consejo de Seguridad de ONU llega a Colombia a mirar la paz. Llega el árbitro de la paz. ENS.

Julio 06, 2019.

Esta semana arriba a Colombia la delegación del Consejo de Seguridad de la ONU para revisar sobre el terreno cómo se está cumpliendo el pacto con las Farc. Gobierno, exguerrilla y Misión Verificadora tienen coincidencias pero también diferencia de criterios ¿Quién tiene la razón?

Un cara a cara. Eso es lo que sostendrán esta semana el Gobierno del presidente Iván Duque con una delegación de alto nivel del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la instancia más poderosa del planeta que tiene autorizada desde el mandato Santos una Misión de Verificación del proceso de paz con la guerrilla de las Farc.

La delegación, que arribará el próximo jueves y estará hasta el domingo, tiene varios objetivos en su visita. De un lado, expresar su “compromiso total” con un acuerdo de paz y su implementación. Pero dicho viaje se produce en una complicada coyuntura, ya que tanto para la mayoría de los sectores colombianos como para la comunidad internacional es claro que el acuerdo está, como se dice popularmente, haciendo agua, descuadernándose por factores internos y externos que ponen en duda no solo la viabilidad de la implementación a corto, mediano y largo plazos, sino que evidencian que el pacto como tal quedó mal construido desde un comienzo.

La delegación que vendrá al país será encabezada por los delegados de Reino Unido y Perú, naciones que presiden el Consejo en este mes. Sostendrá una agenda intensa en Bogotá con la Presidencia de la República y altos funcionarios del Gobierno, así como con distintos sectores políticos, ONG, voceros de la sociedad civil y, obviamente, el partido Farc. También se tiene previsto que viajen a alguna región, según lo informó en la última semana de junio el embajador peruano ante la ONU, Gustavo Meza-Cuadra. El diplomático manifestó que queremos “entender mejor las prioridades y preocupaciones de las partes involucradas en el proceso de paz” y también apoyar a la Misión de verificación de la ONU.

Sería ingenuo desconocer que desde que llegó al poder el gobierno Duque, hace 11 meses, hay cierta preocupación en la ONU y la comunidad internacional por los ajustes de fondo que este prometió en campaña al acuerdo firmado por su antecesor y principal contraparte política del uribismo, Juan Manuel Santos.

Como se sabe, el partido Farc y algunas ONG y sectores de la centro-izquierda, así como de los partidos que apoyaron el acuerdo de paz en el gobierno anterior, acusan al Ejecutivo de querer reversar algunos aspectos clave, como la justicia transicional o la participación en política de los desmovilizados. El propio máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, si bien ha dicho que el grueso de la exguerrilla se mantiene firme en el proceso, también ha expresado que el Gobierno ha fallado en el cumplimiento del pacto e incluso quiere echar para atrás asuntos trascendentales.

La Farc (Fuerza Alternativa y Revolucionaria del Común) también señala al Ejecutivo de haberle quitado prioridad política y presupuestal a elementos puntuales del proceso de implementación en distintos campos como la puesta en marcha de varias reformas, los programas integrales de reinserción de excombatientes, una nueva institucionalidad territorial… Sumando a todo ello las críticas al Estado por la incapacidad para detener la racha de asesinatos de líderes sociales así como de desmovilizados.

En la otra orilla está el Ejecutivo, que insiste en todos los escenarios locales y externos que más allá de muchos de esos señalamientos, que califica de politizados –vengan de Farc, la oposición u otros partidos–, no solo ha cumplido al pie de la letra con las distintas fases del acuerdo, sino que incluso se ha esforzado por corregir un accidentado proceso de implementación afectado de forma sustancial por los problemas ‘heredados’ de la administración Santos y por las propias fallas en la arquitectura del pacto.

