¿Quién está matando indígenas y degollando civiles en el Cauca?. Juan Pablo Rueda Bustamante.

Cristina Bautista Taquinas, Gobernadora indigena asesinada en Tacueyo.

3 de noviembre del 2019.

Eso decían decenas de panfletos con los que el corregimiento de Tacueyó amaneció entapetado la madrugada del lunes 14 de octubre. Horas antes, las autoridades habían encontrado el cuerpo de Toribio Canas Velasco, miembro de la guardia indígena nasa, quien había sido acribillado en su casa por encapuchados.

Cinco días después vino otra advertencia:

“Buenas tardes cabrones (…). Por cada cabeza de la guardia (indígena) y coordinadores de guardia pagamos 10 millones de pesos”. Y en esta incluían a los dos indígenas que aspiraban a la alcaldía de Toribío –Diego Yatacué y Silvio Valencia–, a quienes les dieron 12 horas para salir de la zona. Pero el país tan solo se dio cuenta de la magnitud de esas amenazas el martes pasado.

Por cada cabeza de guardia (indígena) y coordinadores de guardia pagamos 10 millones de pesos

En Colombia asesinan a un indígena cada 3 días; van 120 este año.

Así fue la segunda masacre que sacudió al país

A las 4 de la tarde, varios hombres que se movían en una camioneta negra Toyota Fortuner, escoltados por una Hilux, una moto y por otras dos 4 × 4, atacaron con fusiles el carro de la gobernadora neehwe’sx Cristina Bautista, en la vereda La Luz, de Tacueyó.

Balas de fusil traspasaron el blindaje nivel 3 de su camioneta y la líder murió junto con los guardias Asdrúval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Soto cuando intentaron frenar la caravana en la que iban Gerardo Ignacio Herrera, alias Barbas, capo de la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ de las Farc.

La gobernadora indígena Cristina Bautista.

La gobernadora indígena Cristina Bautista había advertido sobre los peligros que acechaban a su resguardo.

Cinco indígenas se salvaron milagrosamente de las balas y de las granadas de fragmentación que les lanzaron y que no estallaron.

El mismo vehículo había tumbado 24 horas antes las barricadas de la entrada del resguardo. Ese día, Bautista envió uno de sus últimos mensajes de voz: “Pasó una camioneta negra llevándose los troncos. La guardia salió y les dispararon. Gracias a Dios no hubo heridos, pero estamos en alerta”.

El poder militar y territorial de los asesinos que recorren la zona quedó ratificado 48 horas después. Desafiando al propio Estado –que había llegado a la zona a atender la masacre y a anunciar un refuerzo militar de 2.500 efectivos–, cinco civiles fueron degollados en Corinto, a 14 kilómetros del resguardo.

Las víctimas fueron ingenieros que hacían trabajos en la zona, plagada de narcocultivos y con 239 invernaderos de marihuana creepy, muchos si se compara con los proyectos legales de uso medicinal, dice el gobernador del Cauca, Óscar Campo. Y en las últimas horas, la víctima fue el embera Gilberto Dominico, asesinado en Antioquia.

Los que están detrás de esos ataques son narcotraficantes y estructuras disidentes que nunca expresaron ningún compromiso con la desmovilización

 “Los que están detrás de esos ataques son narcotraficantes y estructuras disidentes que nunca expresaron ningún compromiso con la desmovilización”, señaló el presidente Iván Duque, quien dijo que estos grupos serán enfrentados con la Fuerza Pública.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que mientras los narcotraficantes los atacan con fusiles de largo alcance, “la guardia indígena solo tiene sus bastones de mando”.

Los están asesinando porque se niegan a que sus territorios sean usados para extender los narcocultivos –que suman 61.175 hectáreas en Cauca, Chocó y Nariño– y crear corredores por donde se mueva coca, marihuana y armas. Incluso, narcos de Caquetá y Risaralda, al igual que la banda ‘los Pelusos’ de Norte de Santander, están migrando a esa zona ante la bonanza. (También le puede interesar: Las últimas palabras de la gobernadora indígena asesinada en Cauca)

“Por Cauca y Chocó está saliendo la coca más pura que se está comercializando en Europa y en Estados Unidos, con casi un 94 por ciento de concentración. La sacan, incluso, a través de corredores aéreos y pistas clandestinas, ubicadas en grandes haciendas en donde funcionan laboratorios y en donde se ocultan los emisarios del cartel de Sinaloa, de los Zetas y de Jalisco Nueva Generación”, le dijeron a EL TIEMPO fuentes de la Fiscalía.

