Violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Paz. Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ.

Paz y derechos humanos de la mano.









15 de septiembre del 2019.

CONTENIDO.

 Introducción

 1. Violencia sistemática en contra de personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación y sus familiares

1.1. El panorama actual en materia de homicidios

1.1.1. Temporalidad

1.1.2. Factor Geográfico

1.1.3. Tipos de Liderazgo

1.1.4. Presuntos Responsables

1.2. Amenazas y atentados

1.3. Estigmatización y represión a la protesta social

1.4. Otros Tipos de violación a los Derechos Humanos.

2. Factores de riesgo

2.1. La motivación económica sobre los territorios

2.2. Reconfiguración del Paramilitarismo

2.3. Zonificación territorial: Teatro de la acción militar integral

2.4. Los proyectos históricos y la acumulación social y popular en resistencia.

2.5. Presencia de Actores Armados que desarmonizan a las comunidades

2.5.1. Ejército de Liberación Nacional ELN

2.5.2. Ejército Popular de Liberación EPL

2.5.3. Grupos Armados Organizados Residuales GAOR

2.5.4. Grupos Paramilitares

3. Implementación del Acuerdo de Paz. Garantías para la defensa de Derechos Humanos en Colombia

3.1. Creación normativa.

3.2. Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo

3.2.1. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP (Decreto 895 de 2017).

3.2.2. Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios (Decreto 660 de 2018)

3.2.3. Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo, (Decreto 21242 de 2017)

3.2.4. Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección para miembros del partido FARC y sus familias. (Decretos 299, 300, 301 y 302 de 2017)

3.2.5. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)

3.2.6. Síntesis

 4. Solicitudes

Anexo.

  1. Listado de homicidios personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos durante el Gobierno de Iván Duque.

INTRODUCCIÓN.

Los beneficios del acuerdo de paz son evidentes en varias regiones del país. La firma del acuerdo final tuvo un impacto positivo con relación a la reducción de cifras de varios indicadores de violencia asociada al conflicto armado. Sin embargo, luego de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz, hoy destacamos que en tiempos de implementación de dicho acuerdo, y pese a que el Estado colombiano pactó una serie de medidas para garantizar la implementación integral del mismo, hemos constatado la persistencia de la violencia sistemática en contra de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, problemática que se hace extensiva a sus familiares, comunidades y organizaciones. “Pese a la importancia que reviste la puesta en marcha del Acuerdo para el cambio real de los territorios, su avance se ha visto frenado por la evidente ausencia de voluntad política del Gobierno Nacional, que se refleja en i) la falta de convocatoria de las instancias y participación efectiva, ii) el desconocimiento de normas derivadas de lo pactado, iii) la omisión de compromisos cobijados en documentos clave, como el Plan Marco de Implementación (PMI), e incluso, iv) la falta de creación de instrumentos y mecanismos paralelos que desconocen la naturaleza del Acuerdo1 ”.

En este periodo destacamos el Informe de Seguimiento Alerta Temprana 026 -18 de agosto de 2019 de la Defensoría Nacional del Pueblo, en donde entre otros se señala que “El monitoreo y seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo por medio del Sistema de Alertas Tempranas en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 2124 de 2017, ha permitido evidenciar que el escenario de riesgo descrito en la Alerta Temprana 026-18 emitida por la entidad el 28 de febrero de 2018, persiste y se agudiza debido a varios elementos coyunturales, de contexto y en razón al recrudecimiento de la violencia focalizada contra las personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales en 32 departamentos del territorio nacional”. Particularmente, consideramos que ante la falta de presencia estatal integral en los municipios y regiones más afectadas por la violencia social y política, el principal factor de amenaza e inseguridad continúa siendo la generación de disputas económicas y políticas, de la mano con la existencia, organización y fortalecimiento de estructuras legales e ilegales y conductas que se oponen a la implementación de los acuerdos recurriendo a la violencia armada y a la estigmatización; la punta de lanza de esa violencia persistente, que se reproduce y aumenta en zonas con historias críticas de confrontaciones armadas y disputas territoriales, son grupos o estructuras armadas que atacan permanentemente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP y sus familiares; así como a las comunidades en los territorios. Entre dichas estructuras se hace especial referencia a las organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, al igual que el resurgir de lineamientos en las Fuerzas Armadas que llaman a garantizar metas o positivos incluso a costa de aliarse con grupos criminales; el debate nacional e internacional sobre planes operacionales con metas de personas a ejecutar alertó sobre la tolerancia con los mal llamados falsos positivos por parte de la fuerza pública. En este mismo sentido el informe de seguimiento alerta temprana 026 -18 de la Defensoría del Pueblo dentro de los rasgos estructurantes y coyunturales /contextuales, señaló: “1) la recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las FARC – EP. 2) La persistencia de otros actores armados ilegales que en diferentes niveles usufructúan economías legales e ilegales, y conculcan los derechos de la población civil. 3) Dificultades en los avances en la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en adelante Acuerdo Final – Rompimiento de diálogos con el ELN 4) Dificultades en la implementación de la política pública de prevención, coordinación interinstitucional y mejoras a los mecanismos de protección 5) Elecciones 2018 y 2019” Igualmente, el informe “Más sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque 2019 pares” entre otros, argumenta que, “Desde el año 2012, cuando inició de la fase pública de negociaciones entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc ep, las cifras generales de violencia asociada al conflicto armado experimentaron una disminución considerable hasta el año 2017, sin embargo, el año 2018 presentó un leve incremento asociado a las disputas entre Estructuras Armadas Ilegales-EAI en los territorios priorizados para el posconflicto. Las explicaciones son, por una parte, la salida de las Farc-ep como actor armado y, por otra, la incapacidad del Estado colombiano por hacerse al monopolio de la seguridad y la justicia”. Reconocemos, al igual que académicos y organizaciones sociales y políticas, que en Colombia, después del Acuerdo Final de Paz (24/11/2016) ha cambiado la situación de confrontaciones armadas e infracciones a las normas del DIH con respecto al periodo anterior; sin embargo, persisten conflictos armados y dinámicas violentas en diversas zonas del territorio nacional, donde los conflictos socio económicos se recrudecen cotidianamente.

