MEMORIA HISTÓRICA COMO RELATO EMBLEMÁTICO. Consideraciones en medio de la emergencia de políticas de memoria en Colombia. JOSÉ DARÍO ANTEQUERA GUZMÁN. 2011.

La memoria historica es esencial en la construccion de la paz.

La Memoria historica es esencial para la construccion de la paz. Ponemos a consideracion de los lectores del Portal del Observatorio de Paz el importante trabajo de Jose Antequera sobre la politica de Memoria Historica en Colombia.

INTRODUCCIÓN.

Este trabajo se produce en un momento excepcional en Colombia. Asistimos a un momento histórico en el que se empiezan a generar propuestas que se enmarcan en discursos de justicia transicional o aún de reivindicación de proyectos inconclusos de construcción de paz y democracia, las cuales incluyen iniciativas de archivo, museos, centros de memoria, renombramiento de instituciones educativas, conmemoraciones públicas, apoyos a proyectos de documentales, exposiciones artísticas, etc., todas enmarcadas dentro de un imperativo que ha roto, sin duda, la lógica de comprensión de los sufrimientos de la población colombiana como costo supuestamente necesario del progreso, del enriquecimiento, del orden, de la toma del poder. Sin embargo, la circunstancia por la que atravesamos está llena de cuestionamientos. ¿Qué se va a transmitir a las próximas generaciones sobre “lo ocurrido”? ¿Dónde radican las opciones de sentido en las políticas de la memoria? ¿Podemos tener criterios que permitan hacer de esa transmisión de la memoria un aporte certero a la garantía de derechos de las víctimas y la construcción de paz? Las políticas e iniciativas de memoria emergentes responden a modelos de tratamiento del pasado y de articulación con el presente, sin que se haya avanzado suficientemente en la comprensión social acerca del trasfondo y consecuencias de los mismos. El término “memoria”, es usado de innumerables maneras con la predominancia de discursos altruistas que, sin embargo, no satisfacen las demandas de las víctimas por el hecho de que pretendan hacer visibles sus sufrimientos. Y más grave aún, la sociedad aún no clarifica su papel frente a las realidades que comienzan a reconocerse a partir de claves claras de identificación que le permitan comprender que lo sucedido a las víctimas nos ha ocurrido a todos y a todas, realmente, y que hacen de la memoria un derecho exigible.

Así, he querido avanzar en respuestas a los cuestionamientos mencionados de una manera particular: considerando una posición política comprometida, necesaria más allá del capricho personal, y por supuesto, una propuesta metodológica que asumo arriesgada pero conducente. Como punto de partida, está claro que en este trabajo el principal interlocutor, más que el poder, es la sociedad, las organizaciones sociales y de víctimas. Se trata de un trabajo académico que permite desarrollar conceptos y afirmaciones rigurosas, pero se refiere claramente a los debates que he podido conocer de primera mano desde la experiencia en la formación, acompañamiento y fortalecimiento de espacios dedicados al problema de la memoria histórica de cara a la sociedad, a la población llamada a recibir las versiones y sentidos sobre “el pasado” en función de propuestas de su ubicación en el “presente” de las soluciones y continuidades. Mi vinculación con el Movimiento de H.I.J.O.S. en América Latina, y mi papel como asesor académico y de participación en el primer centro de memoria que se construye en Colombia desde la administración de la ciudad de Bogotá D.C., me permiten realizar un trabajo que espero sea pertinente con los debates específicos de las organizaciones que han expresado en sus preguntas sobre el sentido de las políticas de la memoria, teniendo en cuenta, además, a los autores de referencia que marcan el debate político actual desde las aulas y los auditorios. Sobre esa perspectiva se justifica el tratamiento de la memoria histórica aquí como “relato que da sentido a un periodo”, concepto tomado del trabajo del profesor Alfredo Gómez Muller.

Las versiones y los sentidos del pasado expresados en relatos generales, son de gran relevancia en lo que se refiere a la posición que la sociedad en su conjunto y las nuevas generaciones, llamadas a exigir e incidir en las políticas de la memoria que emergen en Colombia. Por ello mismo, son fundamentales en la manera como las víctimas pueden comprender que se está haciendo justicia desde el reconocimiento público. Por otra parte, el compromiso político se refleja en la forma de abordar las preocupaciones. Al momento de obtener respuestas sobre los criterios que han de guiar, sustentar las políticas de la memoria en Colombia, es claro que pisamos un terreno donde no es aceptable la neutralidad. La garantía de los derechos de las víctimas, la movilización social para la no repetición son imperativos en esta materia, a menos que se pretenda desconocer la realidad de millones de personas sometidas a crímenes de lesa humanidad, con consecuencias sobre toda la sociedad. Desde ese compromiso político, que no excusa la rigurosidad y la argumentación sustentada, se pretenden aclarar los elementos hegemónicos de la versión que ya hace carrera en nuestro país sobre lo ocurrido con respecto a la violencia sociopolítica y el conflicto armado interno, inscrita en varios instrumentos jurídicos y transmitida fuertemente a través de los medios masivos de comunicación. La crítica que se plantea al respecto es la base para delimitar el campo de indagación de este trabajo, que pretende moverse en un ámbito coherente con el imperativo de la dignificación y la memoria como interpelación, más que como contemplación. Aceptando las dificultades del momento para indagar este tema, se ha escogido una metodología que determina la forma en que está planteado el problema de investigación. A partir de la premisa y la opción mencionadas, se ha decidido recurrir a unos actores concretos ubicados en el centro del debate actual sobre el proceso de construcción del relato general referido, desde escenarios precisos de emergencia de las políticas mencionadas. Habiendo conocido como parte del recorrido investigativo su posición crítica frente al relato que hace carrera en el país de manera hegemónica, se ha querido mostrar su consenso en una matriz que tiene gran significado para mostrar el nuevo estadio de debate que se inaugura con las políticas emergentes de memoria, así como las contradicciones que debemos reconocer como sociedad entre lo que se nos dice aisladamente, y lo que aquí se muestra que debemos articular. Estos emprendedores de memoria, usando el término de Becker recogido por Jelin para referirse a personas comprometidas con la memoria histórica, son: Iván Cepeda Castro, vocero destacado del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y único parlamentario representante de este sector al momento de la discusión de la Ley de Víctimas; Gonzalo Sánchez, director del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y Camilo González Posso, ideólogo y director del primer Centro de Memoria (El Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación) que se construye en el país desde la iniciativa local del gobierno de la ciudad de Bogotá D.C. (2007-2011). En el primer capítulo se desarrollan los conceptos de memoria colectiva y memoria histórica, para clarificar el significado de ésta última como “relato general”, recurriendo fundamentalmente a los aportes teóricos del profesor de la Universidad Católica de París, Alfredo Gómez Muller. En el segundo capítulo, nos adentramos en la clarificación de lo hegemónico de la memoria histórica. Se rebaten allí las tesis de Ivan Orozco Abad por ser una referencia clara de proposiciones que hoy justifican la versión que aquí se denominará como “humanitarista”, contraria a una perspectiva coherente con la dignificación de las víctimas y el sentido de la no repetición ligado a la movilización social. Como respuesta, se desarrolla una perspectiva que si bien reconoce la necesidad de observar críticamente un paradigma hegemónico de la memoria histórica ligado al mero reconocimiento de los sufrimientos aislados de sus causas y de las luchas y resistencias sociales, descubre la articulación y no la tergiversación de la experiencia de las víctimas distinta a la de los perpetradores, como marco de comprensión del ejercicio de construcción de los relatos generales que dotan de sentido a los procesos de vulneración a los derechos humanos como el que se está relatando hoy en el país.