Falencias tan graves como el crecimiento exponencial de las disidencias armadas de las Farc, la explosión de narcocultivos, la improvisación en las zonas de concentración de excombatientes, la reincidencia criminal de algunos cabecillas, la demora de los propios exguerrilleros en los proyectos productivos y de reconversión productiva. A ello se suma la división política e ideológica en el partido Farc respecto a la utilidad y cumplimiento del proceso, así como el alejamiento del acuerdo y la renuncia a presentarse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por parte de mandos clave como el exjefe negociador alias ‘Iván Márquez’, ‘Romaña’ o ‘El Paisa’.

Y como si todo lo anterior fuera poco, está el pleito de ‘Jesús Santrich’, el excabecilla desmovilizado y ahora parlamentario que está generando una crisis de marca mayor en el desarrollo del acuerdo, ya que su caso ha sido una especie de ‘prueba ácida’ para la legitimidad y eficiencia de la JEP, la fortaleza del mecanismo de extradición, el choque de competencias entre la justicia ordinaria y la transicional, los avances y retrocesos en la lucha contra el narcotráfico, el castigo a los exguerrilleros reincidentes, el pulso entre santistas y uribistas, el futuro de cualquier acercamiento de paz con el Eln así como la propia credibilidad pública en los procesos de paz con las guerrillas.

Visión de la ONU.

Si bien es cierto que los informes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y las reacciones del Gobierno a los mismos suelen tener coincidencias de criterios, también lo es que en asuntos muy puntuales se han registrado contradicciones muy específicas que, incluso, han dado para rifirrafes públicos y discusiones en privado de alto calado.

De allí que la visita de la próxima semana sea clave, no solo porque, cual árbitro, el Consejo de Seguridad debe ayudar a definir quién tiene la razón en torno a la responsabilidad en los problemas de acuerdo y el proceso de implementación, sino porque las diferencias de criterios entre la Misión de la ONU y la Casa de Nariño quedaron, de nuevo, patentes esta semana, luego de que se conocieran los pormenores del informe trimestral del secretario general António Guterres sobre la Misión de Verificación en Colombia.

En el reporte, que comprende lo ocurrido entre el 27 de marzo al 26 de junio pasados, Guterres invita a los colombianos a trabajar juntos y a sostener un diálogo inclusivo ante los nuevos desafíos en la implementación del acuerdo de paz, al tiempo que renovó “el compromiso y la determinación de las Naciones Unidas para ayudar a hacer realidad sus aspiraciones de un futuro más pacífico”.

En el reporte la Misión sostiene que hay un “firme compromiso” con el proceso de reincorporación por parte del Gobierno y la Farc. También califica como positivo que la gran mayoría de los desmovilizados, según una encuesta adelantada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se mantengan fieles al proceso de reincorporación, “lo que constituye una señal alentadora dos años después de concluido el proceso de dejación de armas”.

Incluso el propio informe trae a colación que “el Gobierno declaró que los 2.360 excombatientes restantes que no pudieron ser contactados para la encuesta no necesariamente habían abandonado el proceso de reincorporación” y, “un total de 11.018 reciben un subsidio mensual básico”. Además, se identificó que más de 7.000 viven fuera de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en nuevos asentamientos rurales más pequeños o en áreas urbanas en donde adelantan su proceso de reincorporación. Incluso reconoció que si bien estos ETCR expirarán el 15 de agosto, se pactó una transición gradual por un año y habrá prórroga del suministro de alimentos y servicios básicos. También se reconocieron los avances de 24 proyectos colectivos y 190 individuales.

Campanazo por violencia.

Luego pasó Guterres a asuntos un poco más críticos. Por ejemplo, dijo que “los dirigentes del Gobierno y de la Farc tienen la responsabilidad de ofrecer oportunidades económicas y un liderazgo efectivo, respectivamente”. Asimismo, hace hincapié sobre “la importancia que los líderes de Farc den ejemplo, contribuyan activamente al esclarecimiento de la verdad y cumplan su compromiso con el proceso”.

