Señales de la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc. El trazador presupuestal para la paz y los recursos para la implementación 2020. Marcela Valencia Toro.

Londoño, El cerebro de la destrucción de la paz.

Simulación y “creatividad técnica”.

Uno de los problemas estructurales con respecto a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP tiene que ver con la asignación presupuestal para la puesta en marcha de las acciones necesarias para la paz. El escenario que se construyó en el Plan Marco de la Implementación (PMI) es de desfinanciación estructural, en la medida en que se estableció un monto de $129,5 billones para una vigencia de 15 años. Este monto, desde la perspectiva de organizaciones como ANIF o Bank of America, está muy por debajo de los recursos necesarios para la implementación de todas las acciones contenidas en el Acuerdo Final (AF). En esto coincide la Contraloría General de la República en su segundo informe sobre la implementación del AF, señalando que los recursos asignados en el PMI son coherentes con la regla fiscal, pero no son suficientes para la implementación de los acordado, especialmente en los puntos de Reforma Rural Integral, el Programa Integral de Sustitución de Cultivos y el fortalecimiento de la reparación integral de la Ley 1448 de 2011 (CGR, 2018), es decir, con los ejes centrales del AF para la garantía de una paz estable y duradera. La posibilidad de realizar seguimiento con respecto a los temas presupuestales no existe, pues en la actualidad el Sistema Integrado de Información para el Conflicto (SIIPO) no está funcionando, por lo que no se puede decir a ciencia cierta cuánto   se ha invertido hoy en la implementación. A esto se suma la invisibilización de la implementación del AF en el Presupuesto General de la Nación 2019, en el que no se presentó la relación entre productos específicos del PMI y recursos asignados. La cifra global presupuestal que pudo identificarse para el año fiscal en vigencia fue de apenas $ 1,63 billones para el punto de la Reforma Rural Integral, el Fin del Conflicto y para el punto 5 de Víctimas (Cepdipo, 2018).

En la primera versión del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 entregado por el Gobierno Nacional se incluyó un anexo con el presupuesto destinado para la implementación del AF, a partir del trazador presupuestal para la paz. Este documento, que pareciera un avance en relación con la posibilidad de hacer un seguimiento a los dineros invertidos en la paz, terminó brindando más elementos para señalar que existe una tendencia al incumplimiento que se disfraza a partir de la simulación. El anexo parte de un primer problema: El monto total de la asignación de $9,7 billones para el año 2020 es más alto que el contemplado en el PMI, que es en promedio de $ 8,6 billones anuales, contemplando todas las fuentes presupuestales. Es decir, con esta perspectiva el Gobierno Nacional estaría haciendo un esfuerzo presupuestal superior en un $1,1 billones y este rubro no contemplaría recursos provenientes de la cooperación internacional, el Sistema General de Regalías, los actores privados y los entes territoriales. Esto no parece coherente con la perspectiva macroeconómica para el país ni es realista con respecto a las acciones realizadas en periodos fiscales anteriores con respecto a la paz. Sumado a la incoherencia de la cifra total de la asignación, se puede ubicar un problema con respecto a las fuentes para las asignaciones presupuestales. De los $9,7 billones totales para el año 2020 $4,7 billones provienen del Sistema General de Participaciones en el rubro de destinación específica. Esto impli ca que son recursos que están asignados a salud, educación y saneamiento básico y corresponden a una obligación constitucional del Gobierno central con las entidades territoriales, por lo que se puede señalar claramente que no son recursos nuevos. Es decir, que el esfuerzo presupuestal real asciende a $ 5 billones. En segundo lugar, de acuerdo con lo señalado por el Gobierno Nacional, el trazador presupuestal se construyó a partir de una serie de talleres en los que se expusieron a las entidades los contenidos de PMI y estas establecieron en sus presupuestos las acciones que consideraban le aportaban de alguna forma a las iniciativas por la paz. Pero al realizar este ejercicio lo que se encuentra es que no hay coherencia entre los productos del PMI y los proyectos a los que se están cargando rubros que supuestamente cumplen con estas acciones. Un ejemplo de esto lo encontramos en el punto 3, en el que se estableció un presupuesto de $4.772 millones destinados al Ministerio de Defensa-Armada, supuestamente porque la Armada brinda seguridad a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Cualquier lector atento notará el problema: la Armada es la encargada de la salvaguarda de ríos y mares y hasta donde se puede ver no hay un ETCR ubicado en una isla. Este cuidado tampoco se contempla como parte de un producto PMI, que es el documento estratégico de la planeación de la implementación. En tercer lugar, sumada a la falta de esfuerzo presupuestal real y a la aparición de instituciones extrañas y que no tienen ninguna acción contemplada en el PMI, se encuentra que en el presupuesto para la paz correspondiente al año 2020 el 76 % de los recursos asignados corresponden al concepto de funcionamiento de las instituciones. Esto no es menor: De acuerdo con lo establecido en el PMI, las acciones de la implementación se traducen en productos específicos, lo que implicaría que la mayoría de rubros asignados  para la implementación corresponderían a presupuesto de inversión. Técnicamente se podría pensar que los recursos de funcionamiento deberían limitarse a las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y tal vez a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), pues esta se encarga específicamente de la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en la medida en que son los nuevos esfuerzos institucionales que implicó el Acuerdo Final. Pero el Gobierno Nacional decidió imputar a la implementación un muy importante porcentaje de recursos para el funcionamiento de instituciones, para atender a sus funciones misionales, sin que tengan una relación clara con los productos del PMI. Esta es otra de las señales de la simulación de implementación. Un último aspecto tiene que ver con la imputación a la implementación del Acuerdo Final de rubros relacionados con acciones de los entes de control para el seguimiento de temas de política pública que existían antes de la firma del Acuerdo. Un ejemplo de esto es la inclusión como presupuesto de la implementación del seguimiento que debe realizar la Defensoría del Pueblo a la implementación de la Ley 1448 de 2011. Esta tarea, de vital importancia, no se puede entender como parte de la paz, pues claramente constituye un compromiso previo del Estado colombiano con la política de atención a las víctimas que no se modificó en los términos que debería realizarse en coherencia con el Acuerdo Final en el punto de Víctimas.