Con los aportes teóricos de Walter Benjamin, Pilar Calveiro, Silvia Rivera, Ricard Vynies y Naomi Klein, quienes estudian la memoria rescatando todos su comprensión política, se construyen claves de articulación de la experiencia de la victimización como alternativa de construcción de los relatos generales frente al humanitarismo hegemónico en el que cae Iván Orozco, y que ha sido rebatido gracias a autores como el propio Gómez Muller y Giorgio Agamben, así como desde críticas propias que provienen de mi experiencia en investigación. En el tercer capítulo, se pretende situar el debate teórico en el caso colombiano, recurriendo, como ya se ha mencionado, a actores que marcan el debate político y académico desde una posición específica como es la de la incidencia directa en los escenarios institucionales de definición de las políticas de la memoria. Con los mencionados Iván Cepeda, Camilo González y Gonzalo Sánchez, se desarrollaron de entrevistas semiestructuradas hacia la demostración de un matriz de consenso en el campo de búsqueda delineado. El haber compartido y seguido sus reflexiones como investigador y gestor en temas de memoria durante los últimos años, me permitió contar con la certeza de que sus constataciones eran evidentemente críticas frente a la idea de la Ley de Víctimas que hoy hace carrera en el país y en la que se ha hecho un corte de periodo a partir de 1985, caracterizado bajo el relato del conflicto armado interno para determinar “lo reparable”. Desde sus discursos públicos y documentos conocidos, había podido conocer de su intención articuladora, por lo que el desentrañamiento de sus perspectivas significaba un ejercicio de investigación en el campo definido, quedando como una de las conclusiones más potentes de este trabajo el desvelamiento de la contradicción que existe en Colombia entre lo que los emprendedores de memoria reconocidos están articulando contra lo que desde las posiciones hegemónicas se está tergiversando. La tesis fundamental que surge entonces es la constatación de un vacío para la violencia estructural en la memoria histórica emergente desde la oficialidad de la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras, un inmenso vacío con graves consecuencias. Las entrevistas fueron realizadas indagando acerca de los presupuestos de los emprendedores de memoria acerca de la construcción de la memoria histórica en el país, donde brillaba el asunto de su visión sobre las “batallas de la memoria”; su concepción acerca de la existencia actual de un relato o versión hegemónica en curso; su propia perspectiva acerca de la manera como ha de transmitirse lo ocurrido, considerando su experiencia como emprendedores, y por último, su perspectiva de propuesta acerca de las políticas de la memoria emergentes. Como se verá, la matriz de consenso implicó conectar las tesis compartidas en respuestas a diferentes preguntas, pero mostrando también los disensos que no obstante permiten obtener la conclusión clara acerca de la contradicción entre su perspectiva y la que se viene aceptando ampliamente como hegemónica. Así, a lo largo del trabajo se hace referencia a las categorías de violencia sociopolítica y de conflicto armado interno, en contradicción con la versión que reduce a la última la interpretación transmisible sobre lo que nos ha ocurrido con respecto a las vulneraciones a los derechos humanos. Los emprendedores de memoria nos permitirán ver esa reducción clara, en el centro del nuevo debate por los términos del reconocimiento de la victimización que hoy se celebra en el país. Las víctimas e innumerables sectores sociales que hoy participan de la “batalla por la memoria” en Colombia, mientras tanto, continúan en un nuevo escenario de disputas donde se juega la caracterización de su experiencia, como experiencia o como valor en sí; como resistencia, o como daño colateral; como legado de nuevas movilizaciones sociales contra la impunidad o como mera representación.

