No es normal que sigan los asesinatos de líderes sociales’. Diana Sanchez.

Diana Sanchez de Minga.

Directora de Asociación Minga afirma que darles visibilidad es clave para evitar que los asesinen.

Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga.

Por: Yamid Amat 

28 de julio 2019 , 09:51 a.m.

“¡Paremos esto, que es una barbarie!”, fue el mensaje que el país entero envió el viernes pasado, con las gigantescas marchas que rechazaron la matanza de líderes sociales.

En 57 ciudades de Colombia y 53 del exterior, cientos de miles de personas participaron en plantones y marchas de protesta por los asesinatos. En Colombia, 982 líderes sociales han sido amenazados en el último año, y la Defensoría del Pueblo ha informado que desde enero de 2016 al 30 de mayo de este año, han sido asesinado 482 líderes.

Una de las organizaciones que participaron en las marchas fue Minga, entidad de derechos humanos que dirige una de las activistas más conocidas y respetadas del país: Diana Sánchez. Ella, además, hace parte del comité de impulso de la mesa social para la paz. Es también la coordinadora del programa ‘Somos defensores de la paz’.

Diana tiene una maestría en análisis político del Externado y un diplomado de la Universidad de Ginebra en acción humanitaria y derechos humanos.

¿Quiénes son los llamados líderes sociales?

Tenemos una dificultad como sociedad y es que lo que no existe en una ley pareciera que no existiera; pero en la realidad, en el sentimiento y en la cultura cotidiana, sí existe. Un presidente de junta de acción comunal es un líder, ¿por qué? Porque tiene un liderazgo en su territorio; cuando llega una empresa a intervenir, ¿a quién buscan? Al presidente de la junta. Cuando llega la guerrilla, ¿a quién busca? Al presidente de la junta. Él es quien lidera esa comunidad para solucionar sus problemas, es un concepto que se va construyendo.

Multitud en Bogota clama por los lideres sociales.

¿Por qué los están asesinando?

Porque enfrentan los poderes reales en los territorios, llámense mafias, o contrabandistas de gasolina, o por narcotráfico o por minera ilegal.

¿No es que haya una organización de asesinos de líderes comunales o sociales?

No, no hay un aparato con estructura para asesinar líderes. Lo que defienden en muchos casos son los derechos económicos, sociales y culturales, que en últimas son derecho a la vivienda, a la salud, a la carretera, a la educación, al medioambiente, a la paz.

¿Cómo definiría a los líderes sociales?

En general, son personas que están luchando por sus derechos, son personas que nacen en sectores marginados y excluidos. Lo que quieren es que se atiendan los derechos de unas comunidades que están marginadas y a las que les hace falta todo.

¿Y qué efecto sobre la seguridad de los líderes tendrán las marchas del viernes?

Yo estoy segura de que esto que pasó el viernes es un llamado de atención muy importante como sociedad para decir: “Paremos esto, que esto es una barbarie”. Esto debe provocar que el Estado en su conjunto, que las autoridades reaccionen más porque hay que generar garantías. Estas movilizaciones inmensas, como las que hicieron los estudiantes, como la que hubo contra el secuestro, y como la que se realizó el viernes, en todas partes, recoge el sentimiento de una población. Son un paso fundamental para que el Estado vea que este es un tema serio, que es indispensable enfrentar y solucionar.

Los altos funcionarios tienen que recibir estas movilizaciones como un llamado de atención para que cambien el chip frente a la violencia. Estamos empezando a avanzar para ser una sociedad civilizada

¿Qué la hace a usted pensar que la barbarie que está ocurriendo con el asesinato de estos dirigentes cívicos puede disminuir o desaparecer por la marcha?

Los funcionarios públicos territoriales y todos en general van entendiendo que ellos tienen una responsabilidad. El movimiento de derechos humanos, al que yo pertenezco, que es pequeño pero hace bulla, insiste en que estas violencias no se pueden permitir pero están siendo legitimadas por la misma sociedad porque nunca nos habíamos movilizado masivamente para rechazar estos asesinatos selectivos. El alcalde y el policía tienen que ver con esto en su localidad. Las marchas se hicieron para entrar en las venas de un Estado que corre el riesgo de la naturalización de la violencia. Yo creo que los altos funcionarios tienen que recibir estas movilizaciones como un llamado de atención para que cambien el chip frente a la violencia. Estamos empezando a avanzar para ser una sociedad civilizada.

