Documento de trabajo. ESTADO DEL ARTE DE ESTUDIOS SOBRE EL CONFLICTO Y LA VIOLENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA (PROYECTO INFORME A LA COMISIÓN DE LA VERDAD). Diego Luis Arias Torres. Secretaria de Paz.

Narcotrafico impacto la violencia en el Valle del Cauca en los ultimos 30 años.

Documento de trabajo para la discusión 2019 Proyecto INFORME A LA COMISION DE LA VERDAD (CV) Secretaria de Paz Territorial (Gobernación del Valle) y Programa Institucional de Paz (Univalle)

Los estudios regionales sobre la violencia en el Valle del Cauca en los siglos XX y XXI se caracterizan por su diversidad de enfoques, temas y temporalidades: se han movido entre la explicación de la violencia partidista de los años 50 y la descripción de las dinámicas del conflicto armado y las circunstancias posteriores a la desmovilización paramilitar (2004). Han incluido también intentos sociológicos por dar cuenta del papel de mediadores en las relaciones entre colonos y latifundistas en la ocupación y legalización de predios en el norte del Valle, así como ensayos por relacionar las dinámicas territoriales de los actores armados con los datos agregados de violencia homicida, o trabajos de recuperación de la memoria colectiva en tiempos del terror paramilitar. Asimismo, han tenido enfoques tanto descriptivos como sistemáticos: se encuentran aquellos enfocados en caracterizar las dinámicas de violencia asociadas al conflicto entre actores armados ilegales y sus dinámicas bélicas (Luna, 2010; Fundación Ideas para la Paz, s.f.) y la postulación de posibles conexiones con dimensiones electorales y de relación de actores armados con las élites políticas regionales (Misión de Observación Electoral, 2007; Hernández, 2010) u obtención de rentas del narcotráfico (CNMH, 2018). En el marco de un análisis de coyuntura se han descrito las principales afectaciones del accionar de los actores armados ilegales sobre la población civil, especialmente en zonas de fuerte presencia paramilitar a finales de los 90 y principios de la década del 2000 (CNMH, 2018; Guevara y Barney, 2009). De otro lado, la producción académica ha estado centrada en identificar las causas de la emergencia y pervivencia de los conflictos violentos en el Valle del Cauca y regiones colindantes con estrechas relaciones socioeconómicas, como el norte del departamento del Cauca. En estos casos la periodicidad se amplía considerablemente, dada la pretensión de encontrar patrones o hilos conductores entre las violencias políticas de mediados del siglo XX, las violencias del narcotráfico propias de los años 80 y 90 y la irrupción del paramilitarismo y los grupos surgidos de su desmovilización desde finales de los años 90 hasta la actualidad. Dado que el propósito de este documento es exponer las principales causas que la literatura académica ha identificado para explicar las violencias en el Valle del Cauca, es en esta última dimensión en la que se centrará este documento.

La violencia partidista en los años 50.

Al exponer un estado de la cuestión de los principales estudios sobre el conflicto armado en el Valle del Cauca, se evidencian al menos siete temas persistentes. En primer lugar, los conflictos por la tierra son vistos como condición de posibilidad para trazar una línea de continuidad entre las violencias de los años 50 y las de finales del siglo XX. Este enfoque abarca los conflictos relacionados con la ocupación de tierras como parte de procesos de colonización, los intereses alrededor de las economías legales propias de las zonas plana y de ladera del departamento y la entrada de los intereses narcotraficantes.

Tales disputas involucraron a viejos y nuevos actores, que marcaron la transformación de los conflictos partidistas, atravesados por intereses de latifundistas y terratenientes, en conflictos más vinculados con las economías mafiosas. Una importante tendencia de la literatura ha estado centrada en identificar el peso de estos actores en los cambios que han sufrido los conflictos violentos en el departamento. La penetración aparentemente excesiva del tema de la violencia por motivos políticos (identificada con la violencia llevada a cabo por grupos armados organizados, i. e. guerrilla, grupos paramilitares y fuerza pública) en la explicación de otras dimensiones sociales en los años 90 y 2000 suscitó varios estudios encaminados a diferenciar esta violencia de aquella de corte más criminal. Un argumento usado en favor de esa tesis es que los indicadores propios de la violencia llamada política, como la presencia de actores armados en determinados territorios, no se traduce en indicadores generales de violencia, como los homicidios. Buena parte de esta discusión tiene lugar en el tratamiento que se le da a las violencias urbanas. Estas son vistas como escenarios complejos, en los que los conflictos armados de finales de los años 90 y principios de los 2000 han tenido fuerte influencia, pero cuya comprensión no se agota en estos. La transformación de los conflictos políticos y las luchas agrarias a partir de nuevas condiciones económicas en el departamento (profundización de la agricultura comercial en la zona plana, decadencia de la economía cafetera en la zonas de ladera), así como la emergencia del negocio del narcotráfico, han motivado que la presencia de esta economía ilegal y sus efectos sociales, económicos y culturales sea, por sí solo, un tema de análisis. La importancia de este tema se evidencia por el papel que se le atribuye en la conformación de los capos y los “traquetos” como nuevos actores sociales, su influencia en los procesos de concentración de la tierra y su peso en la financiación de grupos armados ilegales que caracterizaron los conflictos violentos en el departamento durante el cambio de siglo. En algunos estudios que dan cuenta de los conflictos armados en el Valle del Cauca en el cambio de siglo se ha hecho un importante acercamiento a la geografía propia del departamento, con el fin de explorar cómo las características de las diferentes subregiones geográficas pueden determinar los intereses de los actores armados sobre determinados territorios y las mismas estrategias de ocupación de los territorios. Además de intentar explicar las dinámicas del conflicto armado, se ha buscado establecer cómo esta variable territorial ayuda a explicar los efectos de la disposición territorial de los actores armados en fenómenos como el desplazamiento forzado. Por último, se destacan algunos estudios orientados a explicar las lógicas los actores armados y su contraparte, los movimientos de resistencia llevados a cabo por la sociedad civil. Las motivaciones identitarias y de defensa del territorio de las comunidades afro e indígenas, sus estrategias de protección comunitaria ante la acción de los actores armados han hecho que buena parte de estos estudios se centren en estas comunidades como unidad de análisis primordial. El lente de análisis ha sido frecuentemente la teoría sobre la acción colectiva.