Todos los elementos anteriores denotan una realidad apremiante: para el gobierno de Iván Duque hacer trizas el Acuerdo Final sigue siendo la perspectiva fundamental de acción, pero como entendió que no podría lograrlo a partir de la modificación de la reglamentación que busca brindarle estabilidad al Acuerdo y, además, se dio cuenta de que la comunidad internacional y las fuerzas políticas progresistas del país no permitirían su eliminación, terminó iniciando las acciones necesarias para hacer inviable la implementación del Acuerdo a partir de su desfinanciación y de una serie de maromas técnicas que hicieran pensar que hay un esfuerzo real para lograr la paz. En esto radica la perspectiva de la simulación de la implementación y de la “creatividad técnica” que se refleja en este anexo del PGN: “Ponga ahí cualquier plata, siga con el mismo nombre de los programas, haga de cuenta que de verdad queremos implementar el Acuerdo Final porque no se puede generar otra grieta en la limitada gobernabilidad que hoy tiene el Centro Democrático”. Ello genera, por supuesto, la necesidad de un seguimiento técnico de las acciones del Gobierno con respecto a la paz, pero también, y esto es más urgente, de la visibilidad que los diferentes sectores que defienden la paz deben dar a esta lógica de la simulación que pretende esconder el peligro al que se enfrenta la implementación hoy.

Bibliografía

ʝ Cepdipo (2018). La implementación del acuerdo final en el presupuesto general de la nación 2019. La paz desfinanciada. Bogotá: Colombia.

ʝ CGR (2018). Segundo informe al Congreso sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. 1 de enero de 2017 a 30 de marzo de 2018, en: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/787219/Segundo+informe+al+Congreso+sobre+la+ejecuci%C3%B3n+de+los+recursos+y+cumplimiento+de+las+metas+del+componente+para+la+paz+del+Plan+Plurianual+de+Inversiones+1+de+enereo+de+2017+a+30+de+marzo+- de+2018.pdf/6af3e981-05e3-44b0-8d3d-c334edbc60c6.

Fuente: http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0080/izq0080_a07.pdf

Publicado por:

David Macias

December 21

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