Un aspecto en donde prendió, de nuevo, las alarmas el Secretario General de la ONU fue en el relativo a que “es profundamente preocupante que, desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión haya verificado la muerte de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio. Durante el período sobre el que se informa, se produjeron 14 asesinatos de exmiembros de las Farc, entre ellos el segundo asesinato registrado de una mujer excombatiente, Lucero Jaramillo Álvarez, que tuvo lugar el 4 de abril en Putumayo”. El informe también reseñó los casos de Dimar Torres en Norte de Santander y de Jorge Enrique Corredor Gonzalez, conocido como Wilson Saavedra, en Valle de Cauca.

Aunque reconoce la ONU que el Gobierno ha realizado avances en la protección de los desmovilizados, el Secretario General reiteró que “la implementación urgente de garantías de seguridad integrales y la intensificación de los esfuerzos para desmantelar los grupos ilegales y las estructuras criminales, que suponen una grave amenaza para las comunidades y la implementación de la paz, son medidas clave para hacer frente a estos problemas”.

Otro de los temas sensibles, es el relativo a la racha de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. “Aunque se han puesto en marcha muchas iniciativas y plataformas de consulta sobre políticas de prevención y protección que incluyen, en diversos grados, al Gobierno, las autoridades regionales, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, se siguieron cometiendo atentados atroces contra líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos”, sostuvo.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se han verificado 230 asesinatos desde la firma del acuerdo.

El Secretario General reconoce el compromiso expresado por el presidente Duque en cuanto a la protección de líderes, pero señaló que “se necesitan urgentemente resultados concretos”.

En el informe también se indicó que “establecer la presencia y los servicios del Estado es un esfuerzo a largo plazo que abarca múltiples aspectos como el desarrollo rural previsto en el punto 1 del Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos (ilícitos) y las actividades de reincorporación comunitaria”.

También lamentó Guterres que persista la atmósfera de polarización sobre algunos elementos del acuerdo, pese a que este “ofrece a Colombia una oportunidad única de superar un legado de conflicto profundamente arraigado”.

Sobre los debates alrededor de la aplicación de la JEP, el Secretario General indicó que tenía la esperanza de que esas cuestiones se irían resolviendo progresivamente y “que las preocupaciones que suscitan se irán abordando a medida que avance la implementación”.

“Exhorto a todas las partes a que velen por que cualquier reforma que se lleve a cabo respete los compromisos contraídos con quienes dejaron las armas de buena fe y sobre la base de las disposiciones del Acuerdo de Paz, principio que el propio Consejo de Seguridad ha recalcado”, sostuvo el Secretario General.

Incluso Guterres acogió con beneplácito el reciente llamado del presidente Duque en pro de un pacto nacional con todos los actores políticos, “en el que recuerda su mensaje a favor de centrarse en lo que une a los colombianos y colombianas y no en lo que los divide”.

En ese orden de ideas, para el Secretario General de la ONU la próxima visita del Consejo de Seguridad “representa una oportunidad para ayudar al pueblo colombiano a superar los obstáculos actuales y para reafirmar el ejemplo que Colombia puede dar a otros países en situaciones de conflicto en todo el mundo”.

Tiempo a JEP: ONU.

Entre el Gobierno y la Misión uno de los temas que más ha generado criterios encontrados es el relativo a la JEP, ya que mientras para la ONU hay que darle tiempo a la misma para que funcione, el Gobierno ha expresado que esta genera márgenes de impunidad, bloquea el funcionamiento de la Fiscalía, entraba el procedimiento de la extradición y la propia lucha antidroga.

Por lo mismo, la Casa de Nariño ha tratado de ajustarla por distintos medios. Por ejemplo, objetó el proyecto de ley estatutaria para corregir asuntos que considera clave pero el Congreso le negó esa posibilidad. Aun así el Ejecutivo sigue en la intención de modificar la justicia transicional, como lo prueba el hecho de que presentó un acto legislativo que impedirá -ya el Parlamento avanzó en su aprobación- que los sindicados por delitos sexuales contra menores de edad puedan ser juzgados por la JEP. Aunque la medida solo funcionaría hacia adelante, en el alto Ejecutivo esperan que se pueda aplicar retroactivamente.