  1. MEMORIA HISTÓRICA: POLÍTICAS Y RELATOS GENERALES.

En los últimos años en Colombia, hablar de “memoria” con respecto a categorías como “violencia socio-política” y “conflicto”1 se ha convertido en una constante cada vez más común. Esta situación ha sido denominada de diferentes maneras: estallido, “boom”, reactivación2 . En cualquier caso, asistimos a un momento especial de abocamiento a reflexiones y propuestas circulantes sobre “lo que nos ha ocurrido”, sobre lo que “ha pasado en Colombia”, relacionadas directamente con la legitimidad de las diferentes opciones de presente y futuro, así como con las decisiones inmediatas que determinarán la vida política, económica y social, incluyendo como temas especiales en una agenda larga, la identidad, la garantía de los derechos humanos, y la paz Este posicionamiento del término “memoria” está motivado por varios factores relacionados e interdependientes que, sin embargo, implican maneras muy distintas de comprenderlo. En la cúpula, el factor que engloba la coyuntura de la reactivación es el hecho de que en el año 2002 se emprendió un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares como parte de la política de Seguridad Democrática del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez3 . De un lado, el prontuario criminal de estos grupos suscitó una atención concreta desde innumerables sectores a nivel nacional e internacional, basada en el acumulado de tratamiento de periodos represivos y de exterminio donde la memoria como “deber”4 ocupa ya un lugar insalvable, y que implicó un proceso de intervención en el curso de propuestas iniciales de impunidad hacia un marco jurídico de justicia transicional sin transición5 . Allí mismo, hay que mencionar el hecho de que durante este mismo gobierno se ejerció consecuentemente un llamado literal y permanente a “recordar”, en un contexto de polarización especial enmarcado en el ascenso de la doctrina anti-terrorista global impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos a propósito del 11 de septiembre de 2001, y desde donde se configuró una respuesta particular de incorporación del discurso de los derechos humanos, posicionado como imperativo. Así, la Seguridad Democrática impulsó también una estrategia de visibilidad y re-interpretación de los crímenes de las guerrillas, buscando su equiparación con el prototipo criminal del paramilitarismo a partir de la consolidación de la figura de “Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley”6 . Ésta estrategia fue posicionada a partir del año 2002 como significante de un tratamiento de los actores del conflicto como meros vulneradores del derecho, concentrando la atención pública en su carácter como “grupos violentos”, y deslegitimando las propuestas de solución política y negociada, así como la tesis explicativa sostenida ampliamente hasta ese momento sobre la existencia de un conflicto armado en Colombia, a cambio de la versión de la amenaza terrorista. A nivel social, constatamos en la coyuntura del “boom” una etapa singular de acumulación de fuerzas en sectores sociales objeto de diferentes prácticas de sometimiento, que han venido consolidándose en el país como expresiones de resistencia permanente y concomitante con los diferentes ciclos de violencia y conflictos armados. Éstos son hoy protagonistas de una demanda por el reconocimiento que ha incorporado recientemente el término “memoria” para designar una puja que atraviesa los temas de verdad, justicia y reparación, los cuales a su vez se refieren a los asuntos neurálgicos de la vida política, económica, social, e incluso cultural en el país. Entre tales sectores resaltan de manera especial los que reivindican verdad, justicia y reparación frente a crímenes ejecutados con responsabilidad del Estado y los grupos paramilitares, y cuyas organizaciones se vienen incubando desde los años 80 cuando se agudizaran en Colombia las prácticas de la desaparición, tortura y desplazamiento7 . Su actitud de constante resistencia, su diálogo ya consolidado a nivel internacional, y su reacción a la coyuntura del riesgo de impunidad por los crímenes cometidos a partir del proceso de desmovilización propuesto en la Ley 975 de 2005, han consolidado un movimiento protagónico8 que, entre otras, vincula hoy la memoria de los “crímenes de Estado” y/o del “terrorismo de Estado”, como perspectiva y como derecho, con un carácter mucho más claro de lo que había sido hasta ese entonces. Así mismo, inciden también sectores y agentes que sintetizan un acumulado de exigibilidad en torno al secuestro, cuya visibilidad ha venido en ascenso desde los años 90, y en torno a los cuales han surgido expresiones importantes de movilización. Es claro que la visibilidad de este crimen a propósito de su funcionalidad como argumento a favor de una política gubernamental de guerra, y de la lucha constante de los familiares de las personas secuestradas por lograr su liberación, consolidó un referente adicional de la memoria como reclamo donde los medios de comunicación han jugado un papel determinante, contando con el recurso especial de las pruebas de supervivencia como registro de la realidad trágica del conflicto, diseñado especialmente para su publicación. De igual forma, puede constatarse la emergencia de procesos de abanderamiento de la memoria desde víctimas de crímenes cometidos por el narcotráfico9 , motivados además por el paso de un periodo de 20 años desde la ejecución de una sucesión especial de crímenes ejecutados en el marco de la guerra contra la extradición, y especialmente referidos a la lucha contra la impunidad frente al riesgo de la prescripción de las acciones penales. La importancia de la clarificación de los vínculos entre narcotráfico y sectores ubicados en las altas esferas del poder del país, así como la de los magnicidios ocurridos en el marco de una denominada “guerra del narcotráfico contra la extradición” han determinado la declaratoria como crímenes de lesa humanidad de varios acontecimientos, como modesta fórmula judicial para la afirmación de la vigencia de la injusticia10 . Además de estos factores, también es necesario mencionar en el posicionamiento del término “memoria”, el impulso de exigibilidad a partir de una deuda de reconocimiento y un interés de re-significación de las luchas que diferentes grupos y sectores encuentran allí sintetizada y que se ha favorecido por la coyuntura de confluencias, en una lista que se alimenta cada día. Así, sectores de mujeres, Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales, LGTB sindicalistas, y en especial campesinos, indígenas, y afro descendientes con nociones de memoria estrechamente ligadas al asunto de “el territorio”11, han venido impulsando iniciativas y agendas de “memoria”, constituyéndose en sujetos activos del momento al que asistimos, más allá de su ubicación como grupos especialmente vulnerados en sus derechos12. Su experiencia de “resistencia” permea la exigibilidad ascendente de reconocimiento de las dinámicas de la violencia socio política, el conflicto y los sufrimientos de las víctimas, ampliando el espectro de los asuntos en juego al amplio catálogo de derechos y libertades en que se funda la noción de ciudadanía. Ahora bien. Como parte del momento mencionado, ha comenzado a generarse la preocupación específica por definir e implementar “políticas de la memoria” de carácter explícito, relativas generalmente al reconocimiento de las víctimas de acontecimientos ocurridos en el marco del conflicto y la violencia sociopolítica desde lugares tan diversos como los significados que participan de la coyuntura de posicionamiento del término mismo de “memoria”. Tales políticas de la memoria constituyen hoy un campo de estudio concreto, haciendo referencia a las múltiples iniciativas por transmitir versiones y sentidos sobre lo ocurrido, tanto sobre acontecimientos específicos, como sobre el conjunto del periodo, a través de mecanismos diversos que comparten su naturaleza como huellas o vectores de memoria13 de reconocimiento objetivado, y cuya importancia radica en que son consideradas como políticas capaces de sintetizar demandas de verdad y reconocimiento fundamentales, así como de producir efectos inmediatos en la garantía de derechos humanos y en la proyección de las decisiones sobre temas neurálgicos de la vida política y social14 . En la actualidad colombiana, encontramos de manera especial elementos iniciales de lo que se avecina como la implementación de políticas públicas de memoria institucionalizadas, a modo de políticas oficiales de gran envergadura como la construcción del Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación15 en el distrito capital y la proyección del Centro Nacional de Memoria Histórica16. Las mismas, participan de un intercambio y retroalimentación permanente con un catálogo innumerable de iniciativas oficiales y no oficiales entre las que se cuentan, desde las sentencias judiciales, hasta los informes especiales de investigación17, pasando por elaboraciones académicas, artísticas y literarias con diferentes grados de difusión, todas ellas guiadas por la premisa según la cual “es tiempo de hacer memoria”. No obstante su evidente carácter como avance en la apertura al reconocimiento de situaciones silenciadas, negadas o legitimadas a lo largo de décadas sucesivas, es necesario problematizar el proceso de emergencia actual de estas políticas. Entre otros, es problemático el hecho de que existen pocas elaboraciones acerca de las diferentes apuestas que subyacen a las mismas. Se suele asumir, desde quienes como parte de la sociedad asumen el carácter de receptores de los productos y efectos simbólicos de las políticas de la memoria, que basta con la mera representación del pasado para celebrar un avance de reconocimiento ligado a la garantía de derechos y la no repetición. Esto constituye un riesgo en la medida en que, aunque la negación como argumento legítimo ha reducido su espacio en el país y ello es motivo de satisfacción, la celebración inconsciente de los diferentes sentidos y fundamentos subyacentes implica, entre otras, que las políticas de la memoria continúan siendo un campo de “deber” del Estado, o de voluntad privada, pero aún no se constituyen en una reivindicación desde la sociedad en general, con mecanismos de exigibilidad ciertos y desde criterios clarificados.

Más allá, debemos reconocer que en el proceso de la extensión de la memoria histórica, a través de políticas de la memoria, intervienen concepciones, relaciones e intereses que determinan caminos distintos, y en ocasiones opuestos, no solo entre ellos, sino frente a objetivos que parecen implícitos y que son ética y políticamente fundamentales, como la garantía de derechos, y la movilización social frente a la no repetición. Con la remisión y la visibilidad del pasado, aún del pasado de sufrimientos y daños a los derechos humanos según formas específicas, se puede contribuir a dignificar, reconocer y transformar, pero también se pueden justificar exclusiones, nuevas vulneraciones a los derechos humanos e incluso re-victimizaciones. Por esto, en el caso colombiano debemos partir de reconocer el significado del momento en que nos encontramos. Como bien lo ha planteado Castillejo, asistimos a un «cambio de la “memoria como espectro” -cuando la pregunta por el recuerdo era evadida oficialmente- a los “espectros de la memoria” en donde el pasado violento gravita fantasmalmente como un coro de voces casi imperceptibles»18. Y este cambio, sin embargo, no se presenta en un contexto de post-conflicto, sino muy en cambio, de continuidad de las vulneraciones a los derechos humanos, de permanencia de relaciones de dominación en territorios objeto de despojo y desplazamiento. En ese sentido, debemos comprender que la emergencia de las políticas de la memoria se encuentra atravesada por el hecho de que “la memoria puede ser funcional al poder o a las resistencias”19, de manera que no es suficiente con pensar el momento de activación o de “boom” como un automático de garantía de derechos, sino también como un llamado a la reflexión sobre el “cómo” de la memoria que viene siendo un imperativo. Esta circunstancia implica la necesidad de criterios para la construcción de las políticas de la memoria; una profundización en su comprensión que permita una perspectiva de estudio capaz de proveer a la sociedad, y a quienes las implementan, de herramientas de análisis y elaboración de iniciativas, que al final redundan en la consolidación del derecho emergente a la memoria. En este trabajo, la perspectiva abordada y que se pretende desarrollar a continuación es la del problema de la memoria histórica entendida como “relato que da sentido a un periodo”20. La afirmación teórica en la que estamos asentados y que será objeto de explicación posterior, es que en la forma y contenido de uno o varios relatos que se decantan a nivel social extendido, en cuya construcción intervienen intereses y negociaciones de carácter político, se encuentra en gran medida el centro del problema de las opciones subyacentes de las políticas de la memoria, en favor de los derechos de las víctimas y de la paz, o en cambio, de la legitimidad de ciertos acontecimientos repudiables, e incluso, de la exclusión de sujetos y sectores en el campo del reconocimiento que se esperaría lograr con los escenarios que actualmente se implementan en el país. Para empezar, entonces, me propongo recoger algunos conceptos sobre la memoria “con apellidos” con el fin de aportar algunas categorías de partida para pensar el asunto de las políticas de la memoria. Vale aclarar que no es mi fin realizar un ejercicio fenomenológico de conceptos ampliamente discutidos, y que hoy se reconocen como polifónicos. Lo que me interesa en esta primera parte es desarrollar la línea de reflexión específica acerca de la memoria histórica entendida como “relato que da sentido a un periodo”, asumiendo el riesgo de indagación en medio de un campo de estudios que aunque prolijo en bibliografía, aún es incipiente en lo que se refiere a su comprensión social.

1.1.MEMORIA COLECTIVA.   

Para empezar a hablar de políticas de la memoria, tenemos que considerar el más básico de los problemas que se presentan ante el observador común, esto es, la noción de la memoria como un asunto individual de retención de recuerdos y rememoración, por fuera de lo político. Desde el punto de vista teórico, esta cuestión comenzó a ser abordada por el sociólogo Emile Durkheim a finales del siglo XIX, quien planteara el concepto de conciencia colectiva, definido como: el “conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, que constituyen un sistema determinado que tiene vida propia”21. Sobre esta base, se hizo claro en las ciencias sociales que más allá de la facultad individual de “recordar”, la memoria es un problema vinculado también con la existencia de afectaciones a nivel colectivo de determinados acontecimientos relevantes socialmente, las cuales dejan huellas, o impactos objetivamente identificables de los hechos pasados22, y que hacen parte de la vida, la reafirmación de la identidad y la constitución de la noción de “comunidad”. No obstante el avance en la ruptura del esquema de pensamiento ilustrado sobre la memoria23, el planteamiento de Durkhemin fue y continúa siendo fuertemente cuestionado como base para conceptualizar el asunto, sobre todo por la idea de una conciencia que vive por encima de los individuos. De esta suerte, fue Maurice Halbwaks quien se encargara de proponer los conceptos que posteriormente han sido más aceptados en lo que se refiere a la memoria colectiva como asunto que rebasa la individualidad, pero sin negar la subjetividad. En primer término, Halbwaks propuso la noción de “marcos sociales de la memoria”, para afirmar que la memoria se produce en marcos generales como el espacio, el tiempo, el lenguaje, la familia, la religión, que son relativos a determinados grupos sociales, y que hacen de la memoria colectiva un ejercicio intersubjetivo. De allí, queda claro que quienes “recuerdan” no son los grupos sociales, sino los individuos, pero que no lo hacen solos, sino en relación con otros, y esa interacción, sobre la base de huellas de reconocimiento de lo sucedido, y que se presenta en grupos que tienen una relación con determinados acontecimientos, ha sido denominada “memoria colectiva”24 . La importancia de esta definición, para lo que nos interesa, es que la memoria colectiva, en términos de Halbwaks, implica necesariamente la imposibilidad de que los individuos recuerden sin apelar a los contextos en los que están inscritos, y que además lo hacen a partir de la estructura de los códigos culturales que comparten con otros25. De esta manera, la posibilidad de intervención sobre dichos marcos convierte a la memoria en una preocupación esencial del poder, desde siempre, y resulta ser entonces mucho más que un lujo simbólico o un elemento del catálogo de momentos excepcionales, como los procesos “transicionales”26. De allí se advierte, entonces, la importancia que han tenido a lo largo de la historia las diferentes decisiones sobre el tratamiento del pasado, la razón por la que las ciudades y los espacios vitales están marcados por elaboradas referencias de sentido de la vida social y política, así como la naturaleza de los decretos de “perdón y olvido”. Pero aún más, a partir de una comprensión lógica sobre la naturaleza e implicaciones de los acontecimientos que se inscriben en lo que llamamos provisionalmente conflicto y violencia socio-política (en tanto que su explicación general es el objeto mismo de este trabajo), es claro que éstos son aún más relevantes en su nivel de afectación grupal, así como en cuanto a su interpretación y tratamiento posterior, como determinadores de las relaciones sociales, por lo cual son asunto de especial consideración.

1.2.MEMORIA HISTÓRICA.

Con mayor intensidad a partir de los años 80, cuando comenzaron a generarse las primeras conmemoraciones por el genocidio nazi27, la preocupación conceptual se ha centrado en el develar el asunto de la memoria como ejercicio político y jurídico. Es a partir de ese momento que proliferan en el mundo los museos, memoriales, informes y demás elaboraciones con un contenido centrado en la dimensión trágica de la vida sociopolítica, y que sustentan el contenido de la concepción actual de las políticas de la memoria como iniciativas públicas para el reconocimiento del “pasado”. Al respecto, la fundación de un punto de vista político, asume el hecho de que hacer-tener memoria es mucho más que evocar el pasado tal y como fue en realidad, y que los intereses y las relaciones en el presente son la marca que determina su desarrollo. En general, y así también en el ámbito de este estudio, la experiencia que es vivida subjetivamente, pero compartida y compartible culturalmente28, es susceptible de la agencia humana a partir del interés presente, no como un anclaje en el pasado meramente motivado por el trauma, sino por su potencialidad en la determinación del horizonte futuro de lo simbólico, entendiendo por tal en términos de Gómez Muller, “la instancia de producción de inteligibilidad práctica e histórica”29 donde se juegan también las resoluciones. De esta manera, las políticas de la memoria emergen como escenarios de dotación de sentido30, en constante transformación, determinado por las interacciones sociales como interacciones de poder. A partir de esta circunstancia, se genera un cuestionamiento a la categoría de “memoria colectiva” surgida en el plano sociológico. Como noción de memoria compartida con un nivel de vinculación o experiencia con acontecimientos y con grupos sociales donde se produce, plantea preguntas fundamentales acerca de la vinculación de la sociedad ampliamente considerada, cada vez en un espectro más ancho como lo supone la existencia de problemas como los de la violencia política, los conflictos y las prácticas de sometimiento, globalizados y de implicación de la humanidad. De otro modo, la pregunta se ha referido a quiénes están dentro del grupo donde se construye la memoria colectiva, y qué categoría y posición entonces deben asumir los que están “fuera” a partir del ascenso de políticas que proponen sentidos e interpretaciones de acontecimientos y procesos sociales de manera amplia. Este debate, además, ha estado determinado por el advenimiento del concepto de “víctima”, que desde el punto de vista de los estudios de memoria, vincula básicamente un nivel de experiencia directo con los acontecimientos objeto de rememoración (de conflicto y violencia socio-política en este caso), y de pertenencia y papel privilegiado en el grupo social donde se construye memoria colectiva. Sobre esto último, existen posiciones que plantean que, ya que la memoria sería propiedad de grupos sociales con niveles de relación con acontecimientos determinados, aquellos que no pertenecen a esos grupos carecen de legitimidad para hacer-tener “memoria” (colectiva), de suerte que solo les queda la posibilidad de conocer el pasado a través de la historia, que se encargaría de permitir el conocimiento de lo ocurrido con una distancia objetiva. Otros, en cambio, han propuesto la idea de una implicación social amplia de los acontecimientos relevantes socialmente, como los de la violencia política, de suerte que reclaman una invocación de la memoria colectiva como una propiedad extendida, más allá de los grupos comprometidos directamente con vulneraciones a derechos humanos31 . El debate inaugurado no es de poca monta. La cuestión que subyace al mismo es la de la posibilidad de lograr una vinculación de la sociedad en su conjunto con lo que implica la memoria como reivindicación presente, relacionada con la no repetición de los acontecimientos elevados al repudio:

“Paradójicamente, si la legitimidad social para expresar la memoria colectiva es socialmente asignada a aquellos que tuvieron una experiencia personal de sufrimiento corporal, esta autoridad simbólica puede fácilmente deslizarse (consciente o inconscientemente) a un reclamo monopólico del sentido y del contenido de la memoria y de la verdad. (…) Hay aquí un doble peligro histórico: el olvido y el vacío institucional, por un lado, que convierte a las memorias en memorias literales de propiedad intransferible e incomprensible”. 32 En gran medida con motivo de estos cuestionamientos ha emergido el concepto de memoria histórica, cuya definición se encuentra menos clarificada en las ciencias sociales, pero que se ha popularizado como escenario donde hoy se discuten con potencia las cuestiones acerca de la memoria como un problema de la sociedad, de políticas que rebasan a un grupo determinable de afectados por acontecimientos concretos. Al respecto, una explicación ejemplar desde el caso catalán de las políticas de la memoria en la etapa post-franquista nos es compartida por Vinyes: “Recuperar la memoria histórica” (es) una expresión surgida en aquellos años, y que no era más que una metáfora de esta evocación por el conocimiento, no necesariamente histórico y académico, sino también ansia de un relato o relatos, que permitiera comprender, qué había sucedido, en qué acontecimientos y luchas del pasado se podían identificar los principios democráticos que ahora se institucionalizaban, por qué eran justos, qué les hacía justos, qué cantos, qué himno, qué nombres de hombres y mujeres ejemplificaban la libertad, la justicia social(…)cuáles habían sido los costes sociales más allá de la experiencia singular e individual”. 33 Sobre este particular, se ha reconocido la evidencia de que la distinción entre memoria colectiva e histórica es artificial34.No obstante, es de asumirse también que esto solo implica la confluencia entre memorias colectivas e históricas en determinados momentos, pero no elude el hecho de que cuando centramos el análisis en los receptores de las políticas de la memoria, entre quienes se cuentan quienes no han sido objeto directo de determinadas prácticas de sometimiento, así como de las generaciones posteriores a los acontecimientos o desligadas directamente de los mismos, la categoría de memoria histórica no deja de ser útil.35 En tal sentido, la definición más extendida propone que la memoria histórica es “memoria prestada de los acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado personalmente, y a la que llega por medio de documentos de diverso tipo”.36 Así, la resolución a que nos lleva este debate teórico, tiene que ver con la concepción acerca de la memoria histórica, en primer lugar, como campo de vinculación de las víctimas y de la sociedad, de diálogo necesario y permanente, de comprometimiento de cuestiones que rebasan a los acontecimientos de violencia política y a los actos de sometimiento. Si bien es necesario aceptar una distancia entre quienes han vivido directamente ciertos procesos y acontecimientos y quienes los reconocen por medio de huellas, relatos y demás elementos de rememoración, el concepto de memoria histórica supone, de entrada, una concepción acerca del objeto de la memoria histórica como un problema de políticas en tanto problema social general. Y las razones de esta concepción están en la forma como se comprenden los acontecimientos y los periodos memorables donde hoy se centra el análisis político, como acontecimientos de afectación y responsabilidad sociales, más allá de los directamente afectados. En particular, los actos de violencia política y de conflicto son considerados hoy actos de estructuración de las sociedades, generadores de pasividad, de miedo generalizado y de dominaciones físicas y político-simbólicas37 extendidas, y las medidas de memoria histórica como medidas que pueden comprometer ampliamente a la misma sociedad para su solución, por lo que se consideran problemas que rebasan, sin excluir ni negar su condición concreta, a quienes han sido vulnerados en sus derechos humanos desde el punto de vista jurídico. Allí, entonces, la pertinencia y la necesidad de hablar y de pensar en políticas que se dirigen a un reconocimiento que constituye un derecho. En relación con lo anterior, el concepto de memoria histórica conlleva un significado reivindicativo más concreto, referido a los efectos “simbólicos” e incluso psicológicos de las prácticas de sometimiento, de los conflictos, etc., referidos a la sociedad, “sujeto” de las políticas. Básicamente existe una conclusión sólida acerca de que el ejercicio de la violencia política a gran escala, vinculando la ejecución de crímenes contra la humanidad, tiene por objetivo y efecto, la definición de las interpretaciones extendidas sobre “lo ocurrido”, asunto sintetizado en la famosa frase según la cual la “historia la escriben los vencedores”. Pero más allá, dicho efecto se considera como un despojo de capacidad de articulación histórica en las víctimas y en las sociedades en general, vinculadas como se afirmó anteriormente, como correlativo de la imposición pretendida con la “victoria” violenta. Desde allí, el concepto de memoria histórica emerge políticamente también como concepto de la “recuperación” de la capacidad de articulación, de comprensión, de enfrentamiento del miedo, y demás efectos buscados con el sometimiento38. Como veremos en el siguiente capítulo, esta noción es de gran importancia en lo que se refiere a la posibilidad de consolidar una afirmación sobre la corrección de las políticas de la memoria. En el mismo marco de la mirada política, se han decantado los elementos de las definiciones de memoria histórica concentrando la caracterización en el hecho de que la transmisión como sustento de construcción de una memoria que vincula a la sociedad más allá de las víctimas y que trasciende generacionalmente, se produce a partir de huellas o “vehículos de memoria”, sí, pero no como verdad detallada surgida de los mismos, sino como narrativa de carácter general que “da sentido a un periodo”39 . En ese sentido, la memoria histórica supone, así, el proceso de ampliación social de interpretaciones sobre acontecimientos que son vividos por personas o grupos de manera más inmediata, a través de mecanismos de reconocimiento, pero el cual ocurre sobre un tipo de relato de carácter esquemático, simplificado” 40 . De otra manera, la transmisión es, no de las conmemoraciones, ni de los monumentos, ni de los registros, sino de un tipo de narración surgente de los mismos, que “más que ser un fiel reflejo de lo ocurrido, suele estar constituida por generalizaciones, en las que el aprendizaje, acertado o no, que los miembros del grupo extraen de ella suele primar sobre el rigor histórico con que se presenta”41. Como bien lo plantea Aguilar, “esta construcción tiene dos notas centrales. Primero, el pasado cobra sentido en su enlace con el presente en el acto de rememorar/olvidar. Segundo, esta interrogación sobre el pasado es un proceso subjetivo; es siempre activo y construido socialmente, en diálogo e interacción”42 . Así, la memoria histórica puede definirse como memoria extendida en tanto “relato que confiere sentido general a un periodo”, el cual encuentra su fundamento en huellas y vehículos de reconocimiento del “pasado”, y las cuales son el producto de estrategias de dotación de sentido. Este “relato”, en el caso en que se acepta ampliamente en la sociedad y se posiciona como versión hegemónica ha recibido el calificativo de “memoria emblemática”43 el cual fundamenta en mayor medida las políticas oficiales de la memoria, y determina en gran medida el conjunto de las iniciativas que existen en cada contexto al respecto, constituyéndose en núcleo de un “régimen”44 de comprensión del pasado, desde el presente. “Propongo el concepto de régimen de memoria para retratar aquellas memorias emblemáticas que se tornan hegemónicas en la escena pública y a