Crece la lista de lideres asesinados.

¿Quiénes están asesinando a los líderes?

Muchos: grupos sucesores del paramilitarismo, como en Córdoba; quienes financian a esos grupos; quienes defienden intereses económicos y políticos; los narcotraficantes, los explotadores ilegales de minerales, los excombatientes de las Farc, disidentes; los que desplazaron y ocuparon tierras. Muchos.

¿Por qué están asesinando?

Porque los líderes sociales se oponen a los intereses de estos grupos; entonces matan porque el campesino sustituye la siembra de coca. Los asesinatos de líderes se originan en la lucha por el control territorial. En otras zonas de asesinatos, como el bajo Cauca antioqueño, opera el clan del Golfo que tiene asociados en Tierralta, en el sur de Córdoba.

¿Con las marchas del viernes podría decirse que comenzó el fin de la barbarie?

Yo no podría decir eso. Lo que se busca es sensibilizar al máximo a la sociedad, desnaturalizar la violencia, no aceptar más la violencia.

Sí. Cuando una sociedad calla, esa sociedad otorga. Nosotros como sociedad lo hemos permitido hasta ahora porque hemos guardado silencio, no hemos protestado contra semejante matanza. Ojalá este sea el comienzo de un proceso. Lo suponemos largo, porque tenemos unas raíces muy profundas de violencia endémica, pero ojalá sea el inicio del camino para desnaturalizar la violencia y los asesinatos.

¿Desnaturalizar?

Sí. Por ejemplo, matan a una persona en la calle, nosotros lo vemos y decimos: “pobre familia, ¿quién sería?”. Nada más. La violencia, la muerte violenta no nos sorprende. Doce mil personas asesinadas violentamente en el país cada año es inaudito, inaceptable. Y no hemos hecho nunca una movilización contra eso; nos quedamos con que Medicina Legal siga contabilizando muertes violentas.

¿Hay organizaciones que pagan sicarios para asesinar líderes?

Son grupos para seguir controlando los territorios, por muchos intereses: el de las rutas para el narcotráfico, el de la posesión de la tierra, sea para ganadería, sea para palma, sea para extracción de recursos naturales, de todas formas para acumular riqueza. Mire: en el acuerdo de paz con las Farc quedó el punto 3.4, donde se habla de garantías, y dispone de 13 dispositivos jurídicos muy importantes; dentro de ellos está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; el mandato para esa comisión es crear la política de desmantelamiento del crimen organizado y ahí se llaman “sucesores del paramilitarismo”. Hicimos experiencias piloto para identificar quiénes son los financiadores de los grupos que asesinan líderes sociales, pues quien financia, mata y cada cierto tiempo cambia de sicarios.

Indignacion social por el asesinato de los lideres.

¿Y qué se hizo con ese estudio piloto?

Nada. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha avanzado.

¿Este fenómeno de la violencia no es una conducta patológica nacional?

Claro, eso es algo que también pretendíamos con la movilización del viernes; justamente, empezar a llamarnos a nosotros mismos la atención, de decir, esto no es normal; si lo hemos visto normal toda la vida, ya llegó un punto de inflexión donde no lo podemos soportar; esto tendrá un impacto impresionante en el país. Este es un problema estructural, profundo, importante; es un llamado para que se desmonte y se desmantele el crimen organizado, que está detrás de los asesinatos, y que se deje de estigmatizar a los líderes sociales y, en general, al movimiento social en Colombia. Entonces es muy importante que el Presidente asuma generar garantías para que a las personas no las sigan asesinando ni judicializando; son muchas formas de violencia; las mujeres, por ejemplo, también están muy violentadas en los territorios y con violación y mucha sevicia.