Colonos victimas de la violencia terrateniente en el Valle del Cauca.

Estos temas, que serán expuestos a continuación, son transversales a muchos de los estudios consultados. De hecho, varios de los estudios más comprehensivos sobre las violencias en el departamento coinciden en aplicar distintos enfoques analíticos así como un enfoque multicausal, en concordancia con la complejidad y las diversas transformaciones del objeto de estudio a lo largo del tiempo. Se han revisado estudios realizados desde los años 90 hasta 2018. La temporalidad abarcada va desde los procesos de colonización tardía de la cordillera occidental vallecaucana, en los años 20 del siglo XX, hasta las dinámicas de los actores armados posteriores a la desmovilización de los grupos paramilitares. Los conflictos por la tierra y los recursos económicos Frente a la idea común de que las guerras tiene a surgir en marcos de pobreza, ausencia estatal y mano de obra disponible para ser reclutada, en la década del 2000 se produjo una amplia literatura que estudiaba la relación entre los conflictos armados y la disponibilidad de recursos económicos.

Los estudios regionales sobre las violencias en el Valle del Cauca no han escapado a esta tendencia, por cuanto intentan vincular la presencia de actores armados a recursos asociados con la tenencia de la tierra o a fuentes de financiación derivadas de la economía legal. Por un lado, se han realizado trabajos que intentan establecer coincidencias una alta disponibilidad de recursos económicos, propios de zonas más industrializadas en el sur del Valle del Cauca, y altos niveles de violencia homicida (Guzmán, 2006), o estudios históricos que vinculan la violencia política con los conflictos entre colonos y latifundistas por la propiedad de tierras colonizadas, especialmente en el norte y occidente del departamento (Aprile-Gniset, 1983; Betancourt, 1998) con la fundación de los poblados y ciudades durante buena parte del siglo XX (Campo, 1980). Para la época de la mayor presencia paramilitar en el departamento, otros trabajos han logrado establecer las motivaciones de estos grupos armados por ocupar las cabeceras municipales de la zona plana del departamento (mucho más desarrollada económicamente que la zona de ladera) lo que permitía un fácil acceso a rentas provenientes del comercio, la agroindustria y demás actividades industriales, por medio del cobro de extorsiones y otro tipo de transacciones (CNMH, 2018). Sin embargo, la asociación que más atención ha provocado es la de los conflictos armados y los recursos provenientes del narcotráfico. En varios informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) dedicados a las violencias en el Valle del Cauca se evidencia el cambio de uso de la tierra y de su concentración a partir de los años 90, en concordancia con el auge de los carteles del narcotráfico y la crisis del sector cafetero2 (CNMH, 2014). Esta tendencia de análisis se encamina a mostrar cómo la actividad narcotraficante causó una transformación en la actividad económica de las zonas rurales, no solo por la apropiación de tierras dedicadas al cultivo o transformación de narcóticos, sino también por los impactos que tuvo en el empleo rural, una vez los sectores que ocupaban mayor mano de obra dejaron de ser atractivos por la inestabilidad laboral que las caracterizaba (cultivos de algodón o tabaco) o cayeron en crisis (como el cultivo de café). En estos estudios se relaciona también el auge de los capos del narcotráfico con el aumento del fenómeno del despojo de tierras, a partir de modalidades ilegales (como las amenazas u otros tipos de coacción violenta) o del aprovechamiento de diversos instrumentos legales (CNMH, 2008); y se asocia la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares y su confrontación armada a las disputas por el control de predios donde se establecían las diversas fases de la cadena del narcotráfico (CNMH, 2018). En estos casos, es patente el intento de caracterizar el narcotráfico como el principal motor no solo de la presencia de los grupos armados ilegales, sino incluso de su misma conformación. El alcance de esta tesis se puede ver en la estrecha vinculación establecida entre la conformación y llegada de los grupos paramilitares al Valle del Cauca, a finales de los años 90, y el temprano apoyo y soporte que recibieron de los narcotraficantes asentados en el norte del Valle (CNMH, 2018, pp. 112-130). La perspectiva del acceso a recursos también está detrás de las posibles explicaciones a la incursión de las guerrillas en el Valle del Cauca. Para autores como Duncan (2006), la búsqueda de fuentes de financiación en zonas de mayor desarrollo económico, especialmente en la zona plana, fueron una de las principales razones de la expansión del ELN y las FARC al suroccidente colombiano, ya que contaban con la posibilidad de imponer contribuciones a “grandes propietarios, cultivadores de coca y comercializadores y traficantes de cocaína” (CNMH, 2018, p.123).

La revisión realizada muestra también cómo se han evidenciado las transformaciones de las violencias en el Valle del Cauca a partir de la emergencia y decadencia de sus principales actores. Estas caracterizaciones marcan hitos en la comprensión de la naturaleza de las violencias en el departamento en términos de las motivaciones para entrar en conflictos con otros grupos sociales, los intereses sobre el territorio o los recursos económicos, la relación con el Estado, con las élites políticas y las formas de acción violenta.

Echandía Castilla advierte sobre la necesidad de no menospreciar el carácter político de esta expansión. “Sin pretender restarle importancia a la dimensión económica en el proceso de localización de las guerrillas en el caso colombiano, cabe destacar que la presencia de estos grupos en muchas zonas del país se encontraba contemplada en los planes estratégicos definidos por las organizaciones hacia comienzos de los años ochenta, antes de que se tuviera certeza de la existencia de un importante potencial económico. Es preciso insistir en que el control de recursos es el medio que han utilizados los grupos alzados en armas para desarrollar la guerra y alcanzar su objetivo último.” (Echandía Castilla, 2006, p.23).