Sin embargo, la ONU tiene un criterio distinto en cuanto a la justicia transicional. De allí que sobre la JEP el Informe de Guterres señaló que las “disposiciones de justicia transicional de Colombia son un modelo innovador de rendición de cuentas basado en la justicia restaurativa, no en la impunidad, que maximiza los incentivos para el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas y contribuye así a la paz y la reconciliación”.

En ese orden de ideas, el reporte de Guterres apuntó que “debe darse la oportunidad a este sistema de funcionar y de responder a esas grandes expectativas. A este respecto, acojo con beneplácito la finalización del marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz. Insto a todas las partes a que respeten la independencia y autonomía de ese órgano y velen por que la Jurisdicción Especial, al igual que los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, que son esenciales. En un corto período de tiempo, la Jurisdicción Especial ha logrado importantes resultados, y la exhorto a que siga cumpliendo todas sus responsabilidades con la misma determinación y diligencia que ha demostrado en el período crítico de su puesta en marcha”.

Este informe, no hay que perderlo de vista, será presentado por el representante especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo 19 de julio, una semana después de la visita del Consejo de Seguridad al país. Ello da más vuelo e importancia a la visita que comienza el jueves.

Ya esta semana la propia Misión había expresado su preocupación por el caso ‘Santrich’, desaparecido desde hace una semana y citado para este martes a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por narcotráfico. La Misión le exhortó a cumplir con la justicia y recordó que los compromisos adquiridos por todos los excombatientes -con especial énfasis en sus líderes- incluyen su colaboración con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, especialmente su comparecencia ante la JEP, cuando así sean requeridos.

Precisiones gubernamentales

El Gobierno reaccionó esta semana al informe de Guterres, acogiendo los reconocimientos de este pero también haciendo algunas precisiones, como en ocasiones anteriores.

La tarea de esas réplicas ha estado en cabeza del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila. Por ejemplo, frente a este último informe, el alto funcionario destacó esta semana el reconocimiento de las Naciones Unidas a los avances de la implementación del acuerdo.

“Es un compromiso serio, asumido desde el comienzo de su mandato, que pasa por una planeación cuidadosa y por acciones de gobierno que se enfocan en el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de colombianos, a partir de herramientas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”, señaló el Consejero.

Según Archila, el Ejecutivo no solo ha avanzado con cuidado y celeridad en el fortalecimiento del proceso de reincorporación de los excombatientes, sino que incluso ha ido más allá de lo pactado en el Acuerdo, extendiendo las garantías financieras por el tiempo que sea necesario, más allá de cuando terminen los ETCR.

Para Archila es importante que la ONU haya considerado una “señal alentadora” los avances en la ejecución de acciones en favor de los más de 11.000 ex combatientes que reciben la renta básica, los beneficios de salud, pensión y bancarización y la atención a sus familias.

Sin embargo, el alto funcionario hizo precisiones sobre las alertas dadas por la ONU respecto a la violencia contra excombatientes y líderes sociales. Sobre lo primero reiteró el compromiso del presidente Duque para la protección de todos los exguerrilleros, sobre todo para enfrentar a quienes los están atacando. Incluso ya se cuentan 23 medidas en esa dirección.

En cuanto a lo segundo, en varias ocasiones el Gobierno ha puesto sobre la mesa las cifras de la Fiscalía sobre el alto porcentaje de esclarecimiento de estos crímenes, señalando incluso que los victimarios suelen ser integrantes de grupos delincuenciales como las disidencias de las Farc, el Eln y las Bacrim. La participación de agentes del Estado en estos asesinatos es mínima y cuando se ha sospechado, como en el caso de Dimar Torres, la justicia ha actuado de inmediato.

