La Paz a un año del Gobierno Duque: Parcialidad e incongruencia con el Acuerdo con las Farc y ruptura con el Eln.

Santrich denuncio las violaciones a Acuerdo de paz.


Alvaro Villarraga Sarmiento.

5. 08. 2019.

A un año del gobierno del presidente Iván Duque en materia de paz con relación al Acuerdo de Paz con las FARC entrega este saldo:

Formulación de una política de reintegración que prioriza de forma unilateral frente a los demás compromisos del acuerdo, pero que aún logra escaso desarrollo.

Definición posterior de la Política de Estabilización Paz con Legalidad, que asume los temas, programas y entidades creadas por el acuerdo, pero sus definiciones, medidas y proyecciones resultan limitadas y en ocasiones incongruentes.

En la gestión del conjunto de los asuntos relacionados con el acuerdo de paz predomina la lentitud, desfinanciación de varios programas e inconsecuencia con respecto a lo pactado en lo referido a la reforma rural integral, reforma política y electoral, creación de una Circunscripción Electoral Especial Territorial.

Y puntos críticos han sido la ausencia de garantías de seguridad reflejada en los asesinatos sistemáticos de liderazgos sociales y de excombatientes y el intento arbitrario fracasado de reformar regresivamente a la JEP.

Entre tanto, el gobierno Duque con relación al proceso de paz con el ELN nos entrega.

Ruptura de la mesa de negociación instalada con delegaciones del gobierno y del ELN en La Habana, Cuba, la cual había conseguido desarrollos parciales valiosos en dos puntos de la agenda convenida y aplicado un cese al fuego bilateral temporal con verificación de la ONU.

Verificacion en terreno de los avances en la paz.

Negativa por el gobierno a cumplir con la aplicación del Protocolo de Garantías que debe aplicarse en caso de ruptura de la mesa de conversaciones, suscrito previamente por ambas partes con apoyo de varios Estados obrando en calidad de garantes internacionales.

En contrario a las disposiciones vigentes del DIH y a las costumbres del derecho internacional, solicitud gubernamental a Cuba de extraditar a Colombia, bajo el señalamiento de “terroristas”, a los representantes negociadores del ELN oficialmente reconocidos por el Estado colombiano, para efectos de las conversaciones de paz con apoyo en el acompañamiento de la comunidad internacional.

Aplicación de policía de criminalización total mediante la expedición de una ley que desconoce la conexidad de la rebelión con otras conductas ilegales, lo cual crea un alto ingrediente de dificultad en caso de retomar el proceso de paz.

Ausencia de un acuerdo nacional de paz e intento de hacerlo contra la JEP

Colombia afronta el tránsito de la guerra a la paz, el acuerdo con las FARC da lugar a la contribución más decisiva de la transición en tal sentido, pero de forma que ésta solo podrá tener éxito si cuenta con el respaldo activo de un gran consenso nacional en la sociedad y en las instancias del Estado para asumir la construcción de la paz. El presidente Duque en su discurso de posesión anunció la disposición a liderar un acuerdo nacional amplio y sin exclusiones e hizo referencia a la necesidad de conseguir la paz. Sin embargo, no solo no ha logrado un acuerdo de tipo nacional, sino que en sentido contrario perdió a la mayoría de los partidos que tuvo como aliados en la campaña electoral y se ha alinderado políticamente y en el Congreso con los sectores que se han tornado minoritarios promoviendo iniciativas opuestas o en menoscabo de los desarrollos legales del acuerdo de paz.

Rupturas y fracturas en la paz.

En efecto, el partido de gobierno, el Centro Democrático, es opositor al contenido fundamental del acuerdo de paz con las FARC y cuanta ahora en tal posición con escasos aliados, el Partido Conservador que hace parte también del gobierno y sectores cristianos. Si bien ante las obligaciones constitucionales y legales que le asisten y su responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno, el presidente Duque ha tenido una posición más mesurada y ha respaldado tópicos del acuerdo de paz, a la vez en iniciativas y medidas importantes ha sido contrario al desarrollo integral de los compromisos del acuerdo de paz, en coincidencia con tales sectores opositores, que se expresan con más radicalidad. Ello hace referencia a las posiciones coincidentes de desacuerdo con implementar la reforma rural integral, la reforma política y electoral, expedir la Circunscripción Especial Territorial de Paz y lo más significativo en términos de impacto político, haber dedicado un semestre completo de debates en el Congreso durante el presente año al intento de menoscabar el alcance, carácter y autonomía de la JEP.