La concentración en la plazoleta de San Francisco duró más de tres horas, tiempo en el que se realizaron distintas actividades enfocadas en la paz.

¿Cuáles son las cosas que se deberían hacer por parte del Estado y autoridades?

Dentro del movimiento ‘Defendamos la paz’, tenemos tres ejes de trabajo en los que estamos insistiendo al Estado y al Gobierno. Uno: que se cumplan a cabalidad los acuerdos de paz; ahí hay unas normas fundamentales para las garantías; dos: solucionar el problema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que genera unos contextos propicios para que a los líderes sociales los agredan o asesinen. Y el otro: nosotros consideramos que el cierre definitivo del conflicto por la vía política es la mejor forma de ir saneando el territorio.

¿Pero, a pesar de las marchas del viernes, no es difícil convencer a un criminal para que no siga cometiendo delitos?

Sí, es difícil, pero generamos unos muros de contención, como sociedad, como autoridad y como Estado, de sensibilizarnos, de que tenemos que encontrar otras formas para ir cerrando ese cerco y que se proteja, no solamente física sino jurídicamente a los líderes sociales. Los líderes deben ser visibles.

¿Eso no supone exponer más a los líderes sociales para que los maten?

No, nosotros creemos que no, que los líderes sociales tienen que ser lo más visible posible y lo más legítimo…

¿Para que los ataquen?…

No, para tener una protección política, porque se eleva el costo político. Un ejemplo, si a mí me pasa algo, el costo político de mi vida es más alto que si yo fuera una perfecta desconocida; por eso creemos que la protección política, el reconocimiento, la legitimidad y el alto perfil valen más, inclusive, que una camioneta blindada.

Es decir, los líderes sociales tienen que seguir luchando, ¿así los maten?

Lo han hecho toda la vida.

¿En qué consisten los diálogos que ha tenido con la Ministra del Interior?

El presidente Duque firmó el 23 de agosto del año pasado, en Apartadó, un pacto por la vida y allí se comprometió a crear una política pública de protección y prevención contra las agresiones al liderazgo social. En noviembre promulgó el Plan de Atención Oportuna a líderes sociales, comunitarios, periodistas, etc., para su protección y dentro de ese plan está la construcción de una política pública. Por eso, estamos con la Ministra del Interior construyendo la ruta para ver cómo vamos a trabajar en la construcción de esa política; por ahora, tenemos una diferencia: ellos hablan de protección y prevención, nosotros hablamos de garantías, porque las garantías cobijan protección, respeto, prevención, investigación… Con la Ministra estamos acordando la metodología para construir la política de garantías.

¿Garantías de seguridad?

Sí, pero el enfoque no es militar y ahí tenemos tensiones, porque vamos a empezar a discutir; el Gobierno quiere retomar la militarización y nosotros decimos “no, la militarización no soluciona el problema”, porque está comprobado que donde hay alta militarización se complica más el contexto…

A un funcionario público que por tomar una medida haya permitido que a alguien asesinen es una persona a quien tienen que sancionar disciplinariamente

¿Entonces cómo se dan garantías de seguridad?

Todo lo que tiene que ver con reconocimiento, con investigación.

Pero eso es más con Procuraduría y Fiscalía…

No estamos satisfechos con lo que están haciendo. Debería dictarse un decreto que una a todos las instituciones del Estado para este tema del asesinato de los líderes; crear una sinergia entre los ministerios de Gobierno, de Defensa, Planeación, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría…

Pero el Procurador, por ejemplo, ha hecho varias visitas regionales por este tema…

Está bien que los funcionarios hagan movilización y prevención, pero ese no es su mandato central; el mandato es investigar y disciplinar funcionarios públicos que por acción o por omisión están permitiendo que, en los territorios, amenacen y asesinen a los líderes sociales. A un funcionario público que por tomar una medida haya permitido que a alguien asesinen es una persona a quien tienen que sancionar disciplinariamente; así como lo que hizo en Tierralta, donde suspendió y le abrió investigación al alcalde, porque no evitó la muerte de María del Pilar Hurtado.