instaurar, a través de prácticas y discursos diversos, los marcos de selección de lo memorable y las claves interpretativas y los estilos narrativos para evocarlo, pensarlo y transmitirlo. Los regímenes de memoria son el resultado de relaciones de poder, y a la vez, contribuyen a su reproducción. Sin embargo, si bien su configuración y expansión en la esfera pública son producto de la relación entre fuerzas políticas, también obedecen a la integración de sentidos sobre el pasado producidos por actores que, al calor de sus luchas contra las ideas dominantes, logran elaborar e imponer sus propios marcos interpretativos” 45 . Así las cosas, al plantearse el problema de las apuestas u opciones subyacentes de las políticas de la memoria se ha planteado como tema de especial relevancia el de la memoria histórica en el sentido indicado, es decir, como relato general emblemático. La razón fundamental es que de la manera como logran posicionarse las versiones y sentidos desde un relato particular extendido, aceptado socialmente, depende a su vez la manera en que, por ejemplo, se relevan determinados aspectos de lo ocurrido; se les concibe como superados o vigentes; se atribuyen responsabilidades y se rescatan valores. Básicamente, ese relato implica “los marcos de selección de lo memorable y las claves interpretativas y estilos narrativos para evocarlo, pensarlo y transmitirlo”46 . Así, podemos encontrar incontables referencias internacionales. “Doctrina de los dos Demonios”; “Nunca Más” y “Memoria Democrática” son apenas tres de los más conocidos referentes de “relatos emblemáticos” para comprender el “pasado” e implementar políticas de la memoria, en el Cono Sur Latinoamericano, los dos primeros, y el tercero en España. La recuperación de antiguos centros de detención como “La Esma”47 o “La Perla”, la construcción de parques como “Villa Grimaldi”, o del “Memorial Democrático en Catalunya” 48 se encuentra atravesada por la pregunta acerca de ¿qué clase de versión sustenta el tipo de política a desarrollar, y a su vez, que clase de sentido interpretativo debe impulsarse de acuerdo al consenso y la corrección política, jurídica y ética? Dichas narrativas hegemónicas conformadoras de un régimen de memoria que existe en cada contexto particular, “son el resultado de relaciones de poder, y a la vez, contribuyen a su reproducción. Sin embargo, si bien su configuración y expansión en la esfera pública son producto de la relación entre fuerzas políticas, también obedecen a la integración de sentidos sobre el pasado producidos por actores que, al calor de sus luchas contra las ideas dominantes, logran elaborar e imponer sus propios marcos interpretativos” 49 . “La conformación de los regímenes de memoria es compleja, ya que supone la adopción, por diversos actores, de núcleos propositivos comunes para evocar el pasado. Sin embargo, nunca un régimen de memoria logra uniformizar la evocación del pasado, o evitar que circulen interpretaciones diferentes u opuestas a sus postulados. Estos conflictos no invalidan, sino que incluso, cuando no rebasan ciertos marcos, contribuyen a su reproducción en el tiempo. Justamente la propiedad distintiva de un régimen de memoria radica en que sus proposiciones organizan el debate público, se convierten en objeto privilegiado de las luchas por dotar de sentido el pasado, y moldean, e incluso delimitan, las interpretaciones divergentes” 50 Lo que se encuentra en juego en el proceso de construcción de relatos emblemáticos, es que la perspectiva reivindicativa “desde las víctimas y la sociedad-víctima”51, interpela la comprensión de las disputas que determinan la conformación de la memoria histórica como un juego de verdades relativas, es decir, cuestiona la posibilidad de que una narrativa se considere hegemónica por resolución de una batalla entre actores libres e iguales frente a una sociedad que debe hacer un juicio y “sacar sus propias conclusiones”. La emergencia de las políticas de la memoria supone un debate, situándonos en el caso colombiano, pero igualmente válido en general, que no solo es de las versiones que se contraponen acerca de lo ocurrido, sino también acerca de la funcionalidad que cumplen ciertos relatos con respecto a las opciones que legitiman sobre los problemas presentes; de garantía de derechos, de aperturas o cierres para la paz, de aval para la impunidad de ciertos crímenes, etc., así como acerca de su fundamento fáctico comprobable. Esto es así en la medida en que la memoria histórica, como lo mencionamos, se concibe como objeto mismo de vulneración, atacada por prácticas de sometimiento que la desconfigura, la fragmenta y la desnaturaliza, favoreciendo el miedo y la inmovilidad social para enfrentar las amenazas de vulneración a la dignidad o los efectos que se pretenden imponer con las mismas. En ese sentido, se reclama como sustento de las políticas de la memoria, como núcleo del “régimen de memoria”, no cualquier relato, sino uno que enfrente el riesgo de que el mismo sea subsumido por una visión que se muestre vinculada a la consolidación de los objetivos de definición histórica desde la ejecución de los actos de vulneración de derechos humanos. A qué debe responder ese relato, cuáles son sus criterios de construcción de manera que no quede al arbitrio de una posición que reclame la autoridad para la determinación de qué es lo se desprende del mismo constituye una pregunta nodal en los estudios de memoria en la actualidad. En la contracara, cuál es la relación entre memoria y verdad y la manera como se asegura la libre expresión en un marco democrático donde no se castigue la misma. No pretendemos solucionar estas cuestiones en este trabajo. Baste decir que nuestra posición no es la de cerrar el campo de expresión de múltiples versiones y sentidos que se proponen con fundamento cierto, pero que si considero necesario distinguir entre memoria histórica e ideología, entre hegemonía coherente con la garantía de derechos y relatos emblemáticos funcionales a la dominación, y allí, aportar elementos de corrección sobre el proceso de construcción de los relatos generales que al ser apropiados socialmente suponen un salto de la memoria como voluntad, a la memoria como derecho. Tales cuestiones serán abordadas en el siguiente capítulo. Para ello, lo que se impone es que nos aboquemos sobre el asunto de la hegemonía con respecto a la memoria histórica en el sentido en que ha quedado planteada aquí. En Colombia ciertamente el “boom” de la memoria supone la apertura de este debate específico por la construcción de memoria histórica, claro está, en medio del conflicto. Por ello, no dejan de escucharse voces escépticas que auguran la imposibilidad de un relato emblemático en sí, o de uno que responda a un criterio de reparación a las víctimas. Sin embargo, como lo ha planteado Castillejo, avanzan ya procesos de consolidación de dichos relatos que merecen respuestas y posiciones críticas. En particular, a partir de la Ley de Justicia y Paz, “hay una redefinición del pasado (…) la cual contiene una serie de definiciones sobre la violencia y sobre los actores violentos, que de por sí, cambian las maneras como se ha entendido este país, y que a mi modo de ver despolitizan complemente el debate”52 . Por este motivo, este trabajo asume el riesgo de indagar acerca de ese proceso en un momento específico, desentrañando criterios y concepciones teóricos y desde agentes concretos que tiene un papel protagónico en el proceso de construcción de políticas de la memoria de gran envergadura. Concretamente, el objetivo es encontrar una matriz de consenso entre los agentes protagónicos mencionados, y que definiremos posteriormente como emprendedores de memoria acerca del proceso de construcción de un relato articulador sobre el periodo denominado preliminarmente como de conflicto y violencia socio-política. Esto sin duda permitirá lograr una contribución pertinente en lo que se refiere al proceso de la memoria “en medio del conflicto”.

