Sexto Informe de Seguimiento a la Ley 1448 del 2011 de Victimas de la violencia al Congreso de la República.

Balance a la Ley de Victimas dice que se necesitan 120 billones de pesos adicionales.

Bogotá – Colombia Agosto 16 de 2019.

Introducción.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 201 de la Ley 1448 de 2011, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo,–CSMLV-, conformada por Carolina Olmos Chacón, Orlando Burgos García y Manuel Ricardo Abadía Ruiz, como representantes de la Mesa Nacional de Víctimas; y por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Defensor del Pueblo, Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera, y el Contralor General de la República, Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte, presentan al Congreso de la República el Sexto Informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Después de ocho años de implementación de esta Ley, para la CSMLV es evidente que a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, la demanda en materia de atención, asistencia y reparación integral ha superado la capacidad del Estado, impidiéndole a las víctimas acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de su situación de vulnerabilidad.

Ley de victimas necesita ser ampliada en el tiempo.

De acuerdo a cálculos realizados por la Contraloría entre 2019 y 2021 se requieren alrededor de $115,9 billones para cumplir los objetivos previstos en la Ley 1448 de 2011. Solo las medidas de indemnización, vivienda, reparación colectiva y atención psicosocial requieren un monto de $66,5 billones. Razón por la cual se insiste en la necesidad de realizar un ejercicio riguroso de revisión y planeación que incluya el costeo de los componentes y medidas de la política pública, que permita avanzar de manera decidida en un tiempo razonable en el restablecimiento de los derechos de las víctimas, asignando los recursos suficientes para ello.

EL Gobierno Nacional enfrenta un reto importante teniendo en cuenta que a julio de 2019 se encuentran 8.847.047 de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas. A esto se suma que el universo de víctimas continúa aumentando debido a los hechos de violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control en los territorios, que continúan agravándose en diferentes zonas del país. Los casos de confinamiento, desplazamientos masivos, amenazas, reclutamiento forzado y accidentes por minas han incrementado en el último año. En lo corrido de este año, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría reportó que 15 departamentos y 25 municipios del territorio nacional se encuentran en riesgo de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las alertas 025 de 2019 y 029 de 2019 anunciaron una posible afectación de 1.672 indígenas y afrodescendientes en el municipio de Litoral de San Juan Chocó, y de 69.000 en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca). Adicionalmente, la situación de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos continúa siendo dramática. Entre marzo de 2018 y mayo de 2019, la Defensoría ha reportado 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios, siendo en cuanto a esta última violación los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca los que registraron mayor ocurrencia de estos hechos.

Desplazamiento sigue imparable por causa del neoparamilitarismo.

Por otra parte, la CMSLV reconoce que el PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” tiene algunas metas importantes en materia de reparación colectiva, superación de situación de vulnerabilidad y retornos. Sin embargo, se trata de metas ambiciosas frente a lo que se ha logrado hasta el momento más no frente a la dimensión de la tarea pendiente.

En otros componentes de la política como atención humanitaria, generación de ingresos y vivienda, resultan insuficientes las acciones previstas para atender a esta población. Se advierte que no solo se requiere el aumento de recursos, sino que también es necesario mejorar la coordinación entre las entidades del Gobierno para una gestión eficiente, la articulación entre las entidades del SNARIV y las entidades territoriales y fortalecer las medidas para garantizar la estabilización socio económica. Sin estos ajustes en la implementación de la política no será posible la transición entre el asistencialismo y la reparación que propone el Gobierno Nacional.

En este Informe se fortaleció la metodología utilizada previamente, a partir del seguimiento realizado a las recomendaciones de informes anteriores. La información presentada se deriva del análisis de la respuesta a los requerimientos realizados a las diferentes entidades del SNARIV, el análisis de bases de datos oficiales, las visitas administrativas y los resultados de casos específicos que acompañan diferentes entidades que conforman la CMSLV.

Victimas son afectadas por la corrupción y la baja calidad de las políticas publicas.

El informe se divide en siete secciones: (i) presupuesto; (ii) prevención y protección; (iii) atención y orientación; (iv) asistencia; (v) reparación integral; (vi) ejes transversales; y (vii) investigaciones fiscales y disciplinarias. Cada una de ellas incluye un análisis cuantitativo y cualitativo de diferentes medidas y temas.

La primera y última sección, presentan una estructura diferente, en la medida que corresponden a los resultados del ejercicio de la función fiscal y disciplinaria, propias de la Contraloría y la Procuraduría.

En el análisis cuantitativo, explica el resultado final de la medición de 17 indicadores del anterior PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, y de 10 indicadores del CONPES 3726 de 2012.

Teniendo en cuenta que en el pasado informe se alertó sobre la insuficiencia de estos indicadores para medir el avance en la implementación de la política pública, la CMSLV incluyó, en la mayoría de temas, nuevos indicadores y categorías de análisis. Asimismo, se advierte que el Gobierno Nacional no contaba con indicadores en PND o CONPES para los siguientes temas: Centros de atención, connacionales, participación, educación superior y libreta militar.

En la construcción de este informe se evidenciaron inconsistencias entre la información entregada por las entidades y las cifras reportadas en las plataformas públicas del  Gobierno, ante lo cual la CSMLV verificó con la entidad correspondiente. Cada situación se detalla en el desarrollo de cada uno de los capítulos. No obstante, se reitera la necesidad de fortalecer los reportes de información y de avanzar aceleradamente en la formulación de indicadores y metas que permitan el seguimiento de la política. En cuanto al análisis cualitativo, se describen los principales avances y dificultades identificados en cada tema, teniendo en cuenta el enfoque de género y discapacidad, así como el resultado del seguimiento a las recomendaciones emitidas en los anteriores informes. Frente a cada capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones que a juicio de la CSMLV deben tener en cuenta las diferentes entidades del SNARIV en el ajuste e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a víctimas, para garantizar los derechos de esta población. Finalmente, se reitera que la implementación del Acuerdo de Paz es una oportunidad para avanzar en el enfoque transformador de la reparación, por lo que es necesario un trabajo más articulado entre las entidades que conforman el SNARIV, con el fin de que la Reforma Rural Integral contribuya a la reparación integral de las víctimas.  

En el siguiente enlace consultado el 28 de agosto del 2019 se puede acceder al Informe completo de seguimiento a la Ley 1448 para identificar la situación en el Valle del Cauca donde las victimas superan el número de las 650 mil personas: file:///C:/Users/inter/Downloads/6InfoCSMLV.pdf

Publicado por:
David Macias
August 28