Los emisarios de los sanguinarios carteles mexicanos ya tienen narcocultivos, laboratorios y alianzas con las disidencias de las Farc para sembrar coca y terror. De hecho, en la zona dicen que los panfletos que vienen firmados por Sinaloa los elaboran las ‘Águilas Negras’, que trabajan como una oficina de cobro.

También se abrió espacio en esa convulsionada región la banda de ‘Iván Márquez’, y más al sur, los patrones son los miembros de la disidencia ‘Óliver Sinisterra’, cuyo poder le fue heredado por el extinto alias Guacho a Carlos Landázuri, alias Fabián.

Riesgo de exterminio

“Lo que está pasando en el Cauca con los nasa es lo mismo que está pasando con los awá, embera y los dóvida, en Chocó, Antioquia, Nariño y Quindío. Desde agosto de 2018 hasta el 23 de octubre de este año hemos contabilizado 23.388 hechos violentos, que también se extienden a La Guajira, donde mataron a Oneida Epiayú, el pasado 17 de octubre”, dijo el consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias.

Epiayú estaba denunciando graves irregularidades en programas de alimentación que opera el ICBF, lo que deja claro que las balas que matan indígenas también las compran los corruptos.

Además, líderes indígenas exigen que se investigue si el crimen de Ómar Gusaquillo –el 5 de septiembre, en zona rural de Jamundí, Valle– fue o no un ‘falso positivo’.

Versiones indican que Gusaquillo y su acompañante pidieron que el ejército no disparara y advirtieron que estaban desarmados. La Tercera Brigada señaló que hubo un intercambio de disparos y que el caso está en manos del CTI de la Fiscalía.

En los últimos 9 años se han registrado 354 asesinatos de indígenas, 126 de ellos en los últimos 14 meses. Sus líderes no dudan en calificarlos de genocidio.

Por eso, alistan una demanda contra la nación, porque dicen tener a 67 de sus pueblos en riesgo de exterminio físico o cultural. La Corte Constitucional reconoce ese riesgo en 39.

Los indígenas suman 1,9 millones, el 4,4 por ciento del total de la población nacional, un número similar al de Ecuador, en donde son 1,4 millones (el 8 por ciento de la población). Y como allá, acá sus protestas han ido tomando fuerza con las llamadas mingas y con la presencia de sus líderes en alcaldías y en el Congreso.

Pero los indígenas saben que si el Estado no ha podido frenar al narcotráfico con Fuerzas Armadas, labores de inteligencia y programas de erradicación, menos lo van a hacer ellos a punta de bastones y cinturones humanos.

Con ese mecanismo, apenas han podido capturar a 17 miembros de la disidencia de las Farc, que permanecen en sus calabozos y cuyo armamento ha sido destruido por la comunidad. De hecho, el día de la masacre, la guardia indígena intentaba evitar el secuestro de dos personas y acababa de anunciar la decisión de erradicar narcocultivos.

“Los secuestrados iban atados en una de las camionetas de la caravana, y lo que se quería era liberarlos para que no fueran fusilados”, le dijo a EL TIEMPO Alcibiades Escué, alcalde de Toribío.

Cultivos ilícitos

El 44% del cultivo de coca está concentrada en solo 10 territorios del país, especialmente en Cauca, Nariño y Chocó.

Más que tropa

Tras calificar de demencial la masacre indígena, el gobernador del Cauca coincidió con el representante del Cauca John Jairo Cárdenas en que el modelo de intervención del Estado en la zona no ha servido y debe cambiar. Ambos creen que si bien se necesita tropa, su presencia debe ser concertada con las comunidades y tener un enfoque social.

“Además de narcocultivos, acá hay pobreza y se necesita sustituir la coca y la marihuana”, recalcó el gobernador. Líderes indígenas llaman la atención en que allí hay 7 bases militares, vecinas de los resguardos. Por eso se preguntan: ¿por qué no ven la salida de la coca?

Además de narcocultivos, acá hay pobreza y se necesita sustituir la coca y la marihuana

El Gobierno responde que –a corte de octubre– ha incautado 144 toneladas de coca, el 75 por ciento en el Pacífico. Y van más de 65.000 hectáreas de narcocultivos erradicadas manualmente.