De otra parte, en defensa de implementación del acuerdo de paz se ha conformado en el Congreso una alianza mayoritaria conformada por los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Liberal, la U, Cambio Radical, FARC, convergencia Decentes con Colombia Humana, UP y MAIS y otros congresistas indígenas independientes.

En el ámbito político, social y de la opinión ciudadana entre los apoyos activos a la paz surgió la importante convergencia denomina Defendamos La Paz (DLP), conformada por personas que fueron firmantes del acuerdo de paz por las partes, congresistas de las bancadas defensoras del acuerdo de paz, líderes políticos, sociales, étnicos, columnistas de prensa, académicos, artistas, organizaciones de derechos humanos y promotoras de la paz, quienes desarrollan iniciativas, pronunciamientos y promueven la movilización por la paz y en defensa de las garantías y del respeto a los líderes sociales y a excombatientes. Así mismo, DLP desarrolla una campaña nacional por la recolección de un millón de firmas para que se reconozca la aprobación hecha del Acto Legislativo de la Circunscripción Especial Territorial de Paz y el presidente expida el marco legal en consecuencia.

Tras seis meses de debates en el Senado y en la Cámara, finalmente la propuesta del presidente Duque presentada impropiamente como propuestas de reforma motivadas por supuestas razones de inconveniencia para reformar con medidas de fondo la JEP fueron derrotadas en ambas cámaras. La presidencia del Senado se negó a oficializar tal decisión, al resistirse a reconocer el triunfo de la votación mayoritaria, de forma que el caso tuvo que elevarse a revisión de la Corte Constitucional, tribunal que lo constató. En consecuencia, el 6 de junio 2019 el presidente Iván Duque tuvo que expedir o sancionar la Ley 1957 estatutaria de la JEP. Tras esta situación se produjeron tres decisiones desde el presidente Duque: cambiar la ministra de justicia, anunciar que persistirá por otras vías legales en el empeño de cambiar este marco legal de la justicia transicional y llamar a los partidos políticos Liberal, -Cambio Radical y la U a sumarse a un acuerdo nacional en tal empeño, los cuales rechazaron esta propuesta y se manifestaron partidarios de los términos del acuerdo de paz para la justicia transicional.

Limitación de la política gubernamental de paz e implementación del acuerdo.

Las disidencias de las Farc.

En la campaña electoral Iván Duque utilizó el lema: “ni trizas ni risas”, para referir que no atacaría ni negaría la totalidad del acuerdo de paz, que apoyaría el efecto de la desmovilización de las FARC EP, la reintegración de sus excombatientes, pero que se distanciaba y revisaría otros contenidos sustanciales del acuerdo. De allí se deriva su posición selectiva al respecto. En consecuencia, formuló una política desde el inicio de su mandato más referida a temas relacionados con la seguridad, el fortalecimiento de las FFMM y erradicación y sustitución de los cultivos de uso ilícito, de forma que solo hacia la reintegración de excombatientes hubo algunos mensajes y algunas visitas a los ETCR de varias regiones.

Sin embargo, el presidente Duque esta obligado por desarrollos de la Constitución, por varias leyes, numerosos decretos leyes, por políticas y programas y varias medidas administrativas adoptadas desde el anterior mandato presidencial del presidente Santos con el desarrollo de presupuestos y consecuencias del acuerdo de paz. A ello se suma con importancia también el apoyo y la presión sobre él de la comunidad internacional a favor del acuerdo de paz y su aplicación. Pero en muchos aspectos se resiste, trata selectivamente asuntos de aplicación del acuerdo, responde a medias con otros y en lo posible soslaya algunos temas o compromisos.