Como apuntan Guzmán, Luna y otros (1990), la literatura sobre la violencia en el Valle del Cauca se ha dirigido desde sus inicios a intentar explicar la “violencia clásica” bajo la sombra de los estudios pioneros sobre la violencia en la Colombia de los años cincuenta. No obstante, estos estudios se han enfocado posteriormente en los procesos sociales que están en la base y que permiten explicar las particularidades de las violencias a nivel regional. Así, estudios como los de Sánchez y Mertens (1983), Betancourt y García (1991) y Betancourt, (1998) se inscriben en la vinculación de las violencias ocurridas en el Valle del Cauca desde los años 50 a los años 70 y 80 con los procesos de colonización y asentamiento, las relaciones de mediación entre las élites políticas y diversos tipos de pobladores y tenedores de tierras (colonos, terratenientes) y la existencia de economías legales e ilegales. Un ejemplo de estos estudios son los realizados por Darío Betancourt en los años 90. Betancourt parte de la idea de que se puede trazar un hilo conductor entre las violencias de corte partidista de mediados del siglo XX y las violencias mafiosas de los años 70 y 80. Para ello considera el rol social de la “mediación” ejercido, correspondientemente, por negociadores de tierras ocupadas por colonos en el norte y occidente del departamento durante la primera mitad del siglo XX, por los “pájaros” de los años 40 y 50, por intermediarios clientelares en tiempos del Frente Nacional, o por traquetos durante el auge del narcotráfico. Según el autor, tal rol se ha caracterizado por la privatización e instrumentalización de funciones propias del Estado como la seguridad o la resolución de conflictos. Es así que un somero repaso de los principales hitos de las violencias en el Valle del Cauca muestra, en los años 30, conflictos vinculados con la reacción conservadora a la influencia que el Partido Liberal había alcanzado durante la llamada República Liberal. Posteriormente, desde mediados de los años 40 el Partido Conservador promueve la alineación de lealtades por parte de la policía del Valle del Cauca, que sería progresivamente conformada por simpatizantes de dicho partido y que desembocará, a finales de los años 40, en la creación de los grupos de “pájaros” o civiles de tendencia conservadora reclutados por los alcaldes para realizar la función en principio atribuida a la policía (Betancourt y García, 1991; Betancourt, 1998). La violenta represión de los pájaros en el Valle del Cauca se extendió al menos hasta mediados de los años 50, momento en el que las resistencias liberales se hicieron notorias con la participación de cuadrillas liberales provenientes de Quindío y Tolima (Sánchez y Meertens, 1983). Luego, las violencias políticas, apaciguadas en parte por la existencia del Frente Nacional, son paulatinamente transformadas en conflictos de corte más social y económico, lo que da lugar a la irrupción de las mafias dedicadas al narcotráfico desde los años 70. Esta violencia, que evolucionó en los años 80 y 90 a la época de los capos de la cocaína y al enfrentamiento entre los grandes carteles de la droga (Medellín y Cali), colapsó a mediados de los 90 con el fin de los grandes carteles y la atomización del control del narcotráfico en pequeños carteles, dentro de los cuales el del Norte del Valle se hizo cada vez más notorio. Su participación en la entrada de grupos paramilitares en el Valle del Cauca, desde 1998, dio paso a la violencia paramilitar de finales de los 90 y la primera mitad de la década del 2000.

Esta violencia, dirigida inicialmente y desde el discurso paramilitar contra las guerrillas asentadas en el departamento, implicó en la realidad masivos hechos de victimización contra la población civil. La desmovilización de los paramilitares adscritos a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, entre 2004 y 2006, dio paso de nuevo a una atomización del control sobre el tráfico de drogas entre ejércitos privados de carteles (“Machos”, “Rastrojos”) y grupos posdesmovilización. El punto en común en estos períodos sería, pues, la existencia de roles sociales que aprovechan y profundizan la endeble presencia y autoridad del Estado para erigirse como reguladores de conflictos sociales e implementadores de métodos violentos para eliminar a grupos sociales con intereses contrarios a aquellos de quienes los promueven. Otros trabajos más recientes rescatan la preponderancia de los intereses de actores políticos y económicos en el desencadenamiento y reproducción de violencias en el occidente del Valle. De este modo, estudios como el de la masacre de Trujillo en 1990 (Atehortúa, 1995; CNMH 2008) incluyen dentro de las condiciones que posibilitaron las causas más próximas de estos hechos violentos “[…] las luchas de personajes y familias asociados a facciones del conservatismo, en un contexto histórico de tradiciones violentas, que se remontan a los procesos de colonización de finales del siglo XIX. Ese contexto se complicó aún más por la homogenización liberal de los años veinte, la reconservatización durante la Violencia de los cincuenta y la violencia más reciente, en la que confluían la incipiente penetración del ELN y el surgimiento del cartel del Norte del Valle.” (CNMH, 2008, p.90). Como ya se ha advertido, el papel desempeñado por agentes privados que hicieron operativo el ejercicio de la violencia política, a expensas del precario y tolerante control estatal (“pájaros”, policías “cívicos” y otros mediadores electorales en épocas del Frente Nacional), es una variable ineludible a la hora de explicar la violencia en el norte y parte del occidente del Valle del Cauca en las décadas del 80 y 90. Adicionalmente, y teniendo también como referencia los sucesos de Trujillo, es indispensable ponderar el papel de la Iglesia Católica, especialmente del Instituto Mayor Campesino (IMCA) en la conformación de organizaciones sindicales y cooperativas que, aunque orientadas a “neutralizar la penetración comunista en el mundo obrero y campesino” (CNMH, 2008, p.94), fueron asociadas con grupos guerrilleros por facciones políticas conservadoras, representadas por gamonales y latifundistas, y por los narcotraficantes. Estos grupos veían en el modelo de desarrollo rural basado en la pequeña y mediana propiedad, instanciado y defendido por estas asociaciones sindicales y cooperativas, una amenaza a sus intereses sobre el control de la tierra y, en general, al mantenimiento del status quo tradicional. El comienzo de la presencia de grupos del ELN en zonas rurales de Trujillo y de facciones del M19 en Riofrío y Trujillo trajo además consigo la visibilización de la amenaza insurgente ante la Fuerza pública, habida cuenta de las acciones que estos grupos guerrilleros emprendieron contra miembros del Ejército y la Policía.

Tal escenario corría a la par con la emergencia de los narcotraficantes del llamado Cartel del Norte del Valle, y configuraron un escenario de confrontación más agudo, en el que las asociaciones campesinas promovidas por el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y otras organizaciones eran vistas como afines o colaboradoras de los intereses de las guerrillas. El análisis de los actores involucrados en este caso “emblemático” de la violencia en el Valle del Cauca es pues crucial en el cambio de la naturaleza misma del conflicto, pues allí se entroncan (i) los rezagos de la violencia partidista de los años 50, (ii) la presencia efectiva de grupos guerrilleros que, en años posteriores, disputarían el control territorial a los narcotraficantes y grupos paramilitares, y (iii) la entrada en escena de los aparatos armados vinculados a los narcotraficantes que habían emergido en el norte del departamento en los años 80. Un factor se mantiene, sin embargo, y es el relativo a cómo los aparatos del Estado operan a partir de grupos locales preexistentes (CNMH, 2008, p.104) que privatizan la función represiva del Estado. En esta lógica, entienden estos estudios, puede entenderse que hay un continuo que va desde los grupos privados de la violencia partidista y llega hasta los grupos paramilitares y ejércitos privados de narcotraficantes en los años 90 y 2000. En cuanto al papel del Estado, es común en los estudios de la violencia política en Colombia hablar de la ausencia del Estado como condición esencial para explicar la falta de control de las instituciones estatales sobre los poderes locales, especialmente en lo relativo el ejercicio del monopolio de la fuerza (Guzmán et al 1994). No obstante, se advierten para el Valle del Cauca variaciones de esta idea. En primer lugar, frente a los procesos de colonización del norte del departamento y las violencias políticas ocurridas hasta mediados del siglo XX, se habla de un Estado con una presencia incipiente, cuya consecuencia más notable era que la solución de conflictos sociales dependía fundamentalmente de “formas internas de cohesión, solidaridad y jerarquización de la sociedad” (Betancourt, 1998, p.63), habida cuenta de que el poder atribuible a las fuerzas de policía y a la fuerza pública estaba “profundamente fragmentado y marcadamente privatizado” (Betancourt, 1998, p.63). Tal incapacidad del Estado en el nivel central para proveer seguridad en la región se acentuó en los años 40 y 50, con el proceso de apropiación partidista de los conflictos agrarios y la degradación por medio del accionar de grupos de seguridad privada. (Betancourt y García, 1990; Betancourt, 1998; CNMH, 2008). En una línea similar, el “lento y errático proceso de presencia estatal” (Guzmán et al 1994, p.181), es lo que permite explicar la actitud pasiva de las instituciones regionales del Estado frente al uso privado de la violencia por parte de grupos armados ilegales en los años 90 y 2000. De forma similar a las relaciones establecidas entre los grupos paramilitares en otras regiones del país, se ha defendido que la incursión del Bloque Calima de la AUC en el Valle del Cauca fue facilitada por las relaciones de tolerancia y, posteriormente, de colaboración por parte de la Fuerza Pública (CNMH, 2018, pp. 130-156).

Expolicias y mafia en violencia territorial. Wilmer Varela.

Una veta importante de los estudios regionales sobre las violencias en el Valle del Cauca se remite a la discusión sobre las continuidades y rupturas entre la violencia asociada al conflicto armado y las violencias criminales, esto es, a las violencias no asociadas necesariamente a la acción de un actor armado organizado. Como lo anotan Guzmán y Luna, tal discusión surge a partir de la constatación de que, en el Valle del Cauca, la violencia “permea el conjunto del tejido social y aparece casi un componente de la vida cotidiana” (1990, p.181), de modo que los procesos sociales ya mencionados tienen la característica esencial de ser descritos como procesos violentos. Las asociaciones se extienden incluso al análisis de las violencias urbanas en ciudades como Buenaventura y Cali, en donde a menudo se confunden los escenarios de delincuencia común y otras violencias con aquella asociada al conflicto entre actores armados ilegales. Guzmán y Luna (1994) señalan que los conflictos violentos en de Valle del Cauca y el Cauca tienen la particularidad de desarrollarse, durante buena parte del siglo XX, en territorios donde la presencia estatal, si bien es cambiante y no es plena, ciertamente no es una presencia escasa, ni mucho menos ausente. Estos territorios (especialmente la zona plana del Valle del Cauca y el Norte del Cauca) han sido, además, centrales en el desarrollo económico de la región, con lo que profundas violencias armadas han convivido con un alto desarrollo agrícola y agroindustrial y con alta presencia de capital. En esta línea se inscriben análisis relativos a identificar las diferencias y continuidades de la violencia en Valle del Cauca y Cauca. Así, por ejemplo, Guzmán (2006) analiza tasas de homicidio de Valle del Cauca y Cauca entre 1990 y 2002. Los resultados de este estudio le permiten insistir en: (i) separar los efectos de la criminalidad organizada de los de las dinámicas propias del conflicto político armado, habida cuenta de que la presencia y acciones bélicas de actores armados en zonas específicas no se corresponde necesariamente con aumentos de las tasas de homicidio en dichos lugares4 ; (ii) y advertir que las dinámicas violentas coinciden con regiones de mayor desarrollo socioeconómico. En un sentido similar, Luna (2010) advierte que la relación entre violencia homicida y conflicto armado en el sur del Valle del Cauca y el Norte del Cauca no se presenta por igual en todos los municipios de estas regiones, por lo que las particularidades de esta conexión deben ser revisadas caso a caso. 4 Particularmente, Guzmán (2006) acentúa la separación entre lo que entiende por “violencia política” y “violencia criminal” al decir que, desde principios de los años 80 hasta mediados de los 2000, “[…] el Departamento del Valle no ha sido uno de los escenarios privilegiados de la confrontación política armada. Pero sí ha sido un Departamento que ha mostrado niveles persistentes de violencia y en promedio más altos que los nacionales. Lo que ha imperado en la zona es una violencia que depende de la acogida que tuvo en la región la economía ilegal de la droga” (p.200). Frente al primer punto, es destacable la afirmación de que la violencia ha estado más animada por la penetración de la economía del narcotráfico, mas no está necesariamente asociada con los conflictos políticos. Sin embargo, a pesar de que varios estudios reconocen la íntima relación entre la presencia de actores armados ilegales y el narcotráfico (CNMH 2018; CNMH 2008), lo hacen a partir de evidenciar la dificultad de trazar una diferencia nítida entre violencia política y violencia criminal, al menos por dos razones: en primer lugar, los actores armados ilegales (paramilitares, guerrillas) progresivamente hicieron depender su actividad armada de las rentas del narcotráfico e incluso subordinaron aquella a asegurar un acceso constante a la cadena de producción de narcóticos5 . En segundo lugar, esta misma dependencia de la actividad armada frente al narcotráfico hizo que en ciudades como Buenaventura y Palmira, o Puerto Tejada en el Cauca, la criminalidad organizada fuera cooptada por los grupos armados organizados, los mismos que presuntamente caracterizarían la llamada “violencia política armada”. De nuevo, la época de la presencia y dominio paramilitar da cuenta de esta dificultad para separar violencia criminal y violencia política, al menos en el escenario de las violencias urbanas. La violencia urbana Justamente el escenario de las violencias urbanas ha suscitado un desarrollo específico, dada la intensificación del fenómeno de las pandillas en pueblos y ciudades como Cali, Buenaventura, Palmira o Puerto Tejada, en el norte del Cauca y la complejidad de las variables que caracterizan tales espacios. En efecto, se combinan allí fenómenos de múltiples dimensiones de la pobreza y de limitadas opciones de ascenso social para la población joven, lo que les hace susceptibles de ser fácilmente reclutados por los actores armados ilegales. Aparte de dichas condiciones, otra razón para defender la estrecha relación entre el conflicto armado y las violencias urbanas es que los efectos de la violencia de los actores armados se sintieron en las ciudades desde los años 80. Las alianzas entre integrantes de la Fuerza Pública y miembros de ejércitos privados de narcotraficantes para perseguir a integrantes del M19, y posteriormente las acciones de “limpieza social” en contra, entre otros, de integrantes de la Unión Patriótica, produjeron asesinatos y desapariciones en ciudades como Cali o Palmira. Estos hechos, que pueden caracterizarse como de violencia política, fueron llevados a cabo por organizaciones cuyo accionar era eminentemente urbano, como “Cali Limpia”, “Amor a Cali” y “Palmira Eficiente” (Camacho y Guzmán, 1990, página 121, citados en CNMH 2018, 103). Es así que la violencia narcotraficante de los años 80 se identifica como el germen de la violencia urbana en Cali desde los años 90, especialmente en cuanto a la conformación de pandillas, y se defiende la hipótesis de la relación entre la violencia de asociada al narcotráfico con la violencia urbana, agravada por la ausencia o precariedad del Estado. Por ejemplo, se habla de la violencia urbana como un “nuevo tipo de violencia política” (Atehortúa 2009) que pretende construir un 5 Así, por ejemplo, una de las conclusiones del informe del CNMH sobre Bloque Calima de las AUC (CNMH, 2018) es que buena parte de la actividad de esta estructura armada quedó subordinada a la protección de los centros de producción, rutas, centros de distribución y embarque de narcóticos en el Valle del Cauca. orden social libre de elementos amenazadores o simplemente al margen de dicho orden. Entre esta población extraña y susceptible de ser eliminada se encuentran los “jóvenes de ‘parches’, los comunistas, los opositores, los mendigos, los viciosos, los travestidos, los invasores, los ‘desechables’” (Atehortúa 2009, página 70). Estas modalidades de dominio están ampliamente estudiadas en lo relativo a las formas de acción de los grupos paramilitares en escenarios de control en las décadas del 80, 90 y 2000 y se relacionan con el surgimiento de las pandillas en Cali y Buenaventura. No obstante, otras perspectivas alertan sobre el peligro de ver la violencia urbana solamente bajo el lente de sus causas políticas. Camacho y Guzmán (1990) señalan que el fenómeno de las violencias urbanas tiene especificidad por la presencia de nuevas relaciones sociales, vinculadas con el delito y la percepción de inseguridad. La violencia es vista, en este caso, en el marco de relaciones de estructuración de orden social que involucran “actores, motivaciones, recursos y organizaciones e instituciones que pueden o no estar amparados por la legalidad (Camacho y Guzmán 1990, página 42). Las poblaciones instrumentalizadas por actores armados, la división del trabajo, las racionalizaciones sobre el uso de la fuerza, las estructuras detrás de distintos hechos victimizantes, suponen explicar las relaciones entre individuos y actores armados de distinto nivel. Asimismo, estas relaciones muestran, según los autores, que la relación entre pobreza y delincuencia no se extrapola a la relación entre pobreza y violencia: para el caso de Cali a mediados de los 80, los actores de la violencia no se agotan en los agentes individuales de la delincuencia, y mucho menos se reducen a las capas menos económicamente menos favorecidas de la sociedad. Tampoco las violencias asociadas a las condiciones económicas son mayores a las violencias atribuibles a la intolerancia social, que son tanto individuales como colectivas y organizadas (Camacho y Guzmán 1990). En el caso de Buenaventura ha resultado fundamental la comprensión de las dinámicas económicas propias del Puerto para entender cómo el deterioro de las condiciones laborales implicó que buena parte de la población joven fuera vulnerable al involucramiento en actividades delincuenciales e incluso al reclutamiento por parte de actores armados ilegales (CNMH 2015; CNMH 2018). Concretamente, se ha señalado en años recientes que la privatización de Colpuertos en la década de los 90 implicó una flexibilización del mercado laboral y, por tanto, una menor estabilidad laboral, lo cual, entre otros efectos, redujo las posibilidades de educación de la población joven, con lo cual esta se hizo, inicialmente, más permeable al discurso de las FARC. Así, durante los años 80 y 90 el accionar de las pandillas de Buenaventura, relacionado con el cobro de impuestos por narcóticos y la extorsión a empresarios, estuvo bajo la influencia de las FARC. La llegada de los grupos paramilitares al casco urbano de esta ciudad, motivado en buena medida por la búsqueda de similares rentas del narcotráfico, implicó la instrumentalización de las pandillas urbanas (CNMH, 2015, pp. 97-98). Este relato habla solamente de la instanciación de las violencias de actores armados ilegales en el nivel de las pandillas urbanas, sino que incluye las condiciones socioeconómicas previas que facilitaron el involucramiento de población joven en actividades delictivas.