Pero nadie sabe con certeza qué pasa en los resguardos. Versiones señalan que incluso hay fincas al servicio de capos.

Para el consejero presidencial de Seguridad, Rafael Guarín, la mafia presiona a indígenas para que permitan o participen en narcocultivos en sus territorios. Y el excandidato a la alcaldía de Toribío Diego Yatacué admite que la coca es un mecanismo de subsistencia para algunos jóvenes.

Y si bien la ministra Gutiérrez insiste en que no hay zonas vedadas para que la Fuerza Pública entre a ejercer control, Guarín asegura que los líderes indígenas exigen ser consultados.

“Hay una mala interpretación del llamado control territorial: una cosa es que se les reconozca su autonomía y otra, que se impida el ingreso de la Fuerza Pública.

Dolor tras el asesinato y la masacre de los indígenas.

En mesas de diálogo estamos buscando cómo articular ambas fuerzas”, explicó Guarín. Y agregó que si bien la Corte Constitucional les reconoce autonomía judicial y autogobierno, en materia de orden público el Gobierno no tiene restricción.

Pero una ‘tercera vía’ no parece clara. Dos días después de la masacre en Tacueyó, los indígenas anunciaron que se van a seguir negando a que los uniformados ingresen a sus territorios. “Así es difícil saber quiénes nos matan. Cuando se va el ejército, llega la guerrilla y nos acusa de cómplices. Cuando se van ellos, llegan los paramilitares y pasa lo mismo”, explica Rider Nostacuá, consejero mayor de una comunidad awá en Nariño.

Y Hermes Pete, líder mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), agrega que militarizar sus territorios no va a garantizar que no los asesinen. “Los indígenas se hacen matar, pero no se van a mover de sus territorios. Están decididos a no dejar entrar de nuevo a ningún grupo ilegal”, dice la Onic.

Y añade que los 2.500 efectivos enviados son los mismos que movieron hace meses de la Fuerza de Tarea Apolo, en Cauca. La idea es cerrar rutas del narcotráfico y neutralizar a las organizaciones criminales responsables de la ola de terror.

El refuerzo militar debe estar operando en menos de 40 días, y van por Leider Yohany Noscué, alias Mayimbú, jefe de la disidencia ‘Jiménez Martínez’. Se lo sindica, entre otras cosas, del crimen de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García.

Los otros capos son Gerardo Herrera Pavi, alias Barbas, de la disidencia ‘Dagoberto Ramos’, y a quien se señala como autor de la masacre indígena del martes.

Su jefe es Fernando Israel Méndez, alias Indio, proveedor de la mafia mexicana y europea.

La gobernadora Bautista contó parte de esa historia, en abril, a funcionarios de la ONU en Nueva York. Y lo había advertido localmente, pero acá solo fue escuchada hasta su muerte.

Además de la movilización nacional, los indígenas pedirán que las medidas cautelares que ya cobijan a 11 comunidades –entre ellas los zenú, embera y paeces– se extiendan a los 102 pueblos, para que no los sigan matando.

Fuente: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/grupos-armados-detras-de-la-masacre-de-indigenas-en-el-cauca-430030

Las tres salidas para sacar de la grave crisis al Cauca y a la región

Piden nuevo modelo administrativo, sustituir cultivos y hasta guardia mixta: indígenas y Ejército. UNIDAD INVESTIGATIVA

02 de noviembre 2019.

Las dos masacres ocurridas en el Cauca, en menos de 48 horas y con un saldo de 10 muertos, llevaron a diferentes sectores (estatales, académicos, políticos e internacionales) a plantear la toma de medidas inmediatas y de fondo que frenen la ola de violencia que ha golpeado históricamente a la región.

¿Quién está matando indígenas y degollando civiles en el Cauca?

Todas las orillas –incluida la ONU– coinciden en que si bien la coca es el principal motor de lo que está ocurriendo, el abandono estatal que ha vivido la región por décadas la convirtió en teatro de guerra: desde la matanza de 164 guerrilleros de las Farc (en 1985) a manos de su cabecilla, José Fedor Rey, hasta el conflicto agrario, aún sin resolver, pasando ahora por la violenta narcobonanza.

“Las medidas adoptadas no han sido suficientes para contrarrestar los riesgos”, advirtió el italiano Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Además del impacto desproporcionado de la violencia contra los indígenas –fusiles contra bastones de mando–, Brunori asegura que hay una amalgama de factores estructurales que han desatado una situación crítica que también afecta a los campesinos.

A la ausencia o débil presencia del Estado se suman los retrasos en la implementación del acuerdo de paz, principalmente en lo referente a la reforma rural y a la sustitución de cultivos ilícitos.

Pero también pesan los altos índices de pobreza, la presencia de economías ilícitas y de actores armados ilegales que se disputan su control.

Hay un vacío institucional. Se necesita un nuevo modelo de administración, articulado entre el Estado e indígenas. El envío de tropa es coyuntural

Líderes locales, como el representante caucano de ‘la U’ John Jairo Cárdenas, calculan que el Estado solo hace presencia en un 30 por ciento de la zona. Por eso, Brunori advierte que si bien es urgente aumentarla, debe ser integralmente (con inclusión de programas sociales y de desarrollo económico) y concertada con los indígenas.

Cárdenas advierte que ya es hora de que el Ejecutivo entienda que la solución no solo pasa por la cartera de Defensa.

“Hay un vacío institucional. El envío de más tropa es coyuntural y demuestra la incomprensión de lo que debe ser un nuevo modelo de gobierno y administración del territorio, articulado entre el Estado y las dinámicas indígenas”, dijo.

El gobernador del Cauca, Óscar Campo, hace el mismo reclamo. Y dice que el aumento en el pie de fuerza sea permanente, y no temporal, como se lo recalcó a la cúpula castrense en un consejo de seguridad realizado el viernes en la región.

¿Patrullaje conjunto?

“Lo que pasó esta semana es el límite de cualquier acto demencial. La arremetida contra la guardia indígena y una dirigente lo demuestra (…). Espero que la respuesta en estos días pueda ser golpeando a estas estructuras criminales”, precisó Campo.

Desde la academia surgieron voces que abrieron el debate en torno a la posibilidad de conformar una guardia mixta entre los indígenas y la Fuerza Pública, pero con la salvedad de que no haya subordinación.

“La guardia indígena es de una valentía extraordinaria, pero los criminales que los acosan no respetan su dignidad y los bastones están en desventaja contra las ametralladoras: ¿será muy loco pensar en un comando conjunto (sin subordinación) de guardias indígenas y ejército?”, planteó Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y miembro de la Comisión de Sabios que conformó el gobierno Duque.

En lo que todos coinciden es en la urgencia de sustituir los narcocultivos e incluso apoyar la decisión de los indígenas de hacerlo ellos mismos, garantizando que sea sostenible.

Según el gobernador Campo, solo en el Cauca hay 13.000 hectáreas de marihuana de uso ilícito y cerca de 17.200 de coca. Y siguen creciendo.

Fuente: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/grupos-armados-detras-de-la-masacre-de-indigenas-en-el-cauca-430030

“La militarización del Cauca traerá más muertos”: Guardia Indígena. Marcela Osorio granados

3 Nov 2019.

El coordinador nacional de este movimiento indígena asegura que el gobierno no ha hecho lo suficiente para detener el asesinato de líderes que defienden sus territorios de los grupos armados ilegales.

Horas después de que fuera asesinada en una vereda del corregimiento Tacueyó, en Toribío (Cauca), la voz de la gobernadora indígena Nasa, Cristina Bautista, volvió a retumbar. En redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular un video grabado días antes de su muerte en el que la líder denunciaba el hostigamiento de grupos armados ilegales a sus comunidades. “Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos, también. Entonces hablamos”.

Sus palabras fueron una premonición. El martes 29 de octubre Bautista y cuatro integrantes de la guardia indígena fueron asesinados por hombres de la autodenominada columna Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc. Su muerte volvió a poner sobre la mesa un problema de vieja data que ha sido denunciado desde distintos sectores y que viene creciendo exponencialmente desde hace más de un año: el revivir de la guerra en el Cauca a través de ejércitos privados al mando del narcotráfico. (Por qué están matando a los indígenas).

El aumento de los combates entre los múltiples grupos armados ilegales, la presencia de emisarios del Cartel de Sinaloa, el fortalecimiento de estructuras criminales y la lucha por el control de territorios ancestrales tienen en jaque a las comunidades indígenas que se niegan a ser parte de la confrontación armada y a permitir que sus territorios se conviertan en enclaves de economías ilícitas.