En términos de desarrollo de política de paz el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de la Presidencia de la República, aprobó el Conpes 3931 el 22 de junio de 2018, el cual definió la política pública gubernamental de reintegración de excombatientes, que en líneas generales asume los compromisos de implementación demandados por el acuerdo e incorpora actividades con apoyo en el Consejo Nacional de Reincorporación con participación de delegados de las partes y con desarrollo de programas a cargo de la Agencia de Normalización y Reincorporación:

“El Documento CONPES 3931 Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP tiene como objetivo garantizar una reincorporación integral de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias a la vida civil, de acuerdo con sus intereses y en el marco del Acuerdo Final. Para esto, el documento establece cuatro ejes estratégicos: (i) el fortalecimiento de procesos de articulación y planificación entre los actores involucrados en la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias; (ii) la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación; (iii) la generación de condiciones para el acceso a mecanismos y recursos necesarios para la estabilización y proyección económica de exintegrantes de las FARC–EP y sus familias, de acuerdo con sus intereses, necesidades y potencialidades, y (iv) la generación de condiciones para el acceso y la atención de los derechos fundamentales e integrales de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias. La política tendrá una vigencia de ocho años (hasta 2026) y su costo estimado es de 265.270 millones de pesos”[1].

Posteriormente, en diciembre de 2018, el gobierno definió la Política de Estabilización Paz con Legalidad que fue presentada y es liderada por el alto consejero presidencial Emilio Archila: “La implementación de la política que ahora se adopta para los colombianos es uno de los pilares para que se construya una Paz con legalidad, cuyo futuro será de todos. Por ello, con fe en Colombia trabajaremos por los derechos de las víctimas, por apoyar a quienes sigan apegados a la legalidad y no reincidan. También, por lograr que las condiciones que han hecho que la violencia se recicle una y otra vez en las zonas más afectadas, desaparezcan para siempre. (…) El país debe saber, finalmente, que su Presidente ha asumido la responsabilidad de dar inicio al proceso de estabilización para las zonas más afectadas por la violencia, para hacer que sea uno de largo aliento que por fin logre que esos territorios y sus gentes cierren las brechas, tengan las oportunidades que merecen y las vidas que queremos para ellos, no solo por ellos, sino para toda Colombia”[2].

El sueño de la paz.

Un año en buen grado perdido de ejercicio de la presidencia en término de ejecuciones conseguidas a distinto nivel. “Año de aprendizaje, al cumplir el primer año de gobierno, todavía no hay mucho que mostrar. Pero el presidente Duque tiene las condiciones y tres años para enderezar el rumbo”[3]. “…en realidad el presidente ha hecho lo que ha podido y se ha portado bien con el convenio (el acuerdo de paz). Ha visitado los espacios de transición, y dentro de las restricciones fiscales les dio impulso a los proyectos productivos. (…) cumplió su compromiso de apoyar a los desmovilizados en su proceso de reintegración. (…) lo de la JEP está siendo coherente con su posición como senador y candidato del Centro Democrático (…) la reforma rural integral, nunca ha sido viable por razones presupuestales (…) ni el gobierno Santos ni este presupuestaron esta plata”[4].

Si bien esta política y el documento que traza sus lineamientos es un desarrollo relativo a compromisos del acuerdo de paz que podrán tener desarrollos, cuenta con limitaciones al respecto en su formulación y en las estrategias o medidas que señala. Así, lo relativo a reparación de las víctimas no cuenta con revisión y actualización de la Ley 1448, ni con presupuesto ante el inmenso compromiso que requiere y la referencia es genérica a acudir a la Unidad de Víctimas y a lo que se podrá hacer con recursos entregados por las FARC. No se incluyen como debieran en enfoques diferenciales de género y étnico con las consecuencias efectivas al respecto, sino que se hace referencia es a “políticas inclusivas en género y etnia”, con vaguedad y carencias al respecto. El asunto destacado de la legalidad trata indistintamente las problemáticas bajo el concepto generalizado de la delincuencia, dejando de forma muy secundaria la posibilidad de diferenciar la guerrilla del ELN y reemprender un proceso de diálogo hacia un acuerdo de paz. Y si bien se consideran las garantías políticas, la actuación en consecuencia es muy deficitaria como lo ha sido en general hacia el conjunto de las instancias del acuerdo.