Cartel de Cali artifice de la violencia en los años 90 en el Valle del Cauca.

El narcotráfico y sus efectos sociales, económicos y culturales La irrupción del narcotráfico en el Valle del Cauca6 tuvo fuertes impactos en la cotidianidad de la sociedad: las lógicas económicas que introdujo, las relaciones que tejió con las élites económicas y políticas, su consolidación como poder privado frente a la autoridad del Estado y las violencias que promovió en entornos urbanos y rurales obligaron desde los años 90 a la incorporación de nuevas categorías de análisis que han sido tomadas en cuenta por la literatura sobre las violencias en el departamento. En primer lugar, desde el plano de las actividades económicas, su surgimiento tuvo efectos significativos en el cambio del uso del suelo en municipios del norte y centro del Valle, lo cual modificó la tenencia y concentración de la tierra. En el contexto de las violencias de los años 90 y 2000, se ha evidenciado el aumento de los cultivos de coca municipios del centro, norte y occidente del departamento (que explicaba las modificaciones en el uso del suelo en estas regiones) y los cambios en la propiedad de los predios, proceso frecuentemente mediado por prácticas de despojo (CNMH 2008; 2014). Sin embargo, otras visiones atribuyen estas transformaciones en las actividades económicas a procesos externos más complejos, como la ruptura del Acuerdo Internacional del Café, en 1989, que desencadenó la crisis del precio del café en los años 90 y causó el aumento de los niveles de pobreza en regiones altamente dependientes de este cultivo, como el eje cafetero (Rettberg, 2010), lo cual aumentó las probabilidades de narcotraficantes para apropiarse de tierras o cambiar los cultivos de café por cultivos de coca. Esta línea argumental podría también explicar los cambios en la actividad económica que experimentaron zonas de ladera del norte y centro del Valle del Cauca en el mismo período. Para el caso de Trujillo y otros municipios cafeteros del Valle del Cauca, se señala incluso que tal cambio implicó un cambio en la misma utilidad económica de la tierra, en tanto se convirtió, para el narcotraficante, en “un medio de representación social que posibilita el reconocimiento y posicionamiento del narcotraficante en el conjunto social. La tierra, ya no como valor económico, sino como símbolo, parece ser el resultado de este proceso, ligado al poder adquisitivo del narcotráfico y el consumo suntuario, el cual complementa (o incrementa) el valor sociocultural de la tierra.” (CNMH, 2008, p.120). Las transformaciones también se dieron en el plano de las relaciones con las élites económicas. El estudio de Barón (2016), consistente en reunir las memorias de empresarios vallecaucanos sobre su relación con el conflicto armado, evidencia que, según las élites económicas del departamento, desde los años 80 hasta la década de 2010 el auge del narcotráfico como poder económico contrastó con la pérdida de poder de las élites empresariales en los escenarios políticos y sociales. Tal desbalance es explicado por el hecho de que los narcotraficantes se insertaron de lleno en las 6 Como se ha anotado, autores como Betancourt (1998) sitúan esta aparición a mediados de los años 70, mientras que en el informe sobre la masacre de Trujillo (CNMH, 2008) se enlaza la crisis cafetera de los años 90 con el auge y posicionamiento de los grupos narcotraficantes como actores sociales y económicos relevantes.

