Paz urbana en el Post conflicto. Horacio Duque.

La paz urbana es una materia pendiente en la construcción de paz.

Introducción.

24 de septiembre del 2019

Aunque en estricto sentido en Colombia, la guerra y el conflicto armado, tuvieron, y aun conservan, un escenario rural, que es el natural de las guerras civiles ocurridas después de la Segunda Guerra Mundial, en los espacios urbanos, en las ciudades, también se presentaron manifestaciones muy fuertes del conflicto, y hoy, en pleno postconflicto, tiende a darse una “paz violenta”, una guerra silenciosa[1], una guerra invisible en las ciudades y en los espacios urbanos.

Font, en el texto citado, afirma que el nivel de violencia en la ciudad se parece, por la intensidad, a un escenario de guerra silenciosa o guerra invisible.

En este texto de reflexión sobre la violencia y la paz urbana haremos, en primer lugar, una caracterización de la violencia típica de los espacios urbanos, mostrando su diferencia con la violencia rural, en el sentido de que la violencia urbana está ligada a las economías ilegales y se propaga por las oportunidades que ofrecen las ciudades a la violencia, especialmente en las denominadas “zonas marrones”; posteriormente mostramos como la violencia urbana es una violencia societal, mas referida a conflictos individuales que a fracturas en la comunidad política, dando pie a altas tasas de homicidios; seguidamente hacemos una reflexión sobre lo que debería ser la paz urbana como superación de la violencia estructural que originan las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social; en esa dirección planteamos los retos que tiene la paz urbana; finalmente evaluamos algunas soluciones planteadas a la violencia urbana como la “tolerancia cero”, el populismo punitivo, el evangelismo oscurantista y la militarización de las ciudades.

Zonas marrones en las ciudades.

Las zonas marrones urbanas. Micro espacios deprimidos de las ciudades.

La transición de la guerra a la paz, como ocurre en la actualidad colombiana, puede conllevar un cambio en el centro de gravedad de la violencia hacia micro espacios deprimidos de las ciudades que constituyen lo que se puede denominar, adaptando el concepto de Guillermo O’Donnell, zonas marrones urbanas, que son zonas con vacíos de legalidad.

De la violencia rural a la urbana y societal.

Mientras las áreas rurales tienden a ser el escenario principal de la violencia política en el contexto de las guerras civiles, las externalidades que se derivan de la aglomeración urbana y la informalidad ofrecen mayores ventajas a los actores de la violencia societal.

Las guerras civiles, guerras rurales.

Las guerras civiles tienen por lo general un carácter predominantemente rural, con excepción de las revoluciones que desembocan en levantamientos populares urbanos incluso si estos inician en el campo; así las cosas, las guerras civiles tienden a ser, en buena medida, fenómenos rurales. La dimensión rural de las guerras civiles es consistente con varios de sus mecanismos explicativos más recurrentes: la desigualdad en la distribución de la tierra, el empobrecimiento súbito de los habitantes del campo, las facilidades que tienen los competidores armados del Estado para esconderse y sorprender a las fuerzas gubernamentales, la dispersión de la población que dificulta la regulación estatal, etc. Ese carácter rural de las guerras civiles es particularmente relevante en el caso de aquellas que son de larga duración, de hecho, uno de los tipos de guerras internas que más tienden a prolongarse en el tiempo; se trata de guerras en las que lo rural es tanto escenario de la disputa como recurso en disputa, en ellas los grupos guerrilleros operan como “insurgencias periféricas”.

En los períodos posteriores a la firma de acuerdos de paz, lo rural no pierde relevancia; de hecho, se convierte también en escenario privilegiado de la construcción de paz. Esto es así en la medida en que la superación de aquellos factores que subyacen al origen de las guerras o a las condiciones que las prolongan en el tiempo, resulta crucial para evitar su reanudación. Además, la sinonimia que hasta cierto punto existe entre construcción de paz y construcción de Estado, obliga a los actores involucrados en la implementación de los acuerdos a diseñar y poner en marcha estrategias orientadas a extender la capacidad regulatoria del Estado en zonas de baja densidad poblacional y alta incidencia de la pobreza, características típicamente rurales. Durante las guerras civiles, las ciudades suelen atraer a la población atrapada en medio del despliegue —en las áreas rurales— de las estrategias de terror aplicadas por los actores armados y orientadas racionalmente hacia la minimización de costos militares y la maximización de ganancias territoriales; el control territorial se logra a través del control de la población amedrentada que permanece en el territorio, también mediante su desplazamiento hacia otras áreas. Por supuesto hay algunas excepciones, especialmente cuando la intensidad de la guerra civil es tal que las ciudades se convierten en escenarios principales de la confrontación.

La violencia societal.

En consecuencia, la transición de la guerra a la paz puede conllevar un cambio en el centro de gravedad de la violencia directa hacia las áreas urbanas y, en particular, hacia zonas de asentamientos ilegales o espacios y micro-espacios deprimidos de las ciudades que constituyen lo que se puede denominar zonas marrones urbanas o áreas con vacíos legales, en las que se impone la violencia societal[2].

Zonas marrones urbanas.

Según la denfinicion de O’Donnell, las zonas marrones corresponden a aquellas áreas en las que la legalidad no es muy efectiva y las autoridades tienden a comportarse como poderes de facto, personalistas y clientelistas, en un contexto de reglas no escritas, pero bastante minuciosas.

Posibilidades y beneficios de la paz urbana.