Otro elemento que fue objeto de debate público lo constituyó el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo y su aprobación, que finalmente no incluyó de manera clara los compromisos con la paz de forma coherente, ni el Plan Marco de Implementación en conformidad con el acuerdo de paz, ni claridad ni suficiencia en la financiación de los distintos programas y medidas del acuerdo como asunto nodal del plan de gobierno.

En términos de la reintegración la gran mayoría de las personas excombatientes en los programas y acciones relativas a la reincorporación. En la actualidad en los 24 ETCR hay presencia colectiva de 3.527 excombatientes y la mayoría se ha desplegado en otros lugares diversos como expresión de su reubicación familiar, social y relativa a proyectos de búsqueda de ingresos, empleo y condiciones de vida. Cada excombatiente recibió apoyo para gastos en su instalación de dos millones, recibe el pago mensual que será temporal de una renta básica de monto inferior al salario mínimo. Han sido afiliados la gran mayoría al régimen de seguridad social en salud. En abril 2019 la ARN aplicó una encuesta de 13.014 excombatientes inscritos a su programa a 10.415 que tenía contactado y en dinámica de actividades de reintegración.

“De acuerdo con la Agencia de Reincorporación Nacional, de 23 iniciativas aprobadas apenas han desembolsado el dinero de nueve, que corresponden a 5.280 millones de pesos y cubren el 5 por ciento de reincorporados…”[5].

En abril de 2019 los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET para atender 170 municipios en pobreza y en zonas históricas del conflicto apenas arrancaban. Después de nueve meses de retraso en las 16 subregiones que los agrupan la Agencia para la Renovación del Territorio ART en consulta con las comunidades había entregado el diseño de planes, para pasar a estructuración y ejecución con proyección mediata. El Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS funcionaba a medias, con denuncias de incumplimiento de pagos a las comunidades en proceso de sustitución de cultivos. Incluidas 99.097 familias de 56 municipios que para enero de 2019 habían erradicado voluntariamente 29.393 hectáreas y 5.374 con asistencia de la fuerza pública. En marzo de 2019 hubo marcha en Caquetá de campesinos del programa en exigencia de pagos al gobierno ante los retrasos presentados.

Emilio Archila informa sobre la aprobación gubernamental de 24 proyectos colectivos, 216 individuales que benefician 249 excombatientes, de manera que se ha puesto de presente la dificultad del propio acuerdo al no haber contemplado la entrega de tierras, por lo cual a instancias del Plan Nacional de Desarrollo, se podrán otorgar a partir de bienes de extinción de dominio tierras en beneficio de proyectos agropecuarios y de viviendas, lo que exige coordinación con los ministerios de Agricultura y Vivienda[6].

Una experiencia positiva reciente consistió en que dados los retrasos del pasado y del presente gobierno para con el desarrollo de la reintegración y del carácter temporal previsto para los ETCR, considerando varios factores en cada caso, de forma conjunta delegados de Gobierno y de FARC, revisaron situaciones y convinieron extender la vigencia de un número de ETCR, trasladar otros y mantener respaldo a las actividades a realizar en ellos: “Hicimos un esfuerzo mirando aspectos como la conectividad, estado legal del terreno, seguridad y la posibilidad de incorporarlos al ordenamiento territorial. Con base en ese análisis sugerimos que de 24 espacios, 13 se quedarán y 11 se desplazarán. Para esos 11 ya tenemos terrenos, en lugares cercanos a donde están y en mejores condiciones. Compartimos eso con los alcaldes y todos dijeron que querían que se quedaran. Ahora estamos yendo uno a uno a explicar por qué creemos que se deben mantener o por qué mover”[7].

