La paz en Jaque: retos y perspectivas en la implementación de los acuerdos de La Habana. Carlos Duarte.

25.06.2019.

El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, a pesar de sus innegables dificultades, todavía representa una oportunidad de transformación para  la  sociedad  colombiana  en  varios  puntos  que  históricamente  se  han identificado como neurálgicos: desarrollo agrario integral; participación política; problema de las drogas ilícitas; reparación de víctimas y la reincorporación de los guerrilleros de las farc. Si bien las experiencias internacionales  auguraban  un  periodo  inicial  plagado  de  dificultades en la implementación de dicho Acuerdo, la visión de las partes parecía inclinarse por un voto de confianza mutuo, bajo el cual, gran parte de los  obstáculos  eran  en  esencia  cuestión  de  tiempo.  A  mediano  plazo  Estado y sociedad comprenderían el tamaño y la importancia del acuerdo logrado, generando una dinámica irreversible en favor de la consolidación de la paz y la reconciliación nacional. Sin embargo, tras dos años de implementación de los acuerdos de paz, el marco legislativo y normativo requerido para la implementación de cada uno de los puntos acordados en la Habana –algunos de ellos bajo el  mecanismo  vía  fastrack–,  no  solo  no  han  surtido  el  efecto  espera-do, sino que las expectativas de los protagonistas de la firma de paz han disminuido considerablemente, en correspondencia con el giro que en este sentido representó el cambio de gobierno.

Con referencia al punto de tierras rurales, el decreto 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, luce a estas alturas estancado y lejano de la meta de 10 millones de hectáreas que se propuso entregar a los habitantes de las zonas rurales más necesitados. En dirección opuesta, antes de terminar su mandato, el gobierno Santos radicó un ambicioso proyecto de Ley de Tierras, que de manera manifiesta se opone al espíritu del Acuerdo firmado con las farc. De otra parte, y en relación con la implementación de  la  Paz  Territorial,  es  más  que  evidente  la  ausencia  de  articulación  institucional en su implementación, así como la desfinanciación y falta de garantías para el cumplimiento de los programas de paz territorial, plasmados en los pdts. Directamente relacionado con apuestas alternativas al desarrollo rural, el artículo de Malen Solís, Miguel Ibarra y Fabián Salazar propone una relectura del conflicto social a partir de los fundamentos y prácticas de la economía solidaría en los municipios de El Tambo y Patía, en el departamento del Cauca. Los autores utilizan una metodología  triangulada  que  combina  teoría  económica,  valoraciones  de los actores territoriales e hipótesis de los investigadores en contexto, para aproximarse a entornos rurales en conflicto y derivar acciones de transformación territorial futura. La riqueza del anterior diseño metodológico se percibe en la medida en que el trabajo es capaz de construir agendas  temáticas  entre  procesos  conflictivos  y  acciones  colectivas, construidas de “abajo-hacia-arriba”. Por otro lado, uno de los fundamentos de cualquier proceso de renovación territorial está fuertemente vinculado a la calidad del capital social. En esta dirección, Katerine Duque nos presenta un trabajo que revisa la educación rural como un elemento estratégico para la implementación y  consolidación  de  la  paz  en  Colombia.  Duque  hace  el  balance  a  la  educación rural, sustentado en los datos que arrojan el reciente Censo Nacional  Agropecuario.  Igualmente,  compara  dicho  ejercicio  con  las  reflexiones que, con base en el mismo tema, realizan las organizaciones campesinas del cima, pupsoc y fensuagro para el departamento del Cauca.  El  ejercicio  propuesto  por  la  autora  converge  en  ocho  líneas de acción para superar las problemáticas de la educación, que ponen en una misma línea de intervención los derechos colectivos del campesinado, la relación entre educación formal y cotidiana, la interculturalidad, el enfoque de género y la producción y comercialización agraria. Ahora  bien,  el  trabajo  de  Miguel  Ángel  Parada  dialoga  con  el  Pun-to dos sobre la participación política del Acuerdo de Paz. El artículo concentra su atención en la identificación de los principales retos y perspectivas con el subtema de los medios de comunicación. Específicamente, el autor resalta aspectos como la participación de organizaciones y movimientos sociales en la formulación del proyecto de ley estatuaria de participación ciudadana y en la garantía de acceso a los medios de comunicación masiva. A  estas  alturas,  la  reagrupación  de  las  disidencias  de  las  farc  y  la  ruptura  de  cualquier  posibilidad  de  diálogo  entre  gobierno  y  el  eln, hacen inocultables los problemas en el diseño y cumplimiento estatal, con respecto a los procesos de reincorporación de las farc- ep a la vida civil. Precisamente, el artículo de Alejandra Erazo y Luisa Espitia analizan las tensiones surgidas en el municipio de Caldono (Cauca), al acoger excombatientes de las farc durante el primer año de implementación del Acuerdo. Este municipio tuvo la particularidad de ser el único donde se estableció una Zona Veredal Transitoria de Normalización en territorio étnico, bajo las jurisdicciones de los resguardos indígenas de Pueblo Nuevo y San Lorenzo. Como el lector podrá descubrir, los obstáculos que facilitaron la reagrupación de las disidencias de las farc, así como el ocupación territorial por parte de otros actores armados, fueron numerosos y se relacionan con temas tan disímiles como los derechos étnicos  y  la  autonomía  organizativa  indígena,  convivencia,  uso  de  recursos comunes, relacionamiento intercultural, estructura de la pro-piedad rural, así como la ocurrencia sistemática de amenazas y hechos violentos por parte de actores armados.