La radiografía ya ha sido plenamente esbozada. Históricamente el departamento del Cauca ha sido una región con dos grandes problemas: abandono estatal y proliferación de economías ilegales. “Hay tres grandes mercados, cocaína, marihuana y el remanente de lo que queda de la coca que es el bazuco. Además, también hay un mercado importante de armas. Se empezó a pagar mucha coca con armas para rearmar las estructuras. Es un mercado que utiliza la misma ruta por donde va la droga”, explica Néstor Rosanía, director del Centro de Estudio de Seguridad y Paz al destacar que los principales grupos armados que hoy se disputan el norte del Cauca son las disidencias del frente sexto de las Farc y la columna Jacobo Arenas, reagrupados en las Columnas Móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez; el Eln; el Frente Libardo Mora Toro (Los Pelusos) y estructuras del Clan del Golfo.

En ese escenario los Nasa tomaron la determinación de hacer ejercicios de control territorial y cerrar los pasos para evitar verse comprometidos en la confrontación armada. Un mandato que las autoridades tradicionales le encargaron a la Guardia Indígena, colectivo del que hacen parte hombres, mujeres y niños que, sin hacer uso de las armas, protegen y defienden los derechos de sus comunidades. Se trata, en últimas, no de una fuerza policial sino de un mecanismo humanitario y de resistencia pacífica con autonomía sobre el territorio.

Una labor que ha tenido casos emblemáticos como el juicio que en noviembre de 2014 le hizo la asamblea general de la justicia indígena a Carlos Iván Silva Yatacué, conocido como ‘Fercho’, un guerrillero de las Farc señalado de asesinar a dos indígenas que se negaron a montar unas vallas alusivas al entonces máximo comandante de esa guerrilla, llamado ‘Alfonso Cano’. Silva fue hallado culpable y condenado a 60 años de prisión. En el mismo juicio otros tres guerrilleros fueron condenados a 40 años y dos menores de edad recibieron como castigo 20 fuetazos. Fue la muestra de la autonomía indígena para la protección y defensa de sus territorios ancestrales.

Por eso es que el anuncio del presidente Iván Duque de integrar una fuerza de despliegue rápido con 2.500 militares para enfrentar los problemas de seguridad en el departamento, dejó más dudas que certezas entre la comunidad indígena que insiste en que el fenómeno no se combate solo con presencia de Fuerza Pública.

Para Rosanía, se trata de una medida que no solucionará el problema de fondo: “Lo que se ha visto históricamente es un efecto globo, es decir, ante las crisis de seguridad la respuesta del Estado ha sido siempre la militarización, y no solo en el Cauca. El problema es que las estructuras ilegales hacen un repliegue estratégico y como saben que se trata de una permanencia temporal de la Fuerza Pública, cuando se retiran esas fuerzas los grupos nuevamente llegan a los territorios que han controlado y eso se convierte en un circulo vicioso”.

Al panorama habría que sumarle los choques que en distintos momentos ha tenido la Fuerza Pública con las comunidades indígenas en el departamento y que se ven reflejados en la desconfianza que hay entre ambas partes. En entrevista con El Espectador Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, asegura incluso que la llegada de fuerzas militares aumenta el riesgo para las comunidades y que lo que se requiere es una atención integral por parte del Estado y que el Gobierno cumpla con los acuerdos pactados, pero muchos, aún incumplidos.

Luis Acosta, Jefe de la Guardia Indigena.

¿Cómo reciben la medida del gobierno de aumentar el pie de fuerza en el departamento?

Eso no soluciona la crisis porque lo que hay en el Cauca es un problema social, de garantías de derechos para las comunidades indígenas y en este caso, de facilitar que la guardia indígena tenga las herramientas para hacer su control. El presidente anunció más militarización y eso lo que hace es agudizar el problema. Acá la presencia del Ejército causa problemas porque no hay confianza y se han presentado varias situaciones de negligencia y de hechos violentos que implican al Ejército. Es una medida impositiva porque el Gobierno no ha dialogado con nosotros. Están desatando una guerra y con esto va a haber más muertos y se va a agudizar la crisis.

¿Por qué se agravaría la situación?

Nos van a poner en un riesgo, muy alto riesgo; porque desde la Fuerza Pública y el Gobierno insisten en que tenemos que coordinar con el Ejército. Uno acá hasta por hablar con un soldado lo pueden estar fusilando. Con eso justifican las masacres. Si solo por poner un puesto de control para defender nuestro territorio nos están matando, imagínese ahora si creen que autorizamos la entrada del Ejército por acá. Lo vemos con mucha preocupación y desasosiego, no nos queda más que movilizarnos.

¿Se ha recrudecido la violencia contra las comunidades indígenas?

Nosotros pensábamos que después de la negociación de paz con las Farc íbamos a descansar en nuestro ejercicio de acompañamiento a la comunidad ante las situaciones de riesgo por combates. Creíamos que las amenazas y el conflicto iban a disminuir, pero por el contrario, ahora hay más violencia y muerte de indígenas. En los años más duros del conflicto nunca vi que ofrecieran hasta 10 millones por las cabezas de los guardias y las autoridades. Nos siguen matando. En 1991 nos masacraron en Caloto, después en 2008 en la masacre del Naya y ahora con toda esta acumulación van por lo menos 45 guardias indígenas asesinados en el último año en todo el país. La mayoría, casi el 70 %, en el departamento del Cauca.

¿Qué explica esa ola de violencia contra los liderazgos indígenas?

En este momento en el departamento del Cauca operan grupos paramilitares al servicio del narcotráfico y de los carteles —llámese de Sinalosa o del que sea— que no quieren que la Guardia Indígena haga control territorial. Nosotros hacemos presencia en nuestros territorios como autoridades ancestrales legítimas. Por eso nos están asesinando, porque hemos incautado motos, narcóticos, carros. Le hemos quitado secuestrados a esa gente y hemos tratado de mantener el orden porque quieren controlar nuestro territorio.

¿Fue eso lo que pasó en Tacueyó?

Han dicho que lo que pasó fue en medio de una confrontación y que hubo un forcejeo porque la comunidad había retenido a gente del grupo ilegal. Eso no es cierto. Fue un ejercicio de control territorial que se hace a la entrada de la carretera. Nos avisaron que venía gente del grupo en un convoy y cuando la guardia intentó detener su avance comenzaron a disparar indiscriminadamente. Agredieron a la comunidad con disparos de arma de fusil, de punto 50 y de pistola. La masacre estaba anunciada. A los guardias prácticamente los fusilaron porque estaban desarmados e indefensos. A la gobernadora la rematan en el piso con una pistola.

¿Cómo funcionan esos puntos de control de territorial?

Hacen parte del ejercicio del plan de resistencia. Cuando se crea la Guardia Indígena nosotros creamos puntos de control que se encuentran en las entradas y salidas de los cascos urbanos y los corregimientos. El propósito es controlar el orden, cuando hay emergencias, robos o peleas o situaciones de riesgo con la entrada de personas extrañas al territorio. También controlamos salida y entrada de los ilegales. Hemos quemado cosas del narcotráfico y les hemos quitado armas.

¿Es decir que no es la primera vez que son víctimas de retaliaciones por parte de estas estructuras armadas?

Hace un año asesinaron al gobernador de Huellas, en Caloto, y recientemente a un guardia en Toribío. Es una guerra declarada y ellos ya lo habían anunciado. El gobierno ya sabía que estaban pagando por nuestra cabeza. Lo peor es que nos siguen amenazando, nos dicen que si montamos la guardia indígena y ponemos puestos de control nos van a seguir matando.

Si no es aumento de la Fuerza Pública, ¿cuál sería entonces la medida que debería tomarse para paliar la crisis en esta región del Cauca?

Necesitamos presencia institucional, presencia del Estado, pero no solo en la reacción militar. Acá hay un probema de hambre, de necesidades y de temas pendientes como la sustitución de cultivos ilícitos. El Gobierno tiene que llegar con toda su capacidad y debe además fortalecer el ejercicio de la guardia indígena y las estrategias de control y justicia en losterritorios indígenas. No sé cuántos más tendremos que morir para que eso se cumpla.

¿Eso quiere decir que hay incumplimientos en el capítulo étnico respecto a la implementación del Acuerdo Final de Paz?

El capítulo étnico quedó en nada. Toribío es un municipio priorizado PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) al igual que todos los del norte del Cauca, pero eso se quedó solamente en el saludo a la bandera. Acá no se desarrolló ninguna política, ningún ejercicio claro sobre qué hacer. El gobierno es responsable porque ha sido negligente. Por eso nosotros seguimos denunciado que nos van a seguir matando si no hay un cambio efectivo de política. La gente tiene mucho miedo porque nosotros hemos vivido en carne propia la guerra y ahora la estamos sintiendo más. Esto va a empeorar y los grupos armados van a querer atacarnos. La gente está pensando en irse pero nosotros no queremos desplazamiento. Seguimos en riesgo de exterminio.