El apoyo decisivo de la comunidad internacional

La participación de la ONU en las dos sucesivas misiones de verificación, de otros entes internacionales en distintos programas y acciones, así como el apoyo político, cooperación técnica y económica y respaldo decidido a las acciones de implementación del acuerdo de paz ha sido un elemento de gran importancia para los avances conseguidos o posibles. Incluso Estados, organismos intergubernamentales y el propio Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaron expresamente en defensa de la JEP, de su autonomía, competencias y la necesidad de que el gobierno procediera pronto a expedir la ley reglamentaria que estuvo en riesgo de ser negativamente reformada.

Carlos Ruiz Massieu jefe de la Misión de Verificación de la ONU, desde su expresión diplomática ha alentado el avance posible en la implementación del acuerdo, pero así mismo como lo expresa la Unión Europea y otros actores internacionales llaman la atención por la ausencia de garantías efectivas y por la ocurrencia de varios centenares de víctimas fatales entre dirigentes sociales del ámbito popular y de excombatientes de las FARC: “(la implementación del acuerdo) va bien, es un ejemplo para el mundo (…) produce profunda preocupación el asesinato de exguerrilleros y de líderes sociales, (…) se necesitan medidas de carácter urgente”[8],

“La JEP va funcionando bien, hay que darle apoyo. Es un órgano central de los acuerdos. Necesita ejercer su función con autonomía e independencia, y sus decisiones deben respetarse. (…) El gobierno está cumpliendo (…) Es importante notar que en el acuerdo de paz se espera que su implementación sea integral. (…) La seguridad de los territorios es algo que también nos preocupa y que sabemos que solamente se va a resolver con la presencia integral del Estado…”[9].

El Consejo de Seguridad de la ONU en un hecho de alta importancia en el ámbito internacional y para el país hizo presencia colectiva y sesionó en Colombia, de forma que desarrolló una agenda con reuniones y con una visita a terreno en el Valle, para hacer una revisión detallada del estado de la implementación del acuerdo. Su concepto fue el saludar los desarrollos logrados con el concurso de las partes, alentar al gobierno para que la implementación sea integral y llamó la atención ante las deficiencias manifiestas en materia de garantías, de forma que reconoció la gravedad de los asesinatos ocurridos en las regiones de aplicación del acuerdo y los programas de la paz contra liderazgos sociales y excombatientes.

De otra parte, el CICR en igual sentido presentó el informe Retos Humanitarios 2019, con el registro de graves infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos en distintas regiones de distintos departamentos con casos de homicidios, desaparición forzada, amenazas, atentados, resiembra de minas antipersonal y pervivencia de expresiones de conflicto armado con participación de distintos grupos irregulares.

Las FARC afronta riesgos por la ausencia de garantías y las disidencias

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aplica con coherencia los compromisos del acuerdo de paz, consolida su presencia política en los territorios, su bancada parlamentaria y realiza acciones orientadas a la implementación del acuerdo, la paz y la reconciliación. Sin embargo, lo afectan, entre otras posibles problemáticas dos notorias, la falta de garantías oficiales para la actuación de sus integrantes en todo el territorio nacional de forma que al presente han sido asesinados 136 de sus integrantes, y de otra parte, el que algunos reconocidos excomandantes se hayan marginado del proceso configurando una disidencia política que se resiste a la implementación del acuerdo, a la vez que han surgido fracciones armadas a manera de disidencia armada también contra el acuerdo, con expresiones que se conjugan en varios casos con descomposición delincuencial asociada a redes de economías ilegales.

Como lo reflejan numerosos informes no se brindan aún por el Estado y el Gobierno las debidas garantías de no repetición. La FIP en el primer semestre de 2019 con relación al año anterior, constató que los enfrentamientos de la fuerza pública contra grupos armados ilegales se incrementaron en un 82%, pasando de 34 a 62 combates y las muertes consiguientes en un 87%, pasando de 55 a 103. Las cifras más altas en los últimos cinco años. El 34% de los combates son con el ELN (80 acciones) y el 21% con disidencias de las FARC (60 acciones)[10]. “Hoy tenemos más disidencias de lo que teníamos hace un año, y están en lugares donde no estaban antes, como Meta, Caquetá y Tolima”[11].

