La guerra silenciosa. Editorial de El Tiempo e Informe ONU sobre Derechos Humanos en Colombia 2018.

 

La ONU, en cabeza de su delegado para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, entregó el jueves pasado su informe anual sobre Colombia. Este documento, que se realiza desde 1997, es un importante trabajo acerca de cómo avanza el país en esta materia y, por ende, debe ser un punto de referencia y reflexión para replantear políticas.

Es un informe que toca temas fundamentales del devenir ciudadano en equidad de género, participación política –en los que hemos avanzado–, seguridad y homicidios, entre otros ítems, y por venir de donde viene tiene que ser visto en detalle y con la atención que merece.

Uno de los aspectos más inquietantes se refiere a la muerte de defensores de derechos humanos en las regiones. Una vergonzosa tragedia que ha venido causando luto y dolor, y por desgracia se mantiene. Dice el organismo que el año pasado fueron sacrificados 110 líderes. Es decir, pagaron con su vida la valiente defensa de los demás. O, mejor, de sus derechos sociales y políticos. De estos, 18 eran indígenas y 12, ciudadanos de la comunidad afro.

De otro lado, Colombia, que se halla en ajustes e implementaciones del denominado posconflicto, en los últimos 7 años, hasta 2017, venía en una reducción sostenida y esperanzadora de la cifra de homicidios. Pero, desgraciadamente, en esta ocasión el panorama pinta gris.

Dice la ONU que en 2018, el 49 por ciento de los municipios tuvieron un incremento en las cifras. En dicho periodo, según el informe anual de la Fiscalía, se registraron 12.458 homicidios. En 2017 hubo 12.066. Además, las masacres crecieron, dice la ONU, en 2018 en un 164 por ciento, al pasar de 11 a 29 casos.

Es el doloroso resultado de una violencia que, seguramente, tiene mucho que ver con las economías ilegales, sobre todo donde impera la coca. Pero, en general, las muertes se incrementaron en 24 departamentos. El documento revela que el 93 por ciento de estas ocurrieron en zonas con poca o ninguna presencia del Estado o, incluso, por retrasos en la implementación del proceso de paz con las Farc.

Se necesita presencia estatal de todo orden, no solo policial y militar, sino social. Y más justicia y menos impunidad

Está el mal, y hay diagnóstico. Debe haber atención oportuna. Es en estos asuntos en los que corresponde al Estado, con todas sus instituciones, sin miramientos de dividendos políticos, bregar a buscar soluciones.

Se necesita presencia gubernamental de todo orden, no solo policial y militar, sino social. Pero muchos crímenes son producto de la intolerancia mezclada con el licor, o de la delincuencia común. Se requiere justicia, porque la impunidad es un aliciente para los violentos, además de que el ciudadano tenga la confianza en ella para denunciar.

A lo mejor sean buenos los ensayos, como el del sector de Corabastos en la localidad de Kennedy, en Bogotá, donde, después de tres meses de restricción del consumo de bebidas embriagantes, bajaron los homicidios en un 50 por ciento. Ahora se levantó la medida, con el compromiso de la comunidad para sostener los resultados. Tal vez esto, que la gente se comprometa de la mano con sus autoridades, ayude a bajar la tasa trágica. El hecho es que la violencia no puede matar a más de 12.000 personas al año, en una guerra silenciosa.

editorial@eltiempo.com

Para acceder al Informe sobre Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018 presentado por el Delegado para los DD.HH. de la ONU en Colombia ir al siguiente enlace electrónico consultado el 18 de marzo del 2018  http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe-anual-colombia-2018-ESP.pdf

 

Publicado por:

David Macias

March 18

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