Genocidio e impunidad Vs una paz real. Maureen Maya. Revista Sur.

En el libro Acuerdo Posible, solución negociada al conflicto armado colombiano, su autor, el profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown University en Washington D.C, Marc Chernick, reconoce que los procesos de paz no culminan con la firma de los Acuerdos. Los retos más importantes, afirma, surgen cuando se intenta su implementación. “La mayoría de los acuerdos se rompen en el lapso de los cinco años siguientes y las partes terminan retomando las armas. Hay varias razones que explican los rompimientos de los acuerdos, dos de las cuales son las acciones de los saboteadores y la ausencia de medidas de seguridad para los combatientes y excombatientes durante los procesos de negociación y transición”. [1]

En Colombia se dan estas dos condiciones, más otras tantas, como el incumplimiento de lo pactado en La Habana, en especial en relación con el punto 1 sobre “Reforma Rural Integral”, el punto 2 sobre “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y el punto 3 en lo que tiene que ver  con “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”  y  con las “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. El sistemático asesinato de ex guerrilleros y familiares de éstos, la estigmatización social, las pocas oportunidades para la participación política y los montajes judiciales, más la precariedad en la que viven las bases desmovilizadas y la falta de garantías en términos de seguridad y equidad para la actividad social y el liderazgo político a nivel regional, ponen en riesgo tanto el Acuerdo (con su nueva institucionalidad) como el delicado proceso de construcción de paz y la difusa -y quizás lejana- posibilidad de reanudar una mesa de diálogo con la guerrilla del ELN. La violencia territorial, la lucha por su control, las economías criminales y la inseguridad en la que se encuentra la sociedad civil y en especial la organización social son los más fuertes desafíos que debe encarar, sin más dilaciones y titubeos, el actual gobierno.

Las cifras son alarmantes. “Durante el 2018, 648 líderes sociales, dirigentes cívicos, integrantes de juntas de acción comunal y campesinos que de una u otra forma trabajaban por la comunidad fueron asesinados, otros 1.151 fueron amenazados de muerte y 22 se encuentran desaparecidos”, aseguró el Cinep en su reciente informe anual sobre Derechos Humanos. A ello se suma el sistemático asesinato de excombatientes desmovilizados de la guerrilla. Según su propio diagnóstico sobre las violaciones a los Derechos Humanos en contra de ex integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y sus familiares, divulgado el pasado 5 de mayo,  “desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, la Comisión de Derechos Humanos de nuestro partido [Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-] ha registrado la dolorosa cifra de 111 ex integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y 31 familiares de ex guerrilleros asesinados. Aunado a esto, la falta de garantías en el proceso de reincorporación, caracterizada por la No entrega de tierras para la ejecución de los proyectos productivos, las dificultades para el ejercicio de derechos políticos y la falta de seguridad jurídica que hoy mantiene a más de 300 integrantes de nuestra organización privados de la libertad, entre quienes se encuentra Jesús Santrich quien ha sido víctima de un montaje judicial por parte del Fiscal General de la Nación”.

El Programa por la Paz del Cinep y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política presentó un extenso y bien documentado informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, tanto con “el propósito de hacer una lectura estadística de la situación de violaciones a los derechos humanos (DD.HH.)”, como de “alertar sobre las dinámicas de la violencia político social –con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos– como servicio a las víctimas en un ejercicio de recuperación de la memoria, con la esperanza de contribuir en la construcción de una Colombia diferente, justa, sostenible y en paz”.

El informe titulado “Violencia camuflada: la base social en riesgo”, expone una nueva dinámica en la violencia en Colombia, en tanto la acción criminal busca el exterminio de los liderazgos rurales, y se propone la fractura de la base social organizada. El Cinep advierte sobre “nuevas metodologías de victimización que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula. Lo anterior se evidencia en que de los 1418 casos registrados por el Banco de Datos de DD.HH. en 2018, en 195 casos aparece la autoría con la etiqueta de desconocidos, mientras que en 139 casos aparece la autoría con la etiqueta de hombres armados o encapuchados, las dos cifras suman 334 casos que conducen directamente a la impunidad. A esto se suman los 562 casos que registran sin información”.