Notas.

1 Los términos “violencia sociopolítica y conflicto” son usados en este trabajo de manera pedagógica, en la medida en que el relato general que da sentido al periodo que caracterizan, es el objeto mismo del escrito. Sin embargo, su uso alude a un punto de partida sobre las categorías jurídico-políticas actuales para referirnos a la historia reciente colombiana en términos del marco de vulneraciones a los derechos humanos. De un lado, se hace alusión a la existencia de una situación reconocida en diferentes leyes nacionales, como la Ley 418 de 1997 sobre Orden Público, correspondiente con la calificación de “conflicto armado de carácter no internacional”, inscrita en el artículo 1 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra: “Conflictos armados” (…) [aquellos] “que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante [es decir Estado firmante] entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (…)”. Por violencia socio-política, se alude a la existencia también acreditada en Colombia de una ejecución sistemática de vulneraciones a los derechos humanos en impunidad, motivada por un interés de acumulación de poder político y económico que se superpone con la confrontación entre actores armados, como ataque contra la población civil, y como consecuencia de la cual son violentados sectores políticos y sociales de acuerdo con prácticas delimitables que se diferencian de las situaciones de violencia común. Ver: Organización De Las Naciones Unidas (ONU). Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

2 Estos términos son usados por diferentes autores en diferentes publicaciones y escenarios de discusión. Los recogidos aquí han sido mencionados de manera recurrente en seminarios y congresos realizados en Colombia desde el año 2005. Ver: JELIN Elizabeth. Los trabajos de la memoria, Madrid. Siglo XXI ed, 2002.

3 Es importante señalar que después de seis años de iniciado el proceso de desmovilización, en 2011 se contaron en el país estructuras vigentes de grupos narcoparamilitares en, por lo menos, 360 municipios del país. Ver: INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ. INDEPAZ. V Informe actualizado sobre paramilitares en 2010. Internet: www.indepaz.org.co

4 La asunción de un marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares significó la observancia obligatoria de las normas internacionales sobre derechos humanos y de las víctimas que hacen parte del Bloque de constitucionalidad. Allí aparece el “deber” de memoria definido como el deber de conservación para el acceso público, por parte del Estado, de diversos mecanismos que permiten la identificación de los hechos. “Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas”. (Principio2.) Ver: BOTERO Catalina y RESTREPO Esteban.“Estándares Internacionales y Proceso de transición en Colombia” Centro de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJuSticia ¿Justicia Transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá. Ediciones Antropos, 2006. P. 72.

5 Dicha atención determinó varias intervenciones sobre el proceso de aprobación de la ley para el proceso de desmovilización, denominada “Ley de Justicia y Paz, las cuales encontraron un punto culminante en la sentencia C-370 de 2006, con la que se afirmó el inicio de un proceso de “justicia transicional” donde se constata el reconocimiento explícito de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. No obstante, perviven fuertes cuestionamientos acerca de la naturaleza y horizonte del proceso mismo, la continuidad del paramilitarismo, la efectividad interna y externa de las medidas establecidas y la perspectiva impulsada por el gobierno para comprenderlas. Ver: UPRIMNY RODRIGO y SAFFON MARIA P. ¿Al fin, ley de justicia y paz? La ley 975 de 2006 tras el fallo de la corte Constitucional. En: ¿Justicia Transicional sin transición?. Verdad, justicia y reparación para Colombia. Centro de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJuSticia, Bogotá, Ediciones Anthropos, 2006.

6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 782 de 2002. “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”. Diario Oficial No. 45.043, de 23 de diciembre de 2002.

7 Las primeras organizaciones de familiares de víctimas en Colombia, sostenidas hasta la actualidad, aparecen a partir de la ejecución de políticas represivas en el marco del Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) decretado por el presidente Julio César Turbay (1978- 1982). En ese marco ocurre la marcha de los Claveles Blancos que se cuenta como antecedente de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES a la que sucederán otras expresiones organizativas. Hoy, pueden mencionarse de manera relevante, además al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y a la Coordinación de Víctimas y Familiares de Genocidio contra la Unión Patriótica, las cuales suman el conjunto de organizaciones de víctimas organizadas más grande del país.

8 El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado es hoy la organización de víctimas con mayor número de integrantes en Colombia con más de 300 organizaciones, y la que tiene mayor capacidad de incidencia a nivel nacional e internacional en lo que se refiere a cuestiones como el litigio y la denuncia internacional, no obstante su decisión de abstinencia para el ejercicio de ciertas interlocuciones específicas, como en el caso de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ver, Internet: www.movimientodevictimas.org

9 Para ejemplificar, se pueden contar organizaciones como la Fundación Colombia con Memoria, liderada por familiares de víctimas del atentado en 1989 contra el vuelo 1803 de la aerolínea Avianca y en el que murieron 107 personas.

10 Entre los casos más emblemáticos resaltan la declaratoria como crímenes de lesa humanidad por parte de la Fiscalía General de la Nacional de los asesinatos de Luis Carlos Galán Sarmiento y Bernardo Jaramillo Ossa, así como el del propio atentado al vuelo 1803.

11 GRUESO Libia. El papel de la memoria en la reconstrucción del sujeto colectivo de derechos; el caso de las comunidades negras en Colombia. En: AAVV. Memorias. Diplomado Comunidades afrocolombianas y memoria histórica en el marco de justicia y paz. Embajada de la República Federal de Alemania. INDEPAZ. GTZ. Bogotá. Alvi impresores, 2010.

12 Diferentes estudios acreditan una afectación especial en los grupos indígenas y afrocolombianos por actos de violencia socio-política, debido a una combinación entre una ubicación en sectores de importancia estratégica para la acumulación de recursos y el desarrollo de confrontaciones armadas, así como por la preservación de formas de relación e intercambio opuestas a las lógicas de dominación que suponen la apropiación de recursos. Ver: MARIN ORTIZ Iris. La ley de justicia y paz y el Auto 005. Los derechos de la población afrocolombiana víctima del conflicto armado. En: AAVV. Memorias. Diplomado Comunidades afrocolombianas y memoria histórica en el marco de justicia y paz. Op.cit.

