Vendettas en el Valle y Cauca. ¿Que pasa con la Seguridad en el Valle del Cauca? RS.

7.07.2019.

La reaparición de cuerpos desmembrados en Buenaventura, decapitados en Tuluá y masacres en el Cauca hace temer que en esa región del país se reactivaron ajustes mafiosos de cuentas al peor estilo de los carteles mexicanos, y que buscan ganar terreno a punta de terror. ¿Qué pasa?

Disputas entre bandas criminales aumentan la violencia en Valle y Cauca  En el Cauca, durante un fin de semana hubo tres masacres, en igual número de municipios, con nueve muertos.

En menos de una semana, dos departamentos del suroeste colombiano sintieron la sevicia criminal con la que se imponen las nuevas bandas delincuenciales que buscan controlar rutas mafiosas, apoderarse de las ganancias locales del microtráfico o sencillamente sembrar terror. Y todo parece indicar que para lograrlo están usando técnicas tan macabras como las ejecutadas por los temidos capos mexicanos o en las peores épocas de la guerra mafiosa entre los carteles de Cali y Medellín.

El alcalde de Candelaria (Valle) denunció la existencia de una banda con presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Mientras que en Buenaventura (Valle) líderes de la Iglesia católica denunciaban que las temidas casas de pique (sitios donde torturan y descuartizan personas) nunca desaparecieron, en Tuluá se reportaba el hallazgo de dos cabezas humanas en bolsas plásticas; un día después encontraron los cuerpos. Y en el Cauca, las autoridades hacían el crudo balance de un fin de semana tan violento que en un mismo día se cometieron tres masacres en igual número de municipios, con nueve muertos.

Como telón de fondo de esos hechos, ambos departamentos registran el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc reincorporados a la vida civil tras la firma del acuerdo de paz. Además, el Valle aparece en el radar de la Misión de Observación Electoral (MOE) y de la Fundación Paz y Reconciliación como una de las regiones vulnerables ad portas de las votaciones que se avecinan: ofrece el penoso saldo de dos precandidatos a alcaldías asesinados; uno, herido tras sufrir un ataque armado en plena plaza pública; y un alcalde en ejercicio, atacado por sicarios, que salió ileso.

El tema de la inseguridad en el Valle es tan reiterado que solo este año el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha realizado dos consejos extraordinarios de seguridad. Uno fue en Buenaventura y el otro en Tuluá, pero irónicamente en esas dos ciudades es donde más hechos macabros ocurren. El primer asomo de esa estela violenta ocurrió el 9 de junio pasado, el mismo día que en Buenaventura se realizaba la presentación oficial de un proyecto por 7 millones de dólares, liderado por ocho empresas privadas y cooperación internacional. La iniciativa busca empoderar a las comunidades e incidir en las políticas públicas de la ciudad portuaria más importante que tiene Colombia sobre el mar Pacífico, pero que sigue sumida en el atraso, la pobreza y la violencia. En medio de ese evento, se conoció la noticia sobre la aparición del cuerpo desmembrado de un hombre.

Desde 2014, cuando la comunidad denunció la existencia de las temidas casas de pique, los porteños no habían vuelto a padecer semejante horror. Pero fue el mismo obispo del municipio, Rubén Darío Jaramillo, quien confirmó hace poco lo que era un secreto a voces: “Antes, cuando descuartizaban a la gente, tiraban el cuerpo al mar para que desapareciera. Finalmente, aparecía una cabeza, una mano, un tronco flotando en la orilla, y los pesqueros los encontraban. Ahora, los llevan a las zonas rurales y los entierran. Otro punto es que a los cuerpos les meten baldes con cemento, y van y los tiran al mar abierto”, dijo el obispo. Esa misma semana, la escena de horror se repitió, pero en Tuluá, al centro del Valle. En esa ciudad intermedia, los habitantes del barrio Rojas reportaron un macabro hallazgo: dos cabezas humanas envueltas en bolsas plásticas. Al día siguiente, hallaron los cuerpos en La Playita, una zona cercana al río Tuluá. Las víctimas fueron identificadas como Edwin Andrés Gutiérrez Saavedra, de 25 años de edad, y Cristian Andrés Mesa. Ambos se dedicaban a la extracción de material de río.

La Secretaría de Seguridad del Valle reconoce que la región está bajo una modalidad de violencia de gran impacto y reiteración de homicidios. El problema persiste por fenómenos de narcotráfico y microtráfico.

Para las autoridades esos crímenes fueron producto de un ajuste de cuentas entre bandas locales que se pelean las ollas para el expendio de droga. El coronel Guillermo Carreño, comandante del distrito policial en esa ciudad, argumentó que las cabezas “las dejaron como un mensaje”. Desde 2012 en Tuluá no se oía hablar de los decapitados; ese año la guerra a muerte entre dos capos de tercera generación, conocidos con los alias de Porrón y Picante, sembró el pánico con la aparición de al menos media docena de cuerpos decapitados, cuyas partes eran esparcidas por la ciudad como un mensaje de terror y dominio. En los primeros cinco meses de este año, el Valle ya registró 855 asesinatos, según cifras de Medicina Legal. Después de Cali, las ciudades intermedias con más homicidios son Palmira (55), Candelaria (31), Tuluá (39) y Buenaventura (38). De ese grupo llama la atención Candelaria, ya que se trata de un municipio de apenas 30.000 habitantes y que desde el año pasado sostiene una preocupante racha con 50 homicidios. Es tan desesperante la situación que el propio alcalde, Yonk Jairo Torres, a comienzos de año denunció la existencia de una banda con presuntos nexos con el cartel de Sinaloa, que estaría reclutando a jóvenes a quienes les exigen como prueba de ingreso “que deben matar a alguien”.

Jesús Antonio García, secretario de Seguridad del Valle, reconoció que en la región “estamos bajo una modalidad de violencia de gran impacto y reiteración de los homicidios”; y agregó que “se ha llegado a la conclusión de que el problema persiste por fenómenos de narcotráfico y microtráfico”. El mismo presidente Iván Duque presentó ante el país la recaptura de Greylin Fernando Varón Cadena, más conocido como Martín Bala, exjefe del Clan del Golfo y presunto capo de tercera generación de la mafia en el Valle. Las autoridades lo detuvieron el pasado 22 de mayo, en una operación que incluyó balacera con sus escoltas, persecución en carro y un choque.

Entre el prontuario criminal de Martín Bala, revelado por el presidente Duque, se incluyó que “era el jefe de una estructura que se conoce como la Gran Alianza, una unión de mafiosos que incorporaba a muchos delincuentes del norte del Valle”. Ese dato es relevante porque desde hace un par de años se habla de la intención de los viejos narcos por reagruparse, recuperar territorios, rutas y bienes, pero en su momento las autoridades desvirtuaron esa versión. Esa misma puja mafiosa se presenta en el Cauca, un departamento golpeado por los cultivos de coca, marihuana, minería ilegal, y la presencia de grupos armados ilegales como disidentes de las Farc, ELN, Clan del Golfo y los Pelusos. Así quedó demostrado hace dos semanas cuando esas organizaciones criminales habrían ejecutado tres masacres en tres municipios (Bolívar, Argelia y El Tambo), con el saldo fatal de nueve muertos.

En la primera incursión armada fueron acribillados tres miembros de una misma familia, en zona rural de El Tambo, tras ser interceptados por hombres con fusiles en la vía que conduce a la vereda Los Llanos. Luego de ese atentado, otra banda criminal atacó a dos antioqueños y un venezolano que departían en un sitio público del corregimiento El Plateado, en Argelia. Y en Bolívar, otro grupo armado ilegal asesinó a tres campesinos, sin razón aparente. El primero en reaccionar fue el gobernador del Cauca, Óscar Campo, quien no dudó en conectar la violencia que padece su departamento con los cultivos ilícitos y el narcotráfico. “La gran mayoría de estos homicidios tienen que ver con las dificultades que generan las economías ilegales”, dijo, tras insistir en lo que para él sería la solución del problema: “Lo hemos dicho a todas voces, las economías ilegales del Cauca necesitan sustitución, necesitan inversión; el proceso de paz en el departamento del Cauca, más que el anuncio del Plan de Desarrollo, necesita recursos”.

La situación de violencia es alarmante. Esta semana, dos arzobispos y cinco obispos de la zona se reunieron en Popayán y propusieron la creación de un grupo de Servidores de la Paz, que trabaje por las víctimas de la violencia, lo acordado en La Habana, se prohíba el uso del glifosato y se reactiven los diálogos con el ELN. Para empeorar, hace pocos días capturaron en el oriente de Cali a un hombre que llevaba dos morrales con 100 granadas de fragmentación. Pese a ese oscuro panorama, las autoridades aún están a tiempo de impedir que esa región del país se convierta en el salvaje suroeste colombiano.

Fuente:   https://www.semana.com/nacion/articulo/disputas-entre-bandas-criminales-aumentan-la-violencia-en-valle-y-cauca/622289

¿Qué pasa con la seguridad en el Valle?. RS.

29.05.2019.

Madre e hija fueron asesinadas en aparente vendetta por microtráfico en Cali; gobernadora pide militarizar a Buenaventura tras incremento de homicidios; y ante reciente captura de Martín Bala, gobierno admite que él buscaba reencauchar viejos capos de la mafia y reactivar el narcotráfico.

Pese a los contundentes golpes de las autoridades contra las organizaciones mafiosas y las pequeñas bandas que intentan manejar las ollas de expendio de sustancias alucinógenas, el fantasma del narcotráfico parece no desaparecer en el Valle del Cauca.

Y todo indicaría que ese problema sería la causa frente al aumento de los homicidios en algunas ciudades de ese departamento, así como las temibles vendettas entre pequeñas organizaciones que se pelean el control territorial por las ollas de expendio. En los primeros cuatro meses del año las estadísticas de la policía registran 703 asesinatos en toda la región.

Ha sido tan evidente el fenómeno, que solo este año la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha realizado en promedio dos consejos extraordinarios de seguridad por mes y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha participado en tres de ellos, debido al deterioro de la seguridad en ese departamento “estamos luchando duramente con Tuluá, con Palmira y tratando de que Cartago, que venía con unos buenos indicadores, no se nos deteriore”, manifestó en ese consejo el funcionario ministerial.

Desde el año pasado la gobernadora anunció la creación de una Fuerza Especial, que es un grupo élite del ejército que trabaja de la mano de la policía y la Fiscalía, con el único objetivo de combatir a las organizaciones criminales que delinquen en el Valle. Hasta el momento esa fuerza especial ha intervenido de manera temporal en municipios como Buenaventura, Tuluá, Cartago y Palmira.

Sumado a ello, la gobernación creó una tasa especial que se paga a través de la factura de energía y cuyo propósito es recaudar dineros para fortalecer a las instituciones encargadas de brindar seguridad. Cada año ese impuesto le genera al departamento un promedio de 30.000 millones de pesos y básicamente se ha usado en la compra de un centenar de vehículos (motos, carros y motores fuera de borda) para la fuerza pública y el rubro más grande su usa en la ejecución de la primera fase del llamado Centro Comando que se construye en Buga y que será una central de inteligencia desde donde se articulará toda la respuesta para combatir fenómenos de inseguridad.

Sin embargo, nada de ello ha sido suficiente para frenar la ola de homicidios, las vendettas mafiosas y el narcotráfico. La prueba más reciente del fenómeno corrió por cuenta de la propia gobernadora quien esta semana convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Buenaventura en el que entre otras medidas, pidió la militarización del puerto, “la idea es que venga mucho más personal de inteligencia al municipio y que se aumente el pie de fuerza de la policía”, dijo la mandataria valluna.

José Antonio García, secretario de Seguridad en el Valle, fue mucho más allá y aseguró que se tienen datos que algunos de esos capos retornados, “tendrían pretensiones de poder político, especialmente en algunos municipios del centro del Valle”.

Y lo hizo porque en esa ciudad los homicidios aumentaron en lo corrido del año, al pasar de 20 a 46 muertes violentas, “lo que hemos podido evidenciar es que en Buenaventura se ha aumentado en un 75 por ciento el homicidio y el hurto a motocicletas y automóviles pues sobrepasa el 200 por ciento en cada uno de ellos y de verdad que la cifra es muy preocupante”, argumentó.

Pero lo que no se dijo abiertamente en ese consejo, es que en Buenaventura retornaron los enfrentamientos urbanos entre grupos armados ilegales conocidos como la Empresa y la Local. Esas temidas organizaciones se pelean el control territorial de la ciudad y su influencia criminal es de tal magnitud que en el puerto se implantó de forma ilegal un toque de queda a partir de las siete de la noche en varios de los barrios de las comunas 10 y 12, “a esa hora nadie puede salir de sus casas o de lo contrario corre el riesgo de ser asesinado”, explicó un líder del municipio y que por obvias razones pidió omitir su nombre.

Ese fenómeno fue corroborado por el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía en Buenaventura, tras explicar que el problema delincuencial se atomizó irónicamente por los golpes contundentes que han propinado a esos grupos criminales, “les hemos capturado a doce cabecillas de ambos bandos y eso hizo que surgieran nuevos jefes que se disputan a muerte el manejo de ollas y rutas para el tráfico”, aseguró el oficial.

En cuanto al incremento de los homicidios y el hurto de motos, el coronel admitió el problema, pero dijo que pese a ello los asesinatos están muy lejos de otros históricos y que la tasa se ubica en 24 puntos, osea por debajo del promedio nacional. El oficial se quejó además de la poca ayuda de los entes territoriales, al denunciar que desde el año pasado la alcaldía no le gira los recursos del denominado fondo cuenta y que le sirve a la institución para la operatividad de los 755 policías con los que cuenta la ciudad, “el último rubro que nos giraron fue en 2017 por 120 millones de pesos. Y de la gobernación el año pasado nos apoyaron con siete motocicletas”, explicó el coronel Cabra.

Lamentó las deplorables condiciones en las que se encuentra el centro de atención al menor infractor y que por cuenta del hacinamiento carcelario tuvieron que usar una bodega donde alojan a cerca de 300 detenidos.

Y en Cali se conocieron detalles de una escabrosa historia de una madre y su hija que fueron asesinadas en circunstancias distintas, aparentemente por un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico.

La estela violenta contra esa familia comenzó el 26 de marzo cuando las autoridades hallaron el cuerpo incinerado de la joven Marcela Cruz Tamayo de 21 años, el cual estaba dentro de un automóvil al que le prendieron fuego. Ella había sido raptada un día antes y subida a la fuerza a una camioneta.

Y el pasado 21 de mayo un sicario disparó varias veces contra Marisol Cruz Tamayo, de 41 años, madre de Marcela. La señora se hallaba en la puerta de su casa donde tenía prisión domiciliaria tras un proceso por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Investigadores policiales consultados por este medio, creen que el asesinato de la joven Marcela fue una retaliación contra su madre.

Parte de la explicación de esa atomización mafiosa y criminal en la región podría estar en uno de los golpes más contundentes que dio la policía contra el narcotráfico. Se trata de la captura de Greylin Fernando Varón Cadena, alias Martín Bala, considerado uno de los supuestos capos de la tercera generación de la mafia en el Valle.

Martín Bala fue aprehendido el 22 de mayo en Cali y tendrá que responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Esa captura fue presentada al país por el propio presidente Iván Duque y en su declaración oficial dijo que Martín Bala “(…) era el jefe de una estructura que se conoce como la Gran Alianza, que era una unión de mafiosos que incorporaba a muchos delincuentes del norte del Valle”.

Ese dato llama la atención, porque desde el año pasado se conocieron detalles de una cumbre mafiosa en la que supuestos capos que purgaron condenas en Estados Unidos, retornaron al país y estarían fraguando una alianza mafiosa en el Valle, para recuperar sus bienes, reactivar rutas y seguir traqueteando. Pero en su momento las autoridades no dieron crédito a esas versiones.

José Antonio García, secretario de Seguridad en el Valle, fue mucho más allá y aseguró que se tienen datos que algunos de esos capos retornados, “tendrían pretensiones de poder político, especialmente en algunos municipios del centro del Valle”.

Cabe recordar que en este año electoral en ese departamento han sido asesinados dos precandidatos a las alcaldías de El Cerrito y El Cairo; y otro aspirante se salvó de milagro luego de ser víctima de un atentado con fusiles y pistolas en Cartago. Además, Óscar Badillo, alcalde de Obando, otro municipio del Valle caracterizado por las vendettas mafiosas, sufrió un atentado sicarial el pasado 15 de mayo, del que salió ileso.

Todos esos hechos violentos si bien son aislados y no parecen obedecer a un fenómeno sistemático, llaman la atención y tienen en alerta a las autoridades y preocupados a los vallunos que se preguntan ¿Qué pasa con la seguridad?

Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/que-pasa-con-la-seguridad-en-el-valle-vendettas-mafiosas-aumento-de-homicidios-narcotrafico/617481

Publicado por:

David Macias

July 08

Post Destacadados

¿Hay dinero para tanta iniciativa del PDET en el sur del país?

Comunidades e instituciones de 24 municipios del Valle del Cauca, Cauca y Nariño construyeron, de manera participativa, las principales líneas de acción para la transformación y estabilización de su región en los próximos diez años. ¿Alcanzará la plata?

Duele uno, duelen todos. Nancy Patricia Gutierrez. Ministra del Interior.

El Observatorio de paz publica esta nota de opinión de la Ministra del Interior del gobierno nacional para que los lectores y seguidores del Observatorio construyan criterios sobre una política urgente para la prevención y la protección de los lideres sociales y de las comunidades.

‘Defendamos la paz’, la iniciativa para proteger acuerdos de La Habana

Con el fin de proteger el acuerdo de La Habana, firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo de académicos, líderes sociales, congresistas y participantes de las negociaciones de paz lanzaron este miércoles la iniciativa ‘Defendamos la paz’.