Manos por la paz como Derecho Humano Fundamental.

A manera de contexto general, resaltamos que transitamos por un momento histórico de:

· Deficiente implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el gobierno Nacional y las FARC-EP; falta de desarrollos normativos, parálisis de medidas de Reforma Rural Integral en perspectiva democrática, déficit en los temas de apertura y participación política, ineficacia en los planes de garantías de seguridad, subordinación de la política sobre drogas y cultivos de uso ilícito a la guerra antidrogas de la DEA y la administración Trump, obstáculos para la vigencia e implementación de la JEP y diversas estrategias de los partidos de gobierno para su desmonte, desatención a la reparación a las víctimas en especial a la restitución de tierras y reparación integral a la población desplazada, incumplimientos con programas de incorporación política y social de excombatientes, déficit en la asignación de recursos de la implementación del Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022.

· Rompimiento de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN.

· Persistencia de la desigualdad, la discriminación y el irrespeto a la autonomía, la integridad, dignidad y cultura de las comunidades campesinas, afro colombianas, e indígenas, con la profundización del modelo económico extractivista y de despojo de los bienes comunes; el cual pretende limitar el alcance de mecanismos de participación como las consultas populares y vaciar de contenido derechos fundamentales, como la consulta previa y la tutela; limitar el acceso a derechos y garantías como la educación, la salud y la vivienda digna; generar retrocesos en materia de derechos de las víctimas, negar la solución política al conflicto armado interno y profundizar la guerra mediante la destinación de gran parte de presupuesto nacional a ésta.

· Incapacidad estatal para hacer presencia (política, económica, social y de seguridad) en las zonas más afectadas por el conflicto y en donde en la actualidad está presentándose una creciente confrontación entre actores armados para hacerse al manejo de circuitos económicos (que representan importantes fuentes de rentas) y al control político y militar del territorio.

· Incremento del accionar de grupos armados ilegales organizados caracterizados por el gobierno como GAO – Grupos Armados Organizados; GAOR – Grupos Armados Organizados Residuales y GDO – Grupos Delincuenciales Organizados.

Derechos Humanos, derechos de todos.

· Continuidad de las acciones armadas del ELN en las regiones de su tradicional presencia y ampliación de actividades hacia nuevos territorios. Escalamiento de las confrontaciones ELN – Fuerzas Armadas con graves impactos en la población y bloqueo en el camino del diálogo y la solución política.

· Incremento de los índices de violencia sociopolítica en contra de personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos.

· Incremento de los índices de violencia sociopolítica en contra de ex combatientes de FARC – EP en proceso de reincorporación y sus familiares.

· Estancamiento de los procesos Nacionales y Regionales de Garantías, dentro de los que se destacan la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Nacional y las Mesas Territoriales de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, los Subcomités de Protección y la Sub Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional.

· Desconocimiento y banalización de la realidad por parte de agentes del Estado y en consecuencia falta de acciones efectivas y eficaces.

· La implementación integral del Acuerdo Final de Paz no se ha incorporado en debida forma en las definiciones del gobierno del Presidente Iván Duque como las siguientes: La paz, la estabilización y consolidación son de todos. 2018-2022, la Política de Defensa y Seguridad PDS – Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia pacto por la equidad y la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018 – 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, Decreto 2137 de 2018 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas” y el “Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”.

Paz completa con Derechos Humanos.

· El estancamiento de normas que protegen los derechos de las comunidades indígenas y afros, tales como la no reglamentación de la Ley 70, y los Decretos Leyes 4633 y 4634, entre otros. a) Falta de implementación y pedagogía del Acto legislativo 05 de 20172 , los Decretos No. 1314 de 20163 , No. 154 de 20174 , No. 885 de 20175 ,No. 895 de 20176 , No. 898 de 20177 , No. 2124 de 20178 , No. 2252 de 20179 , No. 1581 de 201710, No. 2078 de 201711. y el No. 660 de 201812, La Resolución 1190 de 201813, las Directivas No. 002 de 201714 , 0115 y 007 de 201916 de la Procuraduría General de la Nación y las Directivas 008 de 2016 y 002 de 2017 de la Fiscalía General de la Nación, entre otros. En medio de esta realidad y de la reflexión sobre estos contrastes durante los últimos años, organizaciones de la sociedad civil e instituciones han continuado con la producción de informes que registran la violencia sociopolítica en Colombia y aportan en el análisis sobre las causas de la violencia contra personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares y las comunidades que reividnican la defensa de sus derechos en los territorios.

En relación al análisis y sistematización de la información, continua la tendencia presentada desde años anteriores con relación a la diversidad de informes, análisis y observaciones sobre la violencia en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades y ex combatientes de FARC – EP en proceso de reincorporación y sus familiares; lo cual es positivo puesto que, entre mayor información exista y más análisis se realicen en espacios de incidencia, medios de comunicación y redes sociales, más atención y sensibilidad de la sociedad se logra alcanzar y mayor presión hacia el Estado se puede ejercer. Resaltamos que los informes coinciden en las razones de la violencia, zonas de afectación, el crecimiento de la agresión, la incapacidad del Estado y el actual gobierno para detener la grave afectación al contexto de paz. La diferencia radica en cuanto a las cifras, sobre lo cual coincidimos con lo señalado en otros informes que tiene su origen en varias razones:

a. Muchos se detienen únicamente en el campo de los asesinatos, pero no se contextualizan con un análisis más amplio o detallado de violencia.

b. Se toman períodos de tiempos y referencias de contextos distintos.

c. Algunos se realizan con base en fuentes secundarias y no cuentan con mecanismos de verificación en terreno (trabajo de campo).

d. No existe unidad de criterio en la definición y la caracterización sobre quien es un defensor de derechos humanos y e. Igualmente cuentan con una metodología distinta para el levantamiento, sistematización, caracterización, análisis y exposición de datos. Hoy, insistimos en la importancia de poner el acento en las causas, en el carácter generalizado y sistemático de la violencia estructural, sociopolítica, económica, ambiental, simbólica y cultural, en sus raíces e intereses económicos y políticos y las nefastas consecuencias para la sociedad colombiana, cuyo fin último está dirigido a desmembrar el tejido social, debilitar los sujetos sociales y sus organizaciones y romper cualquier posibilidad de actuación colectiva, participación colectiva y las apuestas de lucha por la paz desde los territorios. En este marco, y como un elemento más de insumo al gran debate nacional e internacional en ciernes y en desarrollo de nuestro compromiso con la denuncia, visibilización y seguimiento de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, en especial a la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y seguridad personal y la libertad, en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, comunidades y organizaciones, presentamos el siguiente informe. El presente documento contiene un análisis de causas de la violencia estructural, la presencia militar en los territorios, la descripción estadística de hechos y unas solicitudes concretas.

Hemos podido sistematizar estos casos gracias a la valentía de fuentes primarias y secundarias quienes se atrevieron a recepcionar y denunciar información sobre las atrocidades que se perpetran, a pesar de los riesgos que esto les acarrea. Igualmente acudimos a informaciones recibidas de organizaciones sociales hermanas, medios de comunicación e instituciones como las Personerías y las Defensoría Regional del Pueblo. Si bien el informe no recoge la totalidad de los hechos, es en sí preocupante por su magnitud y sirve de insumo para vislumbrar las realidades vividas por las comunidades urbanas y rurales de Colombia.

Notas.

1 “Balance del Acuerdo Final de Paz Una lectura desde las personas delegadas de la sociedad civil que participan de su implementación”. 5 septiembre de 2019.

2 “Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado” 3 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos” 4 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad 5 “Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia” 6″Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política” 7 Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones 8 Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 9 Por el cual se adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo 10 Por el cual se adiciona el Título 3 a la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para adoptar la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y se dictan otras disposiciones 11 Por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades 12 Por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras disposiciones 13 Pues la cual se adopta el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica” 14 Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales y sus organizaciones y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 15 Cumplimiento de las normas para la protección de personas defensoras de derechos humanos, autoridades étnicas y líderes sociales en el nivel territorial 16 Lineamientos para el reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los derechos del campesinado.

Fuente: Ver informe completo  en el siguiente enlace electrónico http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/09/Informe-Violaciones-a-los-Derechos-Humanos-en-tiempos-de-Paz.-Septiembre-de-2019.pdf

Publicado por:

David Macias

September 15

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