Durante 2018 el Banco de Datos  documentó 1.418 casos y 2252 víctimas individuales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. La violencia política en 2018 dejó —por lo menos— 648 muertos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 243 detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales). En cuanto a violaciones a los derechos humanos, el departamento más afectado durante 2018 fue Valle del Cauca con 224 víctimas seguido de Cauca con 182 y Santander con 180 víctimas; el principal método de victimización fue la amenaza con 122 víctimas en Valle del Cauca y 117 en Cauca.

Respecto a graves infracciones al Derecho Internacional Consuetudinario, si bien las cifras disminuyeron, se registraron 103 víctimas en Valle del Cauca, 72 en Cauca y 67 en Norte de Santander. Sin embargo, el mayor número de víctimas letales 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados, se dieron en la categoría genérica Violencia Político-Social (Cinep, 2016, pp.25-31) cuya característica principal es que no es posible establecer el presunto responsable de los hechos, pero, los móviles de los mismos y características de las víctimas permiten deducir que se trata de un caso con motivaciones políticas de acuerdo con el marco conceptual de la Red Nacional de Bancos de Datos”.

El incremento de la violencia social y política, en la que se advierten patrones y practicas recurrentes, como la circulación de panfletos intimidantes (algunos de falsa autoría), asesinatos selectivos, presiones en tiempo preelectoral, parálisis de la justicia y connivencia entre actores armados y poderes civiles locales para el exterminio del tejido social y su base organizativa, es causa de enorme incertidumbre nacional y fuerte preocupación internacional. Construir una paz cierta y real en todo el territorio nacional no es posible cuando no se han resuelto la causas de la guerra, cuando los viejos conflictos sociales emergen con violencia en medio del desamparo institucional, cuando no se logra consolidar una fuerza social y política, compacta, robusta y representativa, capaz de marginar a los violentos y exigir resultados tanto en la implementación del Acuerdo de Paz como en acción de la justicia.

La Unión Europea, como otros organismos internacionales, no ha sido indiferente a esta realidad. El 6 de mayo la embajadora de este organismo en Colombia, Patricia Llombart, lanzó un campaña para exigir la protección de los líderes sociales, y manifestó su  “firme y contundente rechazo a todo atentado y amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que aquí en Colombia están construyendo democracia”, en respuesta al grave atentado con granadas que sufrió Francia Márquez y varios líderes afrodescendientes del norte del Cauca.

El gobierno recordó entonces que en diciembre de 2018, luego de un diagnostico que examinaba una preocupante desarticulación entre las entidades de gobierno, presentado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía Nacional, el Ministerio del Interior presentó el Plan de Acción Oportuna (PAO), para que con el apoyo de los Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), se evaluara el sistema de alertas y se determinara el grado de riesgo en que se encuentran los líderes sociales. No obstante dicha iniciativa no convenció. El mencionado Plan parecía más bien concebido para desconocer la existencia de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, excluir a los actores de la sociedad civil y neutralizar los instrumentos concebidos a la luz del Acuerdo de Paz, firmado en 2016.

La ineficacia del gobierno para detener el exterminio queda plasmada en el informe del Cinep. “Al analizar tres de las principales agresiones entre 2016 y 2018; año de la firma de los acuerdos de paz y dos años de implementación el panorama es preocupante. Si bien se registra una importante disminución en los heridos, la muerte de ciudadanos colombianos tuvo un incremento progresivo del 25%, y las amenazas aumentaron 32%. Las víctimas civiles (persona protegida) que perdieron la vida aumentaron en 170% en 2016 se registraron 37 y en 2018 la cifra documentada llegó a 100”. Sobre las características de esta violencia, señala: “La tendencia a acabar con los movimientos de base es la nueva justificación para que emerjan nuevas metodologías de violencia político social. Es urgente llamar la atención sobre las nuevas víctimas y los móviles que sustentan dichas metodologías. Las principales víctimas de los movimientos de base siguen siendo los dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos; son ellos quienes por ejercer sus derechos se han convertido en el blanco de los victimarios. Los líderes comunales y cívicos ejercen exigibilidad de derechos en temas relativos a veedurías ciudadanas, restitución de tierras, defensa del agua y el medio ambiente, minería y megaproyectos extractivistas”.