dinámicas sociales y económicas del departamento, de tal modo que “a pesar de las alusiones de resistencia y toma de distancia, las entrevistas sugieren un alto grado de naturalización y acostumbramiento frente a los agentes, prácticas y estrategias de los narcotraficantes, que llevan en no pocas ocasiones a concebirlo como parte de las reglas formales de la sociedad caleña y valluna.” (Barón, 2016, p.289). Tal visión guarda similitud con la tesis de que el surgimiento del narcotráfico en el Valle del Cauca debe verse como un proceso de creación y consolidación de un nuevo actor social, esto es, que no es marginal ni externo, sino que logra insertarse plenamente en las dinámicas sociales, incluidas las de las élites políticas y económicas. Este es un rasgo que le atribuye Betancourt (1998) a las mafias vallecaucanas surgidas en los años 70: las mafias surgidas en este período no tenían una función “parasitaria” o marginal en términos económicos (a diferencia de lo que podría decirse del modelo de las mafias italianas), sino que ellas mismas eran grandes productoras de riqueza (Betancourt, 1998, capítulo 2), con lo que el vertiginoso enriquecimiento vino acompañado de un abierto desafío al poder tradicional de las entonces élites económicas del Valle del Cauca. Asimismo, Camacho (1994) argumenta que, más allá de las preocupaciones por el desafío político, judicial, militar y policial que significó para el Estado el ascenso de los grandes carteles de la droga en Colombia, no debe dejarse de lado la consideración de que los narcotraficantes hayan constituido para ese momento una “fracción de clase” que, paulatinamente, gane la suficiente legitimidad social para convertirse en élites locales (Camacho, 1994, p.208). Sin duda, una de las dimensiones con mayores impactos sociales de la irrupción de los narcotraficantes fue su rol como promotor de conflictos violentos, al financiar grupos armados ilegales y conformar sus propios ejércitos privados con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para desarrollo de toda la cadena del narcotráfico, lo que incluyó contrarrestar la influencia territorial de las guerrillas, tejer alianzas con la Fuerza Pública o políticos locales y diezmar la organización campesina y étnica involucrada en la defensa de tierras y territorios. Los estudios que recogen las principales afectaciones a la población civil de grupos paramilitares en el departamento coinciden en que el soporte económico y logístico que brindaron los narcotraficantes del norte del Valle a los grupos paramilitares fue crucial para facilitar su llegada al Valle del Cauca (CNMH 2018, pp.130-137). Asimismo, las luchas por el control de las rutas de salida de narcóticos en el puerto de Buenaventura, y que involucraban guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares asociados a estos últimos, marcaron los ciclos de violencia que ha sufrido la ciudad desde finales de los años 90 hasta nuestros días (CNMH, 2015). Por último, en el contexto de los hechos violentos que afectaron a Trujillo, Bolívar y Riofrío a principios de los años 90 era ya evidente la transformación de los conflictos partidistas heredados del período de la Violencia en disputas entre narcotraficantes, Fuerza Pública y las guerrillas del ELN, que tenían como uno de sus puntos de disputa el control de las tierras (CNMH, 2008).

Rostro mafioso de la violencia en el Valle del Cauca.

La variable territorial En esta línea de análisis han surgido estudios que advierten las diferencias en la explicación de escenarios violentos en distintas regiones del Valle del Cauca, y por tanto restringen su análisis a subregiones específicas, que corresponden a dinámicas, intereses, actores y resultados diferenciados. La escogencia de un enfoque territorial ha dependido de diversos factores. Por ejemplo, atendiendo a procesos históricos de colonización de la vertiente oriental de la cordillera occidental vallecaucana (municipios de Trujillo, Restrepo y Darién) desde finales del siglo XIX, los estudios realizados por Betancourt (Betancourt y García 1990, Betancourt 1998) intentan trazar una línea de continuidad entre estos procesos y las violencias represivas de corte liberal de los años 30, la violencia conservadora de las décadas de 1940 y 1950 y la violencia mafiosa iniciada en los años 70. Si bien el enfoque de este estudio se centra en los procesos de socialización asociados a la categoría de “mediador”, esta categoría es inicialmente propia de un proceso de ocupación territorial y de administración privada de los conflictos producido y reproducido en el occidente del Valle del Cauca. Para finales de los años 90 y principios de los 2000, el escalamiento del conflicto armado, causado por la irrupción del paramilitarismo y la confrontación con las guerrillas y la fuerza pública, suscitó estudios que tomaron la variable del territorio como lente para explicar las transformaciones de dicha dinámica y sus efectos sobre las violencias ejercidas sobre la población. Los estudios se Salazar, Castillo y Pinzón (2004), centrados especialmente en las dinámicas bélicas que involucraban a guerrillas y paramilitares, dieron cabida a las variantes geográficas del departamento como parte de la explicación de los intereses y estrategias de ocupación territorial de los grupos armados. Varios de sus hallazgos apoyan la tesis de la estrecha relación entre los lugares ocupados por los actores armados y sus intereses frente al aprovechamiento de fuentes de financiación7 . En sintonía con estos estudios, Estrada (2010) vincula la variable de la geografía regional con las estrategias de ocupación territorial de los actores armados y, finalmente, con cambios en la composición territorial del departamento del Valle del Cauca. Es así que esta línea de análisis muestra que la geografía del Litoral Pacífico (fundamentalmente el municipio de Buenaventura) era propicia para la economía del narcotráfico y el contrabando, lo cual determinó las estrategias de los actores armados ilegales (guerrillas y grupos paramilitares) por el control de dichos territorios y tuvo, por tanto, influencia en las afectaciones que tal dinámica armada causó en la población civil (flujos de desplazamiento, cambios en las actividades económicas). 7 Frente a los grupos paramilitares, el estudio citado defiende que la acción de los grupos paramilitares “tenía como objetivo central excluir a las guerrillas de las zonas de alto valor económico, y de sus vecindades, y garantizar la conservación y expansión de ese valor económico. Después de cierta altura y de cierta distancia con respecto a los nodos urbanos la tarea de las Autodefensas se vuelve poco efectiva, dejando en las fuerzas regulares la tarea de contener el avance de la guerrilla hacia las zonas de mayor valor económico” (Salazar, Castillo y Pinzón, 2004).

Diego Montoya, Jefe del Cartel del Norte del Valle del Cauca.