La aproximación territorial a los desafíos de nuestro postacuerdo se ve enriquecida  con  una  sugerente  aproximación,  que  coloca  los  tejidos  que el agua hilvana en el centro del análisis. De esta manera, Camilo Hernández, tomando como referencia la propuesta analítica de Boelens, se pregunta: ¿Qué significa entender el Macizo como un territorio hidrosocial? El autor nos muestra cómo se construyen determinadas configuraciones espaciales alrededor de la estrella hidrográfica más importante de nuestro país, en las que se relacionan comunidades, institucionalidad pública, movimientos sociales, recursos naturales y conocimientos ecológicos. Las tensiones entre la política pública y las identidades multiculturales  forjan  el  Macizo  Colombiano  como  territorio  hidrosocial,  otorgando un sentido característico a las territorialidades que interac-túan entre sí. Por  su  parte,  Paulín  Daniela  López  nos  presenta  un  acercamiento  a  una territorialidad más íntima. En medio del machismo característico de nuestras zonas rurales, esta investigadora nos sorprende al fijar su atención en la violencia sexual que se ensaña con el género masculino. La autora lleva a cabo su investigación con base en el análisis de fuentes estadísticas y cualitativas, con las cuales presenta 226 casos de hombres violentados sexualmente en el marco del conflicto armado colombiano. Para tal efecto, se vale de los boletines de Justicia y Paz entre  1988  y  1996,  la  revista  Noche  y  Niebla entre  los  años  1996  y  2017,  y  31  sentencias  de  paramilitares  que  se  acogieron  a  Justicia  y  Paz. De este modo, y sin guardarse nada, nuestro conflicto armado inscribe su polimorfismo en el cuerpo violentado de los hombres, dejando sus cicatrices en los vivos y atestiguando su huella terrorífica en la memoria de los muertos. Por último, en nuestra sección Voz de la base, Edilberto Vergara presenta una entrevista realizada a Cesar William Diaz, vocero de la organización cima-cna (Comité de Integración del Macizo Colombiano), con respecto a sus percepciones en torno al contexto del posacuerdo. Cesar William  nos  plantea  que,  para  el  caso  del  Cauca,  podemos  hablar  de  posacuerdo,  pero  difícilmente  de  posconflicto.  Lo  anterior  encuentra su potencia argumentativa, en la medida en que para este líder campe-sino los territorios están en disputa, con el fin de insertarlos al modelo económico o hegemónico extractivista. En las premonitorias respuestas de este líder, se destacan los problemas que en ese entonces ya se percibían en torno al diseño institucional y a la operatividad de los acuerdos en los territorios. Asimismo, esta voz que nos habla desde los territorios, se cuida de advertirnos sobre la violación sistemática a derechos humanos y el asesinato de líderes comunitarios, indígenas, campesinos y afrodescendientes. Como vemos, el conjunto de trabajos compilados en el presente número parece evidenciar un acuerdo tácito: ¡el proceso de paz está en jaque! Quizás, ante la fragilidad de nuestro futuro común, el llamado apunte a no quedar petrificados, siendo testigos de excepción ante la dramática renovación del leitmotiv que inflama nuestras violencia (s) territoriales.

El texto de la Revista Controversia puede ser consultado en el siguiente enlace electrónico consultado el 25 de junio del 2019
http://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia

Publicado por:
David Macias
June 25