En resumen…

Que el Estado otorgue garantías para que haya un ambiente donde la gente no tenga miedo para ejercer su liderazgo.

YAMID AMAT

Fuente:
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/analisis-a-la-violencia-contra-los-lideres-sociales-en-colombia-394010

“La Fiscalía manipula cifras de crímenes contra líderes”: directora Asociación Minga

27 Jul 2019 – 10:00 PM

Para Diana Sánchez, defensora de derechos humanos, es claro que, pese a lo que dice el ente investigador sobre el esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales, en más del 80 % de los casos hay impunidad.

Según Somos Defensores, durante 2019 han sido asesinados 59 líderes como Temístocles Machado.

Si 2018 fue uno de los años más violentos para los líderes sociales en Colombia, con por lo menos 155 asesinatos, 2019 se viene perfilando desde hace tiempo como otro período siniestro para quienes trabajan por la defensa de los derechos de las comunidades en los territorios. De hecho, según cifras del programa Somos Defensores, al 30 de junio pasado habían sido asesinados 59 líderes en distintas regiones del país, y en plena época electoral y con comicios locales y regionales a la vuelta de la esquina, el panorama luce desalentador y la preocupación es de todos.

Por eso la movilización del pasado viernes a favor de la vida y para lanzar un llamado de alerta ante la seguidilla de crímenes y ataques contra líderes sociales fue masiva y logró que incluso se levantara la voz en distintas ciudades del mundo. Y pese al grito decisivo de la sociedad que se rehúsa a normalizar la muerte de sus líderes, el camino sigue siendo espinoso y desde las organizaciones sociales aseguran que nada va a cambiar hasta que se lleven a cabo acciones directas para desmantelar las estructuras criminales que se están fortaleciendo en los territorios.

En entrevista con El Espectador, Diana Sánchez, directora de la asociación Minga, coordinadora del programa Somos Defensores y defensora de derechos humanos, habla de lo que se viene para las organizaciones y los líderes sociales tras la movilización, teniendo además como telón de fondo los nuevos riesgos en los territorios con las elecciones de octubre.

¿Cuál fue la conclusión que dejó la marcha por los líderes?

Que como sociedad hemos madurado, y gracias al cierre del conflicto armado hemos ido perdiendo el miedo a movilizarnos y pronunciarnos. La convocatoria fue un éxito, incluso antes de que se hiciera la movilización. La gente entendió que esto es de todos, no de un partido político o un grupo, sino de todas las personas que consideramos que hay que marcar un punto de inflexión para que esta violencia que no tiene sentido se detenga y no avance más. Una sociedad que se manifiesta y pide cambios gana mucha legitimidad y se empodera. Siempre que pase eso los gobernantes y el Estado no pueden hacer lo que quieran, tienen que contar con la gente.

¿Cuál fue el mensaje que quedó para quienes ejercen liderazgos y defienden derechos humanos en los territorios?

Que no están solos, que no son personas aisladas y que los ilegales no van a seguir haciendo con ellos lo que quieran, sin que la sociedad se pronuncie y exija garantías para el ejercicio de su labor. Que sus casos no quedarán en la impunidad y que sus vidas no han sido en vano. Estamos luchando para que el Estado asuma algo que nunca ha querido asumir. Aquí nadie puede ser más importante que otros, los empresarios no valen más que los líderes populares, las mujeres que ponen la cara en los territorios no valen menos que otros que tienen recursos económicos o poder.

Vea: Miles de personas se movilizaron por el asesinato de líderes sociales en el país

¿Qué mensaje le deja al Gobierno la acogida nacional e internacional que tuvo la movilización?

Que debe responsabilizarse y caminar hacia medidas efectivas y no seguir hablando de protección física ni material porque esas no son garantías, eso es seguir prolongando el problema de manera perversa y no resolverlo. Con esto se le dice al Gobierno que tiene que cumplir el Acuerdo de Paz que dejó unos dispositivos jurídicos, normativos y políticos que si se desarrollan pueden generar mejores condiciones en los territorios para que a estas personas no las sigan matando.