Este mismo análisis permite evidenciar que la zona central del departamento, caracterizada por su extensa llanura, fue objeto de interés para los grupos paramilitares, que vieron la posibilidad de obtener rentas por los dividendos de sectores de economía legal, por medio de extorsiones y otros tipos de contribuciones, y de controlar el microtráfico en cabeceras municipales de Cali, Palmira, Puerto Tejada y Buenaventura. Este interés implicó que los grupos paramilitares ejercieran presión para mantener a los grupos guerrilleros en las zonas de ladera, lejos de las cabeceras municipales. (CNMH, 2018). La acción colectiva y los procesos de resistencia Por último, desde la década del 2000, a la par con los estudios destinados a comprender las causas y dinámicas y las violencias en el Valle del Cauca surgieron iniciativas y trabajos enfocados en comprender cuáles han sido los impactos el conflicto armado en diferencias comunidades y cuáles han sido las reacciones, las estrategias de protección y de resistencia que ha llevado a cabo la población civil para enfrentar a los actores armados. En este campo, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que se han ocupado particularmente del Valle del Cauca (2008; 2014; 2015; 2018) han abierto varios cursos de investigación, entre los que se encuentran, de forma primordial, los trabajos de recuperación de las memorias individuales y colectivas asociadas al conflicto armado y otras violencias que han afectado a la población civil desde los años 80 hasta la actualidad. A partir de la apelación al testimonio de los individuos y comunidades afectadas, este enfoque ha permitido arrojar luz sobre varias dimensiones, entre las que se cuentan (i) los daños individuales y colectivos (materiales, psicológicos, morales, en organización y tejido social) de la acción de actores armados y (ii) las estrategias individuales y colectivas de resistencia de las comunidades frente a la acción de los actores armados y de cara a la recuperación de sus proyectos de vida individuales y de la vida en comunidad. Otra rama de la investigación ha aportado luz sobre los procesos de resistencia social a los actores armados, en el marco de explicaciones basadas en la acción colectiva. En 2010, la Universidad del Valle publicó una recopilación de estudios de distintos autores sobre la región conformada por municipios del sur del Valle del Cauca y de norte del Cauca. Varios de los trabajos incluidos apelan al concepto de acción colectiva, tomado fundamentalmente de los trabajos de Charles Tilly y Sidney Tarrow, para explicar distintos procesos de cambio social en comunidades campesinas y étnicas (comunidades afro e indígenas) y cómo tales procesos influencian la formación de la identidad colectiva, especialmente dentro de los grupos étnicos (Castillo, 2010). De otro lado, Guzmán (2010) usa una definición amplia de acción colectiva para caracterizar diversos repertorios de acción organizada, que no solo incluyen medios legítimos y fines socialmente aceptados, como las diversas formas de movilización social, sino también los repertorios de acción organizada propios de grupos criminales grupos armados ilegales. Bajo esta definición, se evidencia el predomino de las formas violentas sobre las acciones colectivas provenientes de sectores de la población civil.

Como rasgos llamativos de aquellas acciones se destaca su carácter no rutinario, su fuerte compenetración con el orden social dominante y su estrecha asociación con la criminalidad organizada (Guzmán, 2010, p.296). En una línea similar a estos trabajos, Espinosa (2011) enfoca su estudio en los efectos del conflicto armado sobre las comunidades negras del municipio de Buenaventura y el repertorio de acciones colectivas que el Proceso de Comunidades Negras llevó a cabo para proteger el territorio y la vida y demás derechos humanos de sus habitantes. Conclusión La literatura sobre las violencias en el Valle del Cauca se ha nutrido de los aportes de diversas disciplinas que han aportado lentes particulares a la explicación sobre las causas del surgimiento y persistencia de los conflictos violentos. Se encuentra así una importante cantidad de estudios sociológicos que invocan teorías sobre procesos de socialización o lógicas de acción colectiva, estudios históricos que dan cuenta de los antecedentes de la violencia partidista de mediados de siglo XX y su conexión con violencias más recientes o trabajos de memoria histórica que recuperan los relatos de las víctimas y sobrevivientes del paramilitarismo. Es notable ver en estos trabajos la persistencia, tácita o explícita, del tema del desbalance entre el Estado que históricamente no ha impuesto su plena autoridad en el monopolio de la fuerza y los grupos organizados (policías privadas, mediadores electorales, grupos paramilitares, ejércitos de narcotraficantes y guerrillas) que han aprovechado tal debilidad estatal para imponer su dominio en los territorios y su control en lo relativo a la regulación de prácticas sociales. La variedad de la producción académica se advierte también en la especialización en períodos específicos, caracterizados por intereses y actores particulares. Así, los primeros estudios regionales siguieron la tendencia de querer encajar la violencia en el Valle del Cauca en el marco de los estudios sobre el período de la violencia en Colombia. El auge del narcotráfico y sus impactos en la sociedad, la economía y la violencia en el Valle del Cauca constituyeron otro hito en la literatura académica, hito solo superado por la literatura reciente, cuyo objeto de estudio han sido las violencias del paramilitarismo, en sus interacciones con las guerrillas, la Fuerza Pública y otros actores sociales. Otra dimensión en la que se observa la variedad de enfoques es la especialización en subregiones específicas y a la atención a la variable territorial. Se han realizado estudios sobre las tensiones propias de la colonización del occidente del Valle del Cauca en el siglo XX y se han adelantado investigaciones sobre las dinámicas sociales y el entorno de violencia en la subregión que el engloba al sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. La particularidad de las violencias en Buenaventura, como municipio a su vez aislado de los centros de poder y codiciado por los actores armados ilegales, ha suscitado trabajos dedicados a evidenciar los cruces de diversas violencias. Por último, ha habido interés en estudiar la particularidad de la violencia criminal en Cali y sus relaciones y rupturas con la violencia propia del conflicto armado.

Por último, en años recientes el gran acervo de estudios sobre el conflicto armado ha dado paso a trabajos que rescatan los roles activos de las población frente a la acción de los actores armados. Esta producción recupera las memorias de los daños que el conflicto armado ha causado en la población y da a conocer los procesos de resistencia colectiva que han adelantado comunidades campesinas y étnicas para afirmar su identidad, proteger sus territorios y salvaguardar sus vidas frente a las violencias de los actores armados.

Por último, en años recientes el gran acervo de estudios sobre el conflicto armado ha dado paso a trabajos que rescatan los roles activos de las población frente a la acción de los actores armados. Esta producción recupera las memorias de los daños que el conflicto armado ha causado en la población y da a conocer los procesos de resistencia colectiva que han adelantado comunidades campesinas y étnicas para afirmar su identidad, proteger sus territorios y salvaguardar sus vidas frente a las violencias de los actores armados.

Bibliografía.

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Publicado por:

David Macias

August 26

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