Archila también recalca los avances en materia de proyectos productivos, mecanismos de reinserción, copamiento territorial institucional en 170 municipios azotados por la violencia e implementación normativa del acuerdo en general.

Sobre temas muy puntuales, como los pactos con los campesinos para la erradicación voluntaria de narcocultivos, la Casa de Nariño continuamente reitera que se han respetado todos los firmados por el anterior gobierno, pese a las falencias financieras y logísticas ‘heredadas’ en este mecanismo.

Esa labor, según el Ejecutivo, ahora se complementa con una ofensiva para erradicarlos los sembradíos ilícitos forzosamente, ya que es la única manera de revertir –como lo acaba de constatar el informe antidroga de EU- la explosión de cultivos ilegales dejados por la administración Santos (209.000 hectáreas).

“…Con la Política Paz con Legalidad, trabajamos en la transformación de los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET) y que requieren de inversiones importantes para que la paz territorial sea realidad”, aseguró días atrás Archila, agregando que “es con hechos y no con palabras como se cambian los territorios”.

Para Archila es claro que “…nosotros tenemos una planeación muy fuerte y convincente sobre lo que debe ser el proceso de implementación de los acuerdos. Por eso, organizaciones con las cuales estamos trabajando como la FAO, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y El Fondo Multi donante, están trabajando enmarcados en la hoja de ruta que ha señalado el Presidente. Hemos obtenido respaldo político e incremento económico para poder ayudarnos en la implementación del cumplimiento de los acuerdos”.

En cuanto a la JEP, el Consejero aclaró, en reciente carta a la OEA, en réplica a otra enviada por sectores colombianos que acusaron al Ejecutivo de querer desmantelar el acuerdo, que el Ejecutivo “ha sido absolutamente respetuoso de la independencia” de esa jurisdicción y le ha dado todos los recursos para su funcionamiento. Igualmente la Casa de Nariño ha reiterado que los ajustes que se han tratado de hacer se han tramitado por la vía institucional del Congreso o las propias altas Cortes, sin violentar lo pactado.

¿Quién tiene, entonces, la razón? El Gobierno que dice estar cumpliendo el pacto al pie de la letra, o los sectores que lo acusan de no hacerlo. Incluso hay quienes dicen que, en el fondo, es cuestión de querer ver el vaso medio lleno o medio vacío, más en un país polarizado y en donde el tema de la paz es bandera dentro de la campaña para las próximas elecciones regionales y locales.

Si bien el Consejo de Seguridad, y su Misión Verificadora, no vienen a señalar quién dice la verdad y quién no, es claro que, en el fondo, cuál árbitros, su visita es clave para empezar a dilucidar un tema que tiene polarizado a cual más al país. Más aún porque, como ya se dijo, el 19 de julio el Informe y las conclusiones de la visita que comienza el próximo jueves, serán llevados al pleno del Consejo de Seguridad, el órgano más poderoso del planeta.

Fuente: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-llega-el-arbitro-del-acuerdo-de-paz

Publicado por:

David Macias

July 07

Post Destacadados

¿Hay dinero para tanta iniciativa del PDET en el sur del país?

Comunidades e instituciones de 24 municipios del Valle del Cauca, Cauca y Nariño construyeron, de manera participativa, las principales líneas de acción para la transformación y estabilización de su región en los próximos diez años. ¿Alcanzará la plata?

Duele uno, duelen todos. Nancy Patricia Gutierrez. Ministra del Interior.

El Observatorio de paz publica esta nota de opinión de la Ministra del Interior del gobierno nacional para que los lectores y seguidores del Observatorio construyan criterios sobre una política urgente para la prevención y la protección de los lideres sociales y de las comunidades.

‘Defendamos la paz’, la iniciativa para proteger acuerdos de La Habana

Con el fin de proteger el acuerdo de La Habana, firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo de académicos, líderes sociales, congresistas y participantes de las negociaciones de paz lanzaron este miércoles la iniciativa ‘Defendamos la paz’.