Ciertamente, la provisión de seguridad en las zonas marrones urbanas no es independiente de la gestión y reducción de la segregación socioespacial que genera, no solo desigualdades en la asignación misma de los recursos de seguridad, sino también sentimientos de privación que fácilmente se traducen en rabia cuando los habitantes de aquellas zonas perciben las actuaciones del Estado como demasiado particularistas; de hecho, la elevada desigualdad económica, aun en sociedades con bajos niveles de pobreza, reflejan una estricta jerarquización social que no solo conduce a la privación relativa, sino que también erosiona la igualdad política entre los ciudadanos, con consecuencias negativas para la provisión de la seguridad como bien público.

Identificar el tipo de violencia urbana y sus responsables.

Las violencias urbanas obedecen a las dinámicas propias de la ciudad, disputa de poderes, territorio, entre otros. Para esto es necesario identificar de qué tipo de violencia estamos hablando y quiénes son los responsables. También hay que reconocer que en muchos momentos lo que pasa en las urbes se entrecruza con el conflicto rural y esto hace que sea muchas veces difícil de definirse.

El homicidio y las economías ilegales.

El homicidio es una de las principales manifestaciones de esa guerra, y en Cali tenemos una de las tasas de homicidios más alta de Colombia.

La mayoría de las muertes por homicidios no son consecuencia de una guerra, de un conflicto armado, no son luchas por el poder político son, resultado de economías ilegales como el narcotráfico, el microtráfico[3], el tráfico de personas, de la violencia de bandas o pandillas, del control territorial, de la inseguridad urbana y de la violencia interpersonal en la vida cotidiana.

Se trata de economías que no funcionan sin la aplicación de violencia.

Los altos indicadores de la violencia urbana.

La violencia social y la criminalidad urbana mantienen indicadores muy altos que están más allá de la guerra con las FARC-EP, el ELN y otras organizaciones, y a que el fenómeno de las violencias puede incluso agravarse en estos nuevos contextos, según la percepción ciudadana.

Las oportunidades que ofrece la ciudad para la violencia en el postconflicto[4].

Mientras los actores armados, en tanto competidores armados del Estado, en el contexto de una guerra civil encontrarían en las áreas de baja densidad poblacional y en la geografía rural ventajas geográficas, sociales y geográficas, los grupos ilegales que operan en escenarios de postconflicto hallarían en las ciudades dos tipos de oportunidades para la venta lucrativa de servicios de protección: (a) tamaños de mercado superiores a los rurales debido principalmente a las diferencias en términos de densidad poblacional (lo que excluye a las zonas rurales con economías de enclave en torno a bonanzas legales e ilegales) y (b) la mayor complejidad de la economía informal urbana. La informalidad amplía —ceteris paribus—, las opciones para la venta ilegal de servicios de protección, esto ocurre en la medida en que los derechos de propiedad son difusos y las garantías para el cumplimiento de los contratos son más inciertas que en los mercados formales: en cada transacción en la que al menos una parte no confía en que la otra cumpla con las reglas, la protección se vuelve deseable, aun cuando sea un sustituto pobre y costoso de la confianza.

En esas circunstancias, y en un contexto de “postconflicto”, los remanentes de los competidores armados del Estado o nuevos tipos de agrupaciones, alentarían el tránsito hacia una situación de “paz violenta” en la que el centro de gravedad de la violencia directa estaría en la ciudad más que en el campo. Es necesario tener en cuenta que las ciudades —incluso las pequeñas— son espacios geográficas muy complejos en sí mismos. Al interior de las ciudades también hay “zonas marrones”, y debido a la segregación socioespacial, el Estado no es el único en condiciones de sacar partido de las ventajas de la aglomeración.

Zonas periurbanas o céntricas deprimidas con alta densidad de población y elevada incidencia de la pobreza, así como las áreas de asentamientos ilegales, se configuran como zonas marrones urbanas en las que tienden a concentrarse las manifestaciones directas de la violencia societal. La segregación socioespacial urbana intensifica la desigual distribución de los servicios estatales de protección, los vecindarios de mayores ingresos y los distritos de negocios no solo disponen de los medios para financiar su propia seguridad, sino que también tienen una mayor capacidad para incidir sobre la asignación específica de los recursos públicos destinados al sector.

Las ciudades y los barrios están inundados de criminalidad remanente del paramilitarismo y estos grupos han venido amenazando a defensores de derechos humanos.

Identificar el tipo de violencia urbana y sus responsables.

Las violencias urbanas obedecen a las dinámicas propias de la ciudad, disputa de poderes, territorio, entre otros. Para esto es necesario identificar de qué tipo de violencia estamos hablando y quiénes son los responsables. También hay que reconocer que en muchos momentos lo que pasa en las urbes se entrecruza con el conflicto rural y esto hace que sea muchas veces difícil de definirse.

Desigualdad social, violencia, paz y derechos sociales.

El otro asunto que se sitúa mucho en los sectores populares, en los cuales se encuentra que la ciudadanía tiene una imagen de paz que se orienta a la materialización de derechos y anhelos ligados a la justicia social, en aspectos concretos como educación, salud, vivienda, seguridad local, empleo, transporte público, etc.,

Desocupación, inseguridad, falta de servicios públicos, esclavitudes como el paga diario y la explotación sexual, microtráfico, crímenes y bandas asociadas a la mafia y el paramilitarismo, requieren atención inmediata. La paz rural debe significar una transformación participativa de las urbes.

Las grandes ciudades son escenarios de una “paz violenