Tres años del Acuerdo de Paz. Horacio Duque.

De la Calle, uno de los negociadores de paz con las Farc.

Se completan tres años de la firma del Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc. El balance de la implementación de los consensos alcanzados no es el mejor, el actual gobierno ha volcado todo su esfuerzo a dinamitar la construcción de la paz y ha regresar al país a las épocas de la guerra fratricida, algo muy grave.

Recogemos acá cuatro opiniones sobre lo que esta sucediendo con la paz.

El Acuerdo Paz, el acontecimiento más importante en términos de paz de la historia reciente de Colombia. Esperanza Hernández Delgado*

Mas allá de la polarización y reconociendo la paz como un interés superior y un proceso perfectible e inacabado, es inocultable que el acuerdo de paz del gobierno Santos y las Farc representa el acontecimiento más importante, en materia de paz, de la historia reciente de Colombia. Este acuerdo evidenció nuevamente que la paz negociada es posible en este país como mecanismo inteligente para resolver y transformar un conflicto armado arraigado, prolongado y muchas veces degradado. Además, hizo visible la prevalencia del diálogo y los acuerdos sobre distancias que parecen insalvables, diferencias aparentemente irreconciliables y heridas profundas causadas, por más de medio siglo de confrontación armada.

Hoy como hace tres años, distintos sectores sociales y de opinión celebramos este acuerdo porque hizo posible lo aparentemente imposible: finalizar el conflicto armado con las Farc, considerada como la guerrilla más antigua y consolidada del continente, y sentar una hoja de ruta para transformaciones largamente esperadas y aplazadas, que con una labor de construcción de paz de mediano y largo plazo, tendrían capacidad para superar las causas generadoras del mismo.

Tres años es un lapso corto para evaluar los alcances del acuerdo de paz. No obstante, se identifican diversos y significativos logros. Dentro de los mismos, la desmovilización, el desarme y el asentamiento de 13.048 guerrilleros en Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que dejaron en custodia de la ONU 1,3 armas por exguerrilleros, la más alta en la historia de Colombia, y entregaron 2.114.350.000 pesos colombianos y 450.000 dólares para la reparación de las víctimas. También ofreció oportunidades para la vida, la esperanza y la paz en regiones, localidades y veredas ubicadas a lo largo y ancho de este país, cuyos habitantes habían padecido el múltiple impacto del conflicto armado. Igualmente brindó posibilidades a los excombatientes para que comenzaran un nuevo proyecto de vida, personal y comunitario, dejando atrás la dureza de la guerra, para desplegar su liderazgo social y político, reencontrarse con sus familias y reincorporarse a las comunidades.

En una dimensión política, este acuerdo ha generado la posibilidad de profundizar y fortalecer la democracia, contemplando espacios para la participación, la inclusión y la oposición políticas, factores esenciales en un sistema democrático, y que han representado una demanda persistente de diversos sectores sociales y de quienes se han levantado en armas contra el Estado. En perspectiva de reconciliación, este acuerdo ha posibilitado un Sistema de Verdad, Justicia y Reconciliación, y otros diálogos constructivos y necesarios, como los realizados entre excombatientes de guerrillas y paramilitares, entre estos y víctimas, o entre exguerrilleros de las Farc y víctimas, para contribuir a la reconstrucción de verdades sanadoras sobre hechos violentos y victimizantes, y crear escenarios que permitan ofrecer el perdón y recibirlo.

Desde 2018 se ha profundizado un contexto adverso al acuerdo de paz. Un gobierno nacional en cabeza de un presidente que representa al sector político reconocido como el mayor saboteador del proceso de paz y del acuerdo producto del mismo, la incertidumbre que han provocado los intentos por modificar y desconocer dicho acuerdo, el bajo nivel de implementación del mismo, el resurgimiento de grupos paramilitares, el copamiento por parte de estos, otras insurgencias, disidencias de las Farc y grupos narcotraficantes de los territorios que dejaron las extintas Farc, y el alto número de líderes sociales, indígenas y excombatientes asesinados, entre otros.

En este contexto el acuerdo de paz ha fortalecido el movimiento por la paz, posibilitando el surgimiento de plataformas como “Defendamos la Paz”, en la que convergen plurales sectores en el único propósito de la defensa del acuerdo de paz. Ha generado pertenencia local en experiencias regionales y locales de construcción de paz, y ha hecho visible la voluntad de cumplimiento de lo pactado por parte del partido Farc y los excombatientes comprometidos con el proceso de paz. Con limitados recursos, enormes dificultades, desde ellos mismos o con el apoyo de la cooperación internacional y otros sectores, estos excombatientes han desarrollado importantes proyectos productivos y incluso han convertido escenarios de guerra en sitios de interés turístico.

El acuerdo final de paz representa un importante logro y al mismo tiempo un valioso mecanismo de construcción de paz en un país que no logra cerrar del todo el ciclo de violencias y empoderar la paz.

 “El Acuerdo logró su finalidad”: Humberto de la Calle. David Leonardo Carranza Muñoz.

24 Nov 2019.

Reflexiones del jefe del equipo negociador del gobierno Santos a tres años de la firma.

Barrancabermeja era un hervidero en abril de 1991. El primer fin de semana de ese mes fueron asesinadas nueve personas. Dos días después lanzaron una granada contra la casa de Olgher Santodomingo, el entonces secretario de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, y la guerrilla intensificaba los ataques contra la infraestructura de Ecopetrol. A finales de ese mes, el entonces ministro de Defensa, general Óscar Botero, y el de Gobierno, Humberto de la Calle, presidieron un consejo de seguridad en la ciudad. “Había paramilitarismo, guerrilla, insatisfacción social. Era un crisol de lo que era Colombia”, cuenta De la Calle. Una vez instalados le preguntó a uno de los asistentes: “Pero bueno, en definitiva, ¿ustedes con quién están?”. La respuesta se hizo un lugar en la memoria del exministro: “Usted no ha entendido. Estamos con el fusil más cercano”.

Ese fue uno de los episodios que le permitieron a De la Calle conocer de primera mano la crueldad y complejidad de la violencia en Colombia. 21 años después del encuentro en el puerto petrolero, el 20 de agosto de 2012, fue convocado a otra reunión, esta vez en la Casa de Nariño. Juan Manuel Santos le pidió que fuera el jefe negociador del Gobierno durante la parte pública del proceso de paz con las Farc. “¿Cómo es posible que obtengamos algo bueno hablando con tipos malos?”, le preguntó uno de sus seis nietos. Ese sería el cuestionamiento ético fundamental que daría vueltas en su cabeza.

Me pareció que lo ético era precisamente auscultar ese camino del diálogo. Lo que hubiera sido totalmente contrario a la ética era desoír esa posibilidad y continuar en una guerra de ocho millones de víctimas. Ese es el núcleo inicial, los temas de carácter moral: ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Y tuve, tengo y tendré siempre la satisfacción de creer que era el camino correcto”, aseguró De la Calle al querer aclarar cuál fue su lógica de pensamiento al hacerse cargo de un proceso de paz que se vislumbraba tortuoso desde el principio.

No parece una buena idea encargarle la llegada a buen puerto de unos diálogos de paz a alguien que se reconoce como un pesimista profesional. De la Calle dice que esa condición le sirve como antídoto para la frustración, para estar psicológicamente preparado para reveses estrepitosos, como el del 2 de octubre de 2016, cuando el plebiscito por la paz perdió por poco menos de 54.000 votos.

Sin embargo, el pesimismo del exjefe negociador del Gobierno dista mucho de ser producto de la inconstancia. “Nunca estuve en términos de tirar la toalla”, cuenta. Hoy, cuando se cumplen tres años de la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón, luego de la refrendación a través del Congreso, De la Calle insiste en la nobleza de lo pactado entre el Estado y las Farc.

“Creo que el Acuerdo logró su finalidad, y me parece que es una pieza compleja. Es como un reloj suizo o como un castillo de naipes, si usted le quita una pieza se desbarata. Por lo tanto, el mejor acuerdo es ese, porque fue el que permitió que estos señores entregaran las armas, se destruyeran, formaran un partido político y reconocieran el sistema democrático en Colombia —dijo no sin antes evitar quedar como un soberbio—. Sin arrogancia, esto es muy difícil de decir, porque a veces se malinterpreta”.

El gobierno Santos, en el cual se originó, desarrolló y concluyó el diálogo por la paz, estuvo en el poder después de la firma del Acuerdo por un año y ocho meses. Sin embargo, el mismo jefe de negociación aceptó que pareció como si ese mismo gobierno no hubiera estado preparado para el posconflicto, pese a que el proceso llevaba cinco años en La Habana.

El 7 de agosto de 2018 llegó a la Presidencia Iván Duque y con él se encumbraron en el Gobierno los enemigos acérrimos del proceso de paz. La fuerza política que estuvo al frente de la campaña del No en el plebiscito sería la encargada de la implementación de lo firmado con las Farc. “Pensé que el Gobierno estaba realmente más preparado. En los primeros meses nadie sabía qué era lo que estaba pasando, pero ha insistido lealmente, creo, en lo que se llama la reincorporación de la base guerrillera. Por ejemplo, el doctor Emilio Archila (consejero presidencial para la estabilización y la consolidación) lo está haciendo bien, tiene metas claras y ahí vamos, con dificultades fiscales, etcétera, pero ahí tengo una visión optimista. Pero resulta que es un error pensar que el Acuerdo es solo eso. Va mucho más allá, y ahí hay un enorme error estratégico del Gobierno. No porque me lo inventé, sino porque ha sido explícito el doctor Duque y también el doctor Uribe en decir ‘nos entendemos con los guerrilleros de base, pero no con la dirigencia’; con el ánimo de despojar al Acuerdo de los elementos estructurales”, dijo De la Calle, quien además asegura que el entorpecimiento de lo pactado es un error para Colombia.

Por ejemplo, uno de los puntos del Acuerdo que está estancado es la reforma rural integral. Este se acordó en La Habana el 13 de junio de 2013, pero no ha habido avances significativos en esta materia. La pretensión de este consenso era erradicar la pobreza rural extrema, reducir la brecha entre el campo y la ciudad, y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, entre otros. El exjefe negociador considera que hay una nueva frustración para el país en este tema. Advierte que, además de ser uno de los ejes estructurales del Acuerdo, es un asunto que tiene que ver “con la productividad del campo, con la apertura de las fuentes que brinda la industria y no con las Farc ni con el Gobierno del señor Santos”.

El problema de tierras es histórico en Colombia. Los predios grandes (de más de 500 hectáreas) pasaron de ocupar cinco millones de ha en 1970 y a 47 millones de hectáreas en 2014, según un estudio de Oxfam. Además, en el país el 1 % de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño ocupan el 81 % de la tierra, es decir, el 99 % ocupan tan solo el 19 %.

Otro de los grandes retos para el Estado era llegar a los territorios que históricamente carecieron de presencia institucional y donde, a falta de ella, las Farc eran la ley. “No lo hemos logrado por razones seguramente geográficas, por las dificultades de estas tres cordilleras tan abruptas, por deficiencias del Estado que se derivan de su pobreza fiscal. ¿Fue desidia? ¿Fue que el Estado no apareció rápidamente para copar esos vacíos o incapacidad? Y, además, ¿basta la presencia militar? Creo que esa es la clave. No basta. Por eso necesitamos algún grado de tranquilidad para la tarea de construir Estado en esas zonas remotas donde no lo hay o lo que hay de cuando en cuando es un Ejército que parece más un Ejército de invasión: llega, actúa y luego se retira”, concluye De la Calle, quien además sostiene que Colombia es un país con más territorio que soberanía.

Precisamente el jefe negociador del Gobierno está preocupado por el rol de los militares durante la implementación del Acuerdo. A pesar de que generales del Ejército, como Javier Flórez, y el general (r) Jorge Enrique Mora, participaron activamente durante los diálogos, De la Calle cree que se gestó una división dentro de la fuerza que puede tener repercusiones nefastas y que estimular esa ruptura es una “irresponsabilidad enorme”. De un lado estarían los oficiales que llaman santistas, quienes respaldaron el proceso de paz, y del otro los del ala conservadora, quienes están cerca de la línea de pensamiento de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), organización que ha dicho públicamente que el Acuerdo fue un fracaso.

Esas voces en contra de lo pactado con la guerrilla tomaron fuerza con uno de los episodios críticos de este proceso: el anuncio de rearme hecho por Iván Márquez, quien fuera la contraparte de De la Calle durante los diálogos, acompañado por Jesús Santrich, y Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, entre otros. “Fue un momento muy difícil y triste, porque siempre había la hipótesis de que pequeñas fracciones se convirtieran en disidencias, pero que estos personajes hayan tomado esa decisión es una cosa tan anacrónica. Es patético. Arguyen que ha habido incumplimientos del Estado y, en efecto, los ha habido, pero me parece que la respuesta más constructiva ha sido la de Rodrigo Londoño (Timochenko), que dijo que sí hay incumplimientos, pero eso no los desvía del camino de la paz”.

Para De la Calle las elecciones regionales del 27 de octubre fueron un espaldarazo a la reconciliación. Según dice, los resultados rechazaron los extremos y los fanatismos en la escena política. Sin embargo, su pesimismo utilitario y la lección del plebiscito lo ayudan a mantenerse en alerta. “No hay que bajar la guardia. No. Hay fuerzas que están hibernando, que todavía buscan suprimir el pluralismo en la sociedad colombiana”.

El exjefe negociador dice sin vacilar que los cinco años de diálogos de paz en La Habana valieron la pena. Que hoy por hoy le aconsejaría a un niño de Manzanares, Caldas, su pueblo natal, que se eduque, trabaje y crea en su potencialidad. “La palabra central que explica todo esto es ‘oportunidad’. Creo que es una oportunidad que está ahí, que tiene riesgo, pero que los colombianos no deberíamos desechar”.

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-acuerdo-logro-su-finalidad-humberto-de-la-calle-articulo-892537

“La paz avanza con dificultades”: Pastor Alape. Natalia Herrera Durán.

24 Nov 2019.

El miembro de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Revolucionaria del Común (FARC) hace el balance de esta organización política y dice que urgen medidas para que continúe la reincorporación.

Alape, el negociador de las Farc.

Este 24 de noviembre se cumplen tres años del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno y las Farc, en medio de un clima político enrarecido por los desmanes, toques de queda y la contención de marchas sociales de inconformismo con el actual Gobierno. Este diario habló con Pastor Alape, miembro de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y delegado del Consejo Nacional de Reincorporación, para que diera su balance a tres años del histórico pacto de paz.

¿Cómo es su balance a tres años del Acuerdo de Paz?

Es un balance en términos generales positivo, porque el Acuerdo ha generado unas condiciones políticas en Colombia con todas las dificultades que tiene. En términos generales, la paz no ha fracasado y avanza.

¿Y en el detalle?

Faltan los ajustes institucionales, y esas son conquistas que debemos seguir. Faltan las circunscripciones especiales de paz para las víctimas, por ejemplo.

¿Qué otras medidas son urgentes sacar adelante?

Son varias, pero le diría que el crédito para excombatientes es muy importante, porque en la ruta de reincorporación no está contemplado y nuestra gente no tiene ni historia laboral ni financiera, y sin eso es difícil sacar proyectos productivos. Así como la ruta de educación superior, porque aunque ya llevamos más de 1.200 bachilleres graduados en estos tres años, a partir del programa que financia Noruega y Colombia, sigue faltando un programa por parte del Gobierno de formación superior. Y de seguridad social para el adulto mayor y el excombatiente con discapacidad física.

El Gobierno, hace unos meses, anunció 25 medidas específicas para prevenir los asesinatos de excombatientes, ¿han servido?

Pues después de eso se han dado más de ocho asesinatos. Está el de Alexánder Parra, el que se dio en el Cauca. Las medidas no se han sentido en el territorio. Son medidas más de carácter mediático que efectivas en el territorio.

Por ejemplo, frente al caso de Alexander Parra, que es además bastante emblemático porque es el del primer excombatiente asesinado en un espacio de reincorporación. ¿Qué han podido avanzar sobre esta muerte?

Nosotros hemos responsabilizado, inicialmente, al Estado porque se supone que las unidades militares que estaban en la jurisdicción tenían el papel más activo para impedirlo. Y no jugaron ese papel. La situación la estamos mirando en ese contexto. Lo demás ya lo estamos hablando para poder aportar más elementos en la investigación, pero es reservada.

¿El regreso a las armas de “Iván Márquez” y otros ha afectado la reincorporación de excombatientes?

La decisión que tomaron Iván y el grupo que lo acompaña casi que le permitió el juego político al Centro Democrático. Y más del 92 % ha permanecido en la lucha por la reincorporación ante claros incumplimientos del Gobierno. Por eso diríamos que quienes se mantienen en los espacios de reincorporación son más de 3.500 personas y fuera de estos espacios más de 9.020. En el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) teníamos 890 personas que no le teníamos clara su ubicación, dado las mismas situaciones de incumplimiento de la reincorporación, los proyectos productivos y los temas de tierras, y en muchos territorios no hay ni cobertura.

¿Cómo va la entrega de tierras a los excombatientes en proceso de reincorporación colectiva?

Mal. Con el Gobierno anterior se había iniciado el proceso y disposición de tierras a partir de dos rutas, una que era la Agencia Nacional de Tierras que le entregaba a una entidad del Estado y esta le entregaba en comodato a los excombatientes para el desarrollo de proyectos productivos. La otra ruta era que esta agencia compraba los predios a partir de los proyectos productivos y se la entregaba directamente a la cooperativa de excombatientes. El proceso se inició en San José de Guaviare en el ETCR de Colinas, y se avanzó, pero quedó paralizado con este nuevo Gobierno. Hasta el momento no se ha recibido de parte del Gobierno ni un centímetro de tierra. Donde se ha recibido es por iniciativa propia. Por ejemplo, de los empresarios de Proantioquia, que donaron un predio de 270 hectáreas.

Un ejemplo muy interesante que rompe con esa idea de que los antioqueños no quieren el Acuerdo de Paz…

Sí, en Antioquia hay personas que le apuestan a la paz porque han vivido muy duramente la guerra. Hay un sector político que es el uribismo, pero que es cada vez menos fuerte y fue derrotado en estas elecciones regionales. Y en ese departamento tenemos varios espacios de reincorporación y hemos venido trabajando con varios sectores.

¿Cuál es su lectura sobre el año y medio de implementación del sistema de justicia transicional?

Hemos sido actores fundamentales de la implementación del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición. Y hemos sido observadores de las embestidas que el Gobierno y su partido han hecho para desmembrarlo. Eso ha sido difícil, dado que cada ataque general en el colectivo hay incertidumbre y temores. Lo que hemos venido haciendo es presentarnos y hacer los requerimientos de las tres entidades en los espacios que proponen. Por ejemplo, el viernes estuvo Timochenko en Medellín en el acto de reconocimiento sobre los menores víctimas del conflicto armado. Es decir, estamos dedicados a responderle al sistema. Pero, por ejemplo, la JEP no ha respondido a los paramilitares. Llega el señor Carlos Mario, conocido como Macaco, con una gran responsabilidad, y no lo han recibido.

Es decir, ¿están de acuerdo con que el sistema reciba a paramilitares?

Sí, aquí tenemos que aportar verdad todas las partes del conflicto armado. Entonces a esta gente toca recibirla. Los militares están llegando por intención propia. El sistema está funcionando, pero así van a ser incompletos sus resultados.

¿Cuál es su balance del tránsito político de la organización?

Hemos recibido un apoyo de parte de la sociedad colombiana, aunque no ha sido fácil remontar esa expresión en votos por diversas falencias propias y falta de recursos, más la campaña del partido de Gobierno, de estigmatizarnos. Pero en términos generales de avance de la democracia sí hemos visto cómo el Acuerdo de Paz ha permitido abrir otros escenarios de movilización social importantes. Eso nos indica que el camino que elegimos es el camino acertado y el camino que esperaba el país. La mirada hay que tenerla en el horizonte.

El Gobierno asegura que varias de las medidas previstas en el punto de tierras las ha implementado ya. ¿Qué piensa de esa afirmación?

Que es un punto que no se ha ejecutado en lo fundamental. Se han tomado algunas medidas, pero no son parte de la estructura del Acuerdo Final. No puede este Gobierno ni ningún otro decir que ya adelantaron la reforma rural integral. El catastro multipropósito tampoco se ha hecho.

También afirma que Farc no ha cumplido con la entrega de bienes para la reparación y dio un nuevo plazo para que o hagan…

En este punto del Gobierno no está jugando limpio y aquí le apuesta más bien a una estrategia mediática para quitarse responsabilidades frente a sus incumplimientos. Las Farc dispuso de inventarios para que inmediatamente el Gobierno procediera a tomar las medidas que crea necesarias. Cuando las Farc procede a entregar el inventario ya prácticamente era una organización que había hecho dejación de armas. La custodia de esos bienes era responsabilidad del Gobierno. Lo que hizo el señor exfiscal Nestor Humberto Martínez, en ese talante de democrático y perverso que lo ha caracterizado, fue filtrar el inventario para allanar, en términos políticos y mediáticos. Se entregó lo fundamental que ha sido oro, dinero en efectivo, moneda extranjera y bienes. Hay cosas como acueductos, carreteras, escuelas que la SAE no sabe qué hacer con eso porque no puede monetizarlos y no los ha recibido.

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-paz-avanza-con-dificultades-pastor-alape-articulo-892540

“El balance de la implementación del Acuerdo es fenomenal”: Gobierno. Gloria Castrillón.

24 Nov 2019.

Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, muestra los avances en la implementación del proceso de paz en reincorporación, tierras y sustitución de cultivos de uso ilícito. Desmiente a sus opositores.

Para elgobierno en cabeza de Archila todo va de maravillas.

El alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, tiene en sus manos la implementación del Acuerdo Final firmado con las Farc. / Óscar Pérez – El Espectador

¿Cuál es su balance de la implementación del Acuerdo, a tres años de la firma?

Es fenomenal. Si uno mira la forma como ha decaído el número de homicidios, de secuestros, de personas afectadas por minas, el balance es increíble. Cambiamos nuestra Constitución para que la antigua guerrilla participara en las elecciones a Congreso y en las primeras elecciones locales, que fueron las más pacíficas en 50 años. Cambiamos nuestra Constitución para implementar una justicia transicional, con sus tres entidades, que son un ejemplo para el mundo. Tenemos el proceso de reincorporación más ambicioso, con el mayor número de garantías que se han ofrecido a un grupo armado en el mundo. De los 13.000 excombatientes que están acreditados, casi la totalidad sigue en reincorporación. Con razón Eamon Gilmore, enviado de la Unión Europea para el proceso de paz, dice que seguimos siendo un caso de éxito en el mundo.

Usted muestra como un logro la creación de las entidades del sistema de justicia transicional, pero el Gobierno y su partido han intentado cambiarle las reglas de juego, eso suena muy contradictorio…

No hay manera de acabar esa crítica, es un discurso político que hacen los opositores. Es falso que hayamos tratado de cambiar desde el Gobierno las reglas de juego de esa justicia. Y le explico el tema de objeciones: el acto legislativo que creó el sistema no necesitaba ley de procedimiento para entrar a operar, de hecho, estaba operando cuando llegamos al Gobierno. Una ley marco requiere la participación de las tres ramas del poder público. El Congreso se demoró un año discutiendo esa ley, se hicieron centenares de proposiciones, unas pasaron y otras no, y a nadie se le ocurrió que eso fuera para destruir los Acuerdos. Después de eso la Corte Constitucional se demoró ocho meses estudiando la ley, y al final tumbó y condicionó 12 artículos y a nadie se le ocurrió que la Corte quería destruir los Acuerdos. El presidente se demoró 10 días en el estudio de la ley y presentó objeciones a seis artículos, ninguno les quitaba garantías a los excombatientes. En el Congreso tuvieron su debate, y según la Corte no fueron acogidas. El presiente se demoró 48 horas en firmar la ley. Así actúa un demócrata.

Pero el partido de gobierno sigue presentando proyectos para cambiar la JEP…

En un partido político hay muchas personas y no todas estaban de acuerdo con que el presidente fuera el presidente, algunos fueron sus opositores en el interior del partido. Al presidente y a mí nos deben juzgar por lo que hacemos.

¿Admite que el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es la materia que está en rojo?

Lo recibimos en rojo rojísimo, pero en este momento lo tenemos en amarillo. Cuando lo recibimos vimos que habían ido por todo el país firmando acuerdos sin ton ni son; no tenía recursos, planeación, estructura, información, no tenía nada. Nosotros lo reestructuramos, conseguimos la gente, hicimos un análisis de qué estructura necesitaba, lo pasamos a la Agencia de Renovación del Territorio, reconstruimos la información, creamos protocolos de contratación, revisamos la ruta para que sea cumplible, fuimos a todos los sitios a ponerle la cara a la gente y explicar lo que ocurría. En estos 15 meses le hemos invertido medio billón de pesos en pagos a las familias. Para cumplir esas promesas que se hicieron hay que invertir $4,3 billones. Es cierto que hay mucho por hacer. Les hemos cumplido a un montón de personas. No a todas les vamos a poder cumplir en el tiempo que les prometieron irresponsablemente.

¿Qué significa que esté en amarillo, qué viene ahora?

En la medida que podamos conseguir recursos, les vamos a cumplir a todos los que firmaron. Hemos planteado modelos alternativos, hicimos una reestructuración de la Agencia Nacional de Tierras, creamos una dependencia para el programa Formalizar para sustituir. Estamos trabajando en el Cauca, en Catatumbo, recibimos el apoyo de Warren Buffet.

¿Qué es Formalizar para sustituir?

A cambio de su promesa de sustituir, se les formaliza la tierra a las familias y eso permite que tenga la garantía de iniciar un proyecto productivo. Hemos visto que ese incentivo es aún más poderoso para que las familias no vuelvan a cultivar.

¿Cómo va a conseguir la plata para completar los $4,3 billones de los que habla?

Son recursos del presupuesto. Utilizamos distintas estrategias. Por un lado, conseguimos recursos para el PNIS, por otro lado, buscamos alternativas para poder cumplirles de otra manera. Tenemos una promesa del Estado y la manifestación del presidente de que vamos a honrar la palabra.

Se le critica al Gobierno que mientras la sustitución no avanza -por las razones que usted explica-, lo que sí avanza es la erradicación forzada que causa enfrentamientos con las comunidades…

No hay un mensaje contradictorio. La contradicción está cuando se dice que no queremos cumplir con el PNIS. Sí estamos cumpliendo y hemos creado y avanzado en otros mecanismos de sustitución voluntaria. El presidente ha dicho es que para poder combatir el narcotráfico tenemos que utilizar todos los mecanismos legalmente previstos. Tenemos el PNIS, tenemos que legalizar para sustituir, tenemos otros proyectos en el Cauca, en El Tambo y Argelia, llevamos obras de Ocad Paz, de regalías, para sacar adelante obras en estos municipios tan complicados.

¿En qué consiste ese proyecto?

Nos metimos a El Tambo y a Argelia a hablar con las comunidades durante horas y días para identificar sus necesidades; les dijimos: nosotros conseguimos las vías y el apoyo para los proyectos productivos, y ustedes levantan la coca. Ya casi hemos logrado la convicción de todos los habitantes.

Las cifras muestran que la resiembra es más alta cuando se usa la erradicación forzada. ¿En ese caso no es mejor invertir más recursos en la sustitución, lo que recupera la confianza de las comunidades en el Estado?

Estoy del lado de la sustitución, creo en lo que hago, ahí no hay contradicción. Es un punto de vista distinto, tenemos que utilizar todos los instrumentos. No hay ambigüedad.

El Gobierno lanzó 25 medidas para la protección de excombatientes, ¿cuál es su balance de estas medidas?

Después de que ocurrió el asesinato de Alexánder Parra, en Mesetas, hubo un consejo de seguridad y se adoptaron otras 12 medidas adicionales. Tendría usted que hablar con la fiscal Mancera y revisar las condiciones en que han muerto la mayoría de ellos y evaluar si se hubieran podido evitar con algún esquema de seguridad. La Fiscalía dice que más del 75 % han muerto a manos de narcotraficantes, en sitios donde hay disputa por corredores del narcotráfico. El Gobierno dedica muchos recursos a la protección de los que están siendo amenazados. El análisis del riesgo se hace en una mesa técnica, donde está la UNP y están los excombatientes. Tenemos más de 200 esquemas de seguridad y ninguno de los protegidos ha sido asesinado.

¿Qué falló en la seguridad del Estado en el asesinato de Alexánder Parra dentro de un ETCR en Mesetas?

El presidente dio instrucción para emplear todos nuestros esfuerzos en la seguridad de los excombatientes. Es un tema muy importante, no puede caber ninguna duda del esfuerzo para protegerlos. Los malos son los salvajes que los matan.

¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en este caso?

Hago mi mayor esfuerzo por hablar y coordinar con las cabezas de estas entidades, pero las respuestas que busca están en el ministro de Defensa y en el Ejército y la Policía.

Las entidades encargadas de verificar el cumplimiento del Acuerdo dicen que lo más atrasado son los puntos 1 y 2.

Los invito a que vean mi reporte de los 14 meses. Ahí mostramos avances en todos los frentes. Son muchas las medidas previstas, pero pocas necesitan una ley. En el Acuerdo está previsto que haya un sistema de crédito especial para el campo, ya se creó; debe existir un esquema de acercamiento de campesinos a los puntos de venta, ya se creó, y se llama Cultive y compre a la fija, que lanzó el Ministerio de Agricultura y tiene varias decenas de miles de favorecidos. Se prevé proteger a mujeres campesinas y se creó la Dirección de la Mujer Campesina, también en el Ministerio de Agricultura; está previsto un sistema de salud para el campo, y ya se lanzó en La Guajira; debe crearse un catastro multipropósito, y ya adquirimos un crédito por US$150 millones para hacerlo, se hizo una reforma al IGAC y a la Superintendencia de Notariado y Registro; debíamos terminar el piloto de formalización de tierras en Ovejas, y lo hicimos entregando 1.000 títulos; en el Banco de Tierras recibimos medio millón de hectáreas; está previsto evaluar la prórroga de la Ley de Víctimas, y el presidente ya anunció que se prorrogaría. Y como esas hay más medidas que se han implementado.

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-balance-de-la-implementacion-del-acuerdo-es-fenomenal-gobierno-articulo-892586

Publicado por:

David Macias

November 25

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