¿Pero ante tanto escepticismo cree que este tipo de acciones tienen un verdadero impacto?

Es una presión real, el Gobierno no puede seguir incumpliendo su palabra. Es un paso enorme, porque como colombianos tenemos que empezar a exigir, no es posible que se firmen todos los días compromisos con la sociedad, los indígenas, los negros, las mujeres, los campesinos y los guerrilleros para después no cumplir nada. Son muchos los mensajes que una movilización como esta tiene que dejarnos.

¿Cuál debería ser entonces el llamado al Gobierno Nacional?

Uno de los temas claves es que el Estado tiene que seguir buscando la posibilidad de cerrar definitivamente el conflicto armado con el Eln por la vía negociada. Las cifras demuestran que en los territorios de los que salieron las Farc como grupo armado bajaron los índices de violencia. Sí, no se puede negar que hay muchas expresiones de violencia como el mismo asesinato de líderes sociales, pero hay territorios que ya viven de una manera más tranquila. Eso no es una equivocación, no fue errado haber acabado el conflicto armado por la vía negociada con las Farc, así no les estén cumpliendo.

Lea: Líderes sociales: ¿cuántos crímenes están en la impunidad?

¿Hay preocupación especial por los riesgos emergentes de cara a las elecciones locales de octubre?

El riesgo para los líderes existe. Acá hay una tendencia en algunos territorios que son los más emproblemados como Cauca, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Valle y Chocó. Pero nosotros estamos llamando la atención a los funcionarios públicos y autoridades civiles y militares, porque son los que tienen una altísima responsabilidad -por acción u omisión- de lo que les pase a las personas en los territorios, sean líderes o no. Este es un Estado que siempre ha mirado hacia otro lado.

¿Qué responsabilidad le cabe a la justicia en estos casos?

Mucha, a la Fiscalía por ejemplo, porque sigue manipulando las cifras. Habla de un 60 % de esclarecimiento y eso es falso, a lo sumo hay un 10 o un 15%, el resto es que avanzan las investigaciones y ya. Si hubiera ese esclarecimiento, ¿entonces por qué no están desmantelando el crimen organizado? ¿Qué pasó con lo que quedó establecido en el Acuerdo de Paz? ¿Qué pasó con la Unidad Especial de Investigaciones? ¿Con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad? ¿Por qué no están haciendo nada para desmantelar el crimen organizado?

¿Qué viene entonces ahora?

La movilización del viernes fue un hito para nosotros como sociedad, porque es un “no más a la violencia”. Esto ya es invivible, no es posible que sigamos naturalizando la muerte violenta como forma de tramitar nuestras diferencias y conflictos. Además, se envió un mensaje claro a los grupos criminales e incluso a la Fuerza Pública, y es que al movimiento social no se le puede estigmatizar. Hay que acabar con ese cuento de algunos altos funcionarios que dicen que detrás de las muertes lo que hay son problemas de faldas, temas de narcotráfico o riñas personales. Esas afirmaciones lo único que hacen es naturalizar esas muertes.

Vea también: Cuatro testimonios de líderes sociales que están en riesgo

¿Por qué hay tantas cifras y tan diferentes sobre los ataques a líderes?

En eso juegan muchas cosas, como la dimensión que se tenga de qué es un liderazgo social. Nosotros en el sistema del programa Somos Defensores tenemos el concepto más amplio que conocemos, y es el de Naciones Unidas: defensores de derechos humanos son todos aquellos que contribuyen a defender los derechos y las reivindicaciones de sus comunidades y trabajan todos los días por eso. Tenemos criterios fundamentales que utilizamos todos los días cuando hacemos los monitoreos. Por ejemplo, las personas que registramos deben tener un reconocimiento de alguna organización social, sea junta de acción comunal, cooperativa, asociación, cabildo o consejo comunitario. Es posible que tengamos subregistros, porque no tenemos la misma capacidad que tienen otros organismos para estar en todos los territorios para poder registrar, pero hacemos un esfuerzo muy grande porque trabajamos en redes.

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114 

Publicado por:

David Macias

July 29

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