Es claro, clarísimo que ante el dantesco nivel de violencia que se está viviendo en el país, que más que un plan de acción con la subsiguiente creación de comités técnicos de evaluación, lo que hace falta es un compromiso real por parte del Gobierno Nacional y una profunda y sincera voluntad política para frenar esa racha de homicidios, garantizar la vida y la labor de los dirigentes y miembros de organizaciones sociales, cumplir con el Acuerdo pactado por el anterior gobierno a nombre del Estado colombiano, someter a la justicia a los grupos paramilitares,  desarticular su andamiaje financiero y revelar los intereses económicos y las alianzas criminales que existen entre actores armados y poderes locales en los territorios, en muchos casos con la complicidad de agentes policiales y militares.

Hoy más que nunca urgen acciones claras y audaces. No basta con ‘repudiar’, ‘rechazar’, ‘exhortar’ y ‘condenar’; ni la expresiones de espanto o solidaridad que saturan las redes sociales. No bastan los decretos ni las reuniones institucionales. Si en Colombia se mata como se mata es porque existen las condiciones que lo permiten, porque tanto los gatilleros como quienes los mandan gozan de anonimato, como afirma el SJ Javier Giraldo, y las comunidades rurales, sus líderes y dirigentes se encuentran en extrema vulnerabilidad. Dice el  saliente Fiscal General, en defensa de su pobre gestión: “duplicamos las tasas de esclarecimiento de los homicidios” y se alcanzó “el 60% de esclarecimiento de los asesinatos contra nuestros líderes y defensores de derechos humanos”. La ministra del Interior sostiene que se ha cumplido con una meta del 50% de eficacia en las investigaciones.

Sin embargo, el número de víctimas sigue creciendo tanto como la impunidad. El Cinep sostiene que “la Fiscalía General de la Nación, en los casos de líderes comunales, ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales (‘gatilleros’), pero ninguna sentencia en contra de los autores intelectuales o determinadores, esto según información de la Confederación de Acción Comunal”. En noviembre de 2018 la ONG Somos Defensores indicó que el 91.4 % de los asesinatos de líderes sociales y campesinos en Colombia, cometidos entre 2009 y 2017, quedaron en la impunidad. Solo en 49 casos (el 8,6 %), de acuerdo con la organización, tuvieron una sentencia condenatoria o absolutoria”. Y agrega: “‘Esclarecimiento’ no es igual a ‘disminución de impunidad’; esclarecimiento es sencillamente mostrar índices de que la Fiscalía por fin está haciendo su trabajo: investigar”, manifestó la organización en su informe en el que además reclamó una justicia efectiva para los líderes asesinados”[2]. La misma situación se produce con los guerrilleros desmovilizados.

El informe de las FARC, presenta un panorama bastante preocupante en relación con el ‘contexto de seguridad en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación’. “En inmediaciones de la mayoría de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y Nuevos Puntos de Reincorporación (NPR) se reporta presencia activa de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo en diferentes modalidades, al igual que bandas criminales al servicio del narcotráfico y el surgimiento de otras organizaciones armadas, que se fortalecen pese a la presencia activa de miembros de la Fuerza Pública (Ejército y Policía). La información sobre violaciones a Derechos Humanos recogida nos ha permitido identificar que en los municipios de ocurrencia de los homicidios, son territorios y departamentos donde se desarrollan planes de consolidación y estabilización como los planes militares: Plan Victoria Plus, la Operación Perseo, la Operación Agamenón, la Operación Horus y el Plan Democracia; así mismo resulta contradictorio que varios de estos territorios han sido catalogados por la Defensoría del Pueblo como de riesgo extremo, por la inminencia de actos de violencia y ataques contra la vida e integridad física de personas, especialmente por la presencia activa de organizaciones paramilitares y criminales encargadas de sabotear el proceso de Paz”.

El panorama es desolador. Colombia reclama solidaridad en acción, lucha real contra la impunidad, justicia eficaz para que los autores “intelectuales” y materiales de los crímenes y de la amenazas sean identificados, capturados y procesados; y es imperativo que el gobierno supere sus propias trampas ideológicas para que pueda asumir su deber histórico de liderar un gobierno capaz de realizar la paz que tanto dice defender en el exterior, poniendo fin al obstruccionismo para la aplicación del Acuerdo de Paz y para el funcionamiento pleno de la JEP. Sensibilizar e informar correctamente a la sociedad es fundamental para despertar empatía, y para que ella pueda reconocer la importante labor que desarrollan los líderes sociales, los defensores de la vida, el ambiente y el territorio. Es imprescindible por tanto el compromiso de los medios de comunicación, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y la institucionalidad colombiana. Urge construir sociedad civil; construir verdaderas ciudadanías y opinión pública en el país.