13 Definidos como objetos semióticos que sirven de mediación. Al decir de Henry Russo, podemos distinguir entre estos, por lo menos cuatro tipos: los oficiales (monumentos, ceremonias, celebraciones organizadas por los gobiernos); los organizacionales (relativos a las prácticas de memoria de los grupos, trabajadores, soldados, victimas, etc.); los culturales (el cine, la TV, la literatura); y los eruditos. Ver: HENRY RUSSO. “The Vichy Syndrome”. Citado por: SILVINA JENSEN Silvina. “Del viaje no deseado al viaje de retorno” JELIN Elizabeth y LONGONI Ana (Comp.) Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión. Madrid, Siglo XXI Editores, 2005. P. 169.

14 La definición que se presenta aquí comparte los aspectos sustanciales de la presentada por AGUILAR FERNANDEZ Paloma. Políticas de la memoria y memorias de la política. Alianza Editorial, Madrid, 2008. P. 53.

15 Proyecto de la Secretaria de Gobierno de Bogotá para la creación del primer centro físico dedicado a la memoria relativa al conflicto y la violencia socio-política en Colombia. Ver. CENTRO DEL BICENTENARIO: MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN Internet: www.centromemoria.gov.co

16 Ver: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. S.d. 10 de junio de 2011

17 Destacan los trabajos del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creado en el marco de la Ley 975 de 2005 el cual ha generado los siguientes informes en orden sucesivo, con corte a julio de 2011: “Trujillo una tragedia que no cesa” (2008); “La masacre del Salado”(2009); “La masacre de Bahía Bortete” (2010); “ Bojayá”(2010); “La Rochela” (2010); “La tierra en Disputa”(2010).

18 CASTILLEJO Alejandro. Iluminan tanto como oscurecen: de las violencias y las memorias en la Colombia actual. En: AAVV. Memoria, silencio y acción psicosocial. Reflexiones sobre por qué recordar en Colombia. Cátedra Libre Martín Baró, Fundación Mundos Posibles, Fundación Manuel Cepeda. Bogotá. Ediciones Cátedra Libre, 2010. P. 22. 19 CALVEIRO Pilar. Los usos políticos de la memoria. Argentina. S.D, 2006. P. 379.

20 GOMEZ MULLER Alfredo. La reconstrucción de Colombia. Escritos políticos. Medellín. La Carreta política, 2008. P. 12.

21 BERGALLI Roberto. La memoria colectiva como deber social. En: BERGALLI Roberto. y RIVERA Iñaki.(Coords). Memoria Colectiva como deber social, Barcelona, Anthropos, 2010. P.6. 22 SANCHEZ Gonzalo. Guerras, memoria e historia, Bogotá. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003. p. 26 23 En la concepción ilustrada la memoria aparece fundamentalmente como el proceso de almacenamiento del efecto que los objetos exteriores al cuerpo humano provocan en los órganos de los sentidos. Ver: MONTESPERELLI Paolo. Sociología de la memoria. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión, 2003. p. 11.

24 JELIN Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Op.cit .p. 22.

25 Ibídem 26 LE GOFF Jacques. El orden de la memoria. Barcelona. Paidós, 1992. p. 134.

27 JELIN Elizabeth. Los trabajos de la memoria. op. cit., p 10

28 Ibídem, p 22

29 GOMEZ MULLER Alfredo. La reconstrucción de Colombia. Escritos políticos. Op.cit. P. 13.

30 Ibídem, P. 27

31 Esta es la perspectiva asumida desde BERGALLI. Ver: BERGALLI Roberto. y RIVERA Iñaki.(Coords). Memoria Colectiva como deber social. Op.cit.

32 JELIN Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Op.cit. P. 62.

33 VINYES Ricard. La memoria como política pública. En: GUIXÉ Jordi y INIESTA Montserrat (ed.) Políticas Públicas de la memoria. I Coloquio Internacional Memorial Democratic. Barcelona. Editorial Milenio, 2009. P. 32.

34 AGUILAR Paloma. Políticas de la memoria y memorias de la política. Op.cit. p. 59.

35 Ibídem. p. 62.

36 AGUILAR Paloma. Políticas de la memoria y memorias de la política. Op.cit. p. 44.

37 CALVEIRO Pilar. Los usos políticos de la memoria. Op.cit.

38 KLEIN, Naomi. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona. Paidós, 2007.

39 GOMEZ MULLER Alfredo. La reconstrucción de Colombia. Escritos políticos. Op.cit. p. 12.

40 JELIN Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Op.cit. P. 51.

41 AGUILAR Paloma. Políticas de la memoria y memorias de la política. Op.cit. p. 6.

42 AGUILAR Paloma. Políticas de la memoria y memorias de la política. Op.cit. p. 27.

43 CRENZEL Emilio. La historia política del Nunca Más. Buenos Aires. Siglo XXI Editores, 2008. P. 27.

44 Ibídem. p. 24.

45 Ibídem. p. 24.

46 CRENZEL Emilio. La historia política del Nunca Más. Op.cit.

47 Para ilustrar la crítica a los procesos de construcción de políticas de la memoria, Vezetti ha planteado sus objeciones al proyecto de recuperación de la Antigua Escuela de Mecánica de la Armada para su conversión en museo, por el hecho de que éste lugar según sus términos “ el sitio reaparece periódicamente en los medios a través de la visita de algunos elegidos, ya que está cerrado a los simples ciudadanos”. Ver: VEZZETTI, Hugo. Sobre la violencia revolucionaria. Buenos Aires. Siglo XXI, 2009.

48 Los ejemplos mencionados hacen alusión representativa a una serie de “lugares de memoria” construidos como museos o centros, algunos de los cuales implican la recuperación de antiguos lugares dedicados a la ejecución de vulneraciones a los derechos humanos, y otros construidos privilegiando la toma de espacios públicos habilitados. Algunos ejemplos adicionales de iniciativas: Algunos ejemplos del avance internacional de los ejercicios de recuperación de la memoria: Fundación Topografía del Terror (Alemania), Museo Memorial del Holocausto (Washington D.C.), Instituto Espacio para la Memoria(Argentina), Fils et Filles de Républicains Espagnols et Infants de l´exode (Francia), Europe de la Mémoire (Francia), Museu de la Resistència del Delfinat (Francia), Memorial (Russia), Instituto para la justicia y la reconciliación (Sud-áfrica), Comisiones Provinciales de la Memoria (Argentina), Ciudad Alfaro (Ecuador).Ver. MEMORIAL DEMOCRATIC. Internet: www.memorialdemocratic.org

49 CRENZEL Emilio. La historia política del Nunca Más. Op.cit. p. 24.

50 Ibídem. p. 25.

51 GOMEZ MULLER Alfredo. La reconstrucción de Colombia. Escritos políticos. Op.cit. p. 15.

52 CASTILLEJO Alejandro. Iluminan tanto como oscurecen: de las violencias y las memorias en la Colombia actual. Op.cit. P. 32.

Fuente: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/1467/AntequeraGuzmanJoseDario2011.pdf;jsessionid=55BBF8985D3D13619C81E65ED6056E7C?sequence=1

Publicado por:

David Macias

January 14

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