En lo relativo a homicidios contra líderes sociales según fuentes de organizaciones de derechos humanos, mientras que en todo el año 2018 se registraron 81 homicidios y 144 agresiones de diverso tipo, solo en el primer semestre del 2019 ya se registran 51 homicidios y 230 agresiones. En reciente informe la MOE alerta para este período de elecciones locales el próximo octubre, de forma que ya se han producido desde octubre del año pasado el asesinato de siete precandidatos, cinco aspiraban a alcaldías y dos a concejos, amenazas contra 34 aspirantes a candidaturas, de municipios que corresponden a departamentos de los más afectados por la violencia presente[12].

Ante tal situación las FARC como partido ha exigido las debidas garantías y ha declarado persistir en el acuerdo de paz con todas sus consecuencias, manifestando un compromiso de civilismo y estrechando nexos y alianzas con sectores sociales y políticos empeñados en la causa de la paz y también movilizados en demandas de garantías. En este marco, Timoleón Jiménez y el colectivo de las FARC se ha pronunciado públicamente contra la posición de Iván Márquez y de varios excomandantes que lo acompañan en la postura de marginarse y cuestionar el acuerdo de paz y el compromiso de desarme asumido por esta guerrilla. Por esta circunstancia han desatendido su compromiso también con la JEP. La JEP ha abierto por tanto, cinco trámites de incidentes contra exdirigentes de las FARC EP para verificar si están cumpliendo con el acuerdo de paz, Iván Márquez, Romaña, Aldinever, Hernán Darío Velázquez “el Paisa” y recientemente Leonardo Cabezas y Walter Mendoza (José Vicente Lesmes).

Humberto de la Calle, quien lideró el acuerdo de paz desde la parte gubernamental advierte sobre estos altos riesgos: “Sin ser catastrofista, puede ser que un núcleo central del partido FARC siga firme, pero veo riesgos de que venga una nueva escalada violenta. Ante todo, me refiero a la posibilidad de que se conjuguen y crezcan los esfuerzos de las disidencias para generar un nuevo eslabón de violencia. Pero también hay fuerzas oscuras que están atacando a los líderes sociales en forma sistemática”[13].

También se escuchan otras voces críticas desde el campo de los defensores del acuerdo de paz que critican el paso a la clandestinidad o el retorno a la lucha armada que podría fraguarse desde los excomandantes marginados, de forma que generarían un factor muy negativo frente a las posibilidades de la construcción de una paz estable “De alguna manera Santrich, Márquez, Romaña y El Paisa encarnan la encrucijada en que se encuentra el cumplimiento del Acuerdo, pues están entre la continuidad de la reinserción o la continuidad de la guerra”[14]. “Si lo que pretenden es reanudar la lucha armada, lo van a hacer en el peor escenario posible: una organización militar reducida a un conjunto de grupúsculos narcotizados, cuya coordinación y unificación puede tomar otros cincuenta años de “conflicto armado”, es decir, muchos miles de muertes”[15].

El senador de las FARC y reconocido excomandate Carlos Antonio Lozada también se pronunció con claridad al respecto, incluso en rechazo a Santrich por haberse también marginado de la actuación legal: “…se tomó la decisión de sentar una posición y de declararle al país que una cosa es Santrich, o cualquier integrante del partido que se aparte de lo acordado, y otra muy distinta el proceso de paz. Aquí no vamos a respaldar de manera irrestricta a nadie simplemente por haber sido de las FARC. Quien incumpla deberá asumir sus responsabilidades de manera individual. Nosotros ya estamos en la legalidad y debemos movernos dentro de ese marco. (…) de alguna manera, la salida de Iván Márquez, de Romaña y del Paisa, hoy en día es vista por nuestra gente como un abandono y una traición. Si algo debe tener un revolucionario es dignidad y valentía. Por eso esconderse y salir corriendo no puede ser una opción (…) si los comandantes decidiéramos volver a la guerra mañana, creo que ni el 10 por ciento de la tropa se iría detrás nuestro”[16].