El gobierno debe entender que el mundo ha cambiado; que la justicia global también es una realidad y que los pactos suscritos por el Estado colombiano en materia de Derechos Humanos deben ser cumplidos a cabalidad. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia observa la puesta en marcha de los acuerdos y las acciones que se están impulsando para garantizar un verdadero entorno de postconflicto. Los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron su apoyo pleno y unánime al proceso de paz en Colombia hace un par de años, y dicho apoyo de sostiene, la CPI también permanece vigilante y el blindaje internacional a los Acuerdos no es carreta. Duque lo sabe, incluso sus huestes guerreristas lo saben, y lo temen.

El artículo 188 de Constitución Política dice: “el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.  No obstante, su silencio cuando su voz debe ser firme, sus pronunciamientos tibios cuando debe ser enérgico y consecuente con su fuero, su indiferencia ante el dolor de las comunidades y los torpes e indolentes pronunciamientos de sus funcionarios, justificando lo que desde el más elemental sentido de respeto y humanidad no se puede tolerar, como insinuar que algunos crímenes fueron provocados por las mismas víctimas, que se trata de retaliaciones, ajustes de cuentas, atracos y líos de faldas o de linderos, en nada contribuye a superar esta aterrador clima de violencia e intolerancia, menos aún a garantizar justicia y erradicar estas acciones criminales. Posiciones indolentes y dubitativas generan una enorme zozobra en el país, angustia a un sector y envalentona a los agresores que terminan por sentirse respaldados e inmunes a la acción de la justicia.

“¿Pero por qué es tan difícil identificar a los victimarios? -pregunta el Cinep en su informe- Porque ahora se ocultan bajo las etiquetas de desconocidos, hombres armados, hombres encapuchados o simplemente sin información. […] Es así como se camufla de manera mediática la verdad de las víctimas y su liderazgo”.

Si el gobierno no acude a la matriz del problema, si persiste en su negacionismo histórico, en minimizar la gravedad de los hechos o en buscar soluciones de maquillaje que no van al fondo del problema ni se traducen en un compromiso serio, real y sentido, hay pocas esperanzas de que sus dichos y acciones -enunciados por imagen y compromiso internacional- tengan una real incidencia y contribuyan de manera efectiva a detener este genocidio.

En este escenario solo la movilización ciudadana y el apoyo internacional para defender la JEP,  el derecho y el deber de construir un país de paz,  la vida y el movimiento social, es nuestra mejor alternativa para vencer a quienes se han propuesto condenarnos a la muerte, al dolor y a una guerra perpetua.

//El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez presentó renuncia irrevocable a su cargo, luego de que la JEP descartara la extradición de Jesús Santrich Se va para alegría de muchos, sea por esto o porque las líneas investigativas de Odebrecht no le son favorables; se va desconociendo la autonomía de la JEP y afirmando que sus decisiones constituyen un desafío al orden jurídico. Bajo una supuesta crisis institucional se avecina una gran ofensiva contra el proceso de paz y la JEP con una fuerte movilización del uribismo. Las fuerzas democráticas del país deben hoy más que nunca rodear el proceso de paz, defender el Acuerdo firmado y la JEP. ¿Qué sigue: Estado de excepción, constituyente,  nuevos torpedos a la paz? El horizonte político anuncia tormentas.

Notas.

[1] Chernick, Marc; Acuerdo Posible, solución negociada al conflicto armado colombiano. Ediciones Aurora. Bogotá, 2018. Pág 45

[2] El Espectador; “La mayoría de asesinatos de líderes sociales quedan impunes: ONG Somos Defensores”. Sección Judicial. Bogotá,13 de noviembre de 2018.

La fuente de este articulo se encuentra en el siguiente enlace electronico consultado el 17 de mayo del 2018
https://www.sur.org.co/genocidio-e-impunidad-vs-una-paz-real/

Publicado por:

David Macias

May 17

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