El próximo 16 de diciembre se cumplirán 28 años de la recordada masacre del Nilo, cometida por paramilitares, en connivencia con miembros de las fuerzas estatales, en la que fueron asesinados veinte indígenas que peleaban con terratenientes por la hacienda La Emperatriz. Esto sucedió en Caloto (Cauca) y en 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado tuvo participación en este crimen. En Tacueyó, a principios de 1986, también fue ejecutada una masacre por parte de la guerrilla  Ricardo Franco, en la que murieron 164 personas, en su mayoría indígenas de la zona que fueron reclutados y luego acusados de ser informantes del Ejército.   

En 2001 fueron los paramilitares del Bloque Calima. Más de veinte indígenas y afrodescendientes fueron masacrados en la región del Naya, mientras fueron acusados de ser aliados de la entonces guerrilla de las Farc. Ese año fue la masacre de San Pedro, en Santander de Quilichao, y en 2002, la de Gualanday, en Corinto.

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-militarizacion-del-cauca-traera-mas-muertos-guardia-indigena-articulo-889258

Radiografía de la disidencia responsable de masacres en Cauca. José David Escobar Moreno.

 2 Nov 2019.

Se trata del autodenominado Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente, el cual está liderado por alias “Mayimbú”. Esta organización criminal fue la autora de las últimas tres masacres que ocurrieron en los últimos dos meses en el norte del departamento.

Las dos masacres que se cometieron esta semana en el norte de Cauca, que causaron conmoción especialmente a los indígenas de la zona y que tienen bajo fuertes cuestionamientos al Gobierno —en especial al ministro de Defensa, Guillermo Botero— fueron perpetradas, según el Ejército, por hombres de la columna móvil Dagoberto Ramos, del autodenominado Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente de las disidencias de las Farc, la cual está al mando de alias Mayimbú. Este grupo ilegal está conformado por exintegrantes del antiguo sexto frente de las Farc y de las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas (que operaban en Cauca y Valle del Cauca), que no se acogieron al Acuerdo de Paz con el Gobierno o se salieron en plena negociación.

El líder de esta disidencia, que comanda la columna móvil Jaime Martínez, tiene bajo su mando a unos 120 hombres armados, quienes a su vez están presentes principalmente en los municipios de Buenos Aires, Suárez, Caloto, Toribío y Corinto. En este último, el martes pasado fueron asesinados cinco indígenas y el jueves, cuatro topógrafos. A la organización criminal, que controla los cultivos de coca y marihuana en esta zona del departamento, le atribuyen el más grave crimen que se perpetró en la pasada campaña electoral: la masacre en la que murieron la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, y otras cinco personas, entre ellas, su madre y una candidata al Concejo de ese mismo municipio.

De acuerdo con la Fuerza Pública, la columna Dagoberto Ramos está liderada por Fernando Israel Méndez, alias el Indio. La Fiscalía anunció esta semana que identificó a otros de los hombres cercanos al Indio y que aparece en los videos que grabó la comunidad cuando los guerrilleros salían del corregimiento de Tacueyó (Corinto) luego de haber cometido el homicidio múltiple: Gerardo Ignacio Herrera Pavi, alias Barbas, quien ya había sido capturado en 2013 por el secuestro de dos policías y un ciudadano; sin embargo, inexplicablemente, recobró la libertad.

El Espectador contactó a habitantes de la comunidad e integrantes de organizaciones sociales, de la Fuerza Pública y de entidades del Estado que le hacen seguimiento al orden público en esta región, para conocer de cerca cómo opera esta disidencia, que se nutre del narcotráfico y la minería ilegal. Empezó a consolidarse a comienzos de 2017, cuando 12.000 miembros de las Farc se aprestaban a entregar las armas a la ONU en medio de la implementación del Acuerdo de Paz. “Tuvimos un breve respiro en ese momento, pero meses después otros grupos armados volvieron a aparecer”, dijo un miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) en Cauca, quien pidió anonimato por seguridad.