Entonces para el país la apuesta está echada, entre consolidar la paz con todas las acciones requeridas para ello o hacer el juego a la perpetuación de la violencia y de la guerra, a pesar de las graves consecuencias históricas ya sufridas. Por eso, la exitosa movilización en Colombia y en el exterior el pasado 26 de julio, tras el llamado de DLP, a la “marcha del grito” en homenaje a la lideresa María del Pilar Hurtado asesinada en Tierralta, para acompañar el desgarrador grito de su niño ante su cadáver, llama hoy al Gobierno, al Estado y a la sociedad a persistir con coherencia en el reto histórico de consolidar una paz “estable y duradera”.

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[1] https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/ctmp/boletin%20primer_semestre_2018.pdf

[2] Paz con Legalidad. Iván Duque Márquez. Presidente de la República, 2018-2022. El Futuro es de todos, Presidencia de la República, (s.f.), págs. 30-31. http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Documents/PAZ%20CON%20LEGALIDAD.pdf

[3] “Año de aprendizaje”, revista Semana, No. 1944, 4 de agosto de 2019, pág. 18.

[4] “Año de aprendizaje”, revista Semana, No. 1944, 4 de agosto de 2019, pág. 19-20.

[5] “La reincorporación en pañales”, Semana, No. 1924, marzo 17 de 2019, pág. 35.

[6] “Balance a dos años del desarme de las FARC, “Santrich es un pésimo ejemplo que nadie está siguiendo”, entrevista con Emilio Archila, Gloria Castrillón, El Espectador, 7 de julio de 2019, pág. 10.

[7] “Balance a dos años del desarme de las FARC, “Santrich es un pésimo ejemplo que nadie está siguiendo”, entrevista con Emilio Archila, Gloria Castrillón, El Espectador, 7 de julio de 2019, pág. 10.

[8] “Si no existiera la JEP habría que crearla”, entrevista con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Yamit Amat, El Tiempo, 7 de julio de 2019, pág. 1.4

[9] “Si no existiera la JEP habría que crearla”, entrevista con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Yamit Amat, El Tiempo, 7 de julio de 2019, pág. 1.4

[10] “Exponencial aumento de bajas en combate y enfrentamientos”, El Tiempo, 9de julio de 2019, pág. 1-2

[11] Juan Carlos Garzón, director Área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, El Tiempo, 9 de julio de 2019, pág. 1-2

[12] “Siete precandidatos asesinados, según la MOE”, El Tiempo, 10 de julio de 2019, pág. 1-2

[13] “Entrevista”, a Humberto de la Calle, por Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, 7 de agosto de 2019, pág.8.

[14] “Santrich, narcotraficante o revolucionario”, Juan Carlos Palau, Razón Pública. https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/12116-santrich-%C2%BFnarcotraficante-o-revolucionario.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Santrich%3A+%C2%BFnarcotraficante+o+revolucionario%3F&utm_campaign=20190708_m152584274_Santrich%3A+%C2%BFnarcotraficante+o+revolucionario%3F&utm_term=Santrich_3A+_C2_BFnarcotraficante+o+revolucionario_3F

[15] “Santrich, narcotraficante o revolucionario”, Juan Carlos Palau, Razón Pública. https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/12116-santrich-%C2%BFnarcotraficante-o-revolucionario.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Santrich%3A+%C2%BFnarcotraficante+o+revolucionario%3F&utm_campaign=20190708_m152584274_Santrich%3A+%C2%BFnarcotraficante+o+revolucionario%3F&utm_term=Santrich_3A+_C2_BFnarcotraficante+o+revolucionario_3F

[16] “No tiene justificación que Santrich se hubiera ido así”, Carlos Antonio Lozada, senador de las FARC, entrevista revista Semana, , No 1940, 7-14 de julio de 2019, pág.35.

Fuente: https://www.sur.org.co/la-paz-a-un-ano-del-gobierno-duque-parcialidad-e-incongruencia-con-el-acuerdo-con-farc-y-ruptura-con-eln/

Publicado por:

David Macias

August 09

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