Con las disidencias de las Farc también llegaron el Eln y Los Pelusos, con los que empezaron una disputa por las rutas de narcotráfico. Según un organismo del Estado que trabaja en terreno, un momento clave para la comprensión del nuevo escenario de guerra se dio el 7 de diciembre de 2017, cuando se enfrentaron el sexto frente y el Epl en el corregimiento de Los Robles, en Jamundí, que colinda con el norte caucano. El choque dejó casi mil personas desplazadas y seis integrantes de los grupos armados muertos. La disidencia logró quedarse con el poder en los municipios del norte del Cauca. La Dagoberto Ramos se apoderó de la cordillera Central y la Jaime Martínez se ubicó sobre el río Naya.

Las dos masacres que se perpetraron en Jamundí este año (en enero y octubre) serían parte de este enfrentamiento con Los Pelusos por el control del narcotráfico. Lo que se ha sabido es que el entonces jefe de los Pelusos, conocido como Pácora —quien murió a finales de septiembre pasado en un enfrentamiento con la Fuerza Pública—, envió hombres armados a que se asentaran en Jamundí (Valle) y Puerto Tejada (Cauca). Producto de esa incursión, cuatro personas de una misma familia fueron masacradas en la vía pública del corregimiento de San Antonio, en Jamundí, el pasado 11 de enero. Hace dos semanas, otras cuatro personas fueron acribilladas por la Jaime Martínez.

Los tentáculos del sexto frente de las disidencias de las Farc, dicen fuentes del Ejército, se han extendido por el sur del Huila y llegaron a la zona rural de Neiva. En las inmediaciones de la capital de ese departamento, la Dagoberto Ramos se disputa el control territorial con grupos de delincuencia común que extorsionan a comerciantes y campesinos. En el oriente de Neiva están presentes las disidencias del frente 17 y de la columna móvil Teófilo Forero, con las que la Dagoberto Ramos opera de manera conjunta —según el Ejército— para el tránsito de hombres, armas y pasta de coca. La columna también llegó al sur de Tolima. En Planadas, uno de los santuarios de las desaparecidas Farc, en mayo pasado fueron capturados seis de sus integrantes.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/radiografia-de-la-disidencia-responsable-de-las-masacres-en-cauca-articulo-889257

Un alto oficial del Ejército que está en la zona le contó a este diario que la llegada de la Dagoberto Ramos a otros departamentos del país ha sido un intento infructuoso por parte de la disidencia de las Farc. “Tolima y Huila son territorios que en el pasado fueron controlados en gran parte por la guerrilla. Ahora, no tienen los suficientes guerrilleros para hacer control territorial. Su negocio está enfocado en el Cauca, donde controlan cerca de 17.000 hectáreas de coca. Además, las estructuras del narcotráfico sacan por allí los cargamentos de cocaína con destino a Centroamérica y luego a los Estados Unidos”.

::Cauca y Nariño, azotados por la violencia en el posacuerdo::

La población civil, sin embargo, no siente estas incursiones de las disidencias tan infructuosas como las percibe el Ejército. Son los civiles, y sobre todo los indígenas, quienes están poniendo los muertos en esta guerra acéfala, que este año les ha costado la vida a 52 personas en territorios indígenas del Cauca, señala Naciones Unidas. La Policía, por su parte, tiene todas las alarmas encendidas en lo que tiene que ver con el norte del Cauca, región adonde van a llegar de aquí a fin de año más de 2.500 militares por orden del presidente, Iván Duque. Una respuesta que, advierte la ONU, podría servir de poco o nada.

Fuente:

Publicado por:

David Macias

November 03

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¿Hay dinero para tanta iniciativa del PDET en el sur del país?

Comunidades e instituciones de 24 municipios del Valle del Cauca, Cauca y Nariño construyeron, de manera participativa, las principales líneas de acción para la transformación y estabilización de su región en los próximos diez años. ¿Alcanzará la plata?

Duele uno, duelen todos. Nancy Patricia Gutierrez. Ministra del Interior.

El Observatorio de paz publica esta nota de opinión de la Ministra del Interior del gobierno nacional para que los lectores y seguidores del Observatorio construyan criterios sobre una política urgente para la prevención y la protección de los lideres sociales y de las comunidades.

‘Defendamos la paz’, la iniciativa para proteger acuerdos de La Habana

Con el fin de proteger el acuerdo de La Habana, firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo de académicos, líderes sociales, congresistas y participantes de las negociaciones de paz lanzaron este miércoles la iniciativa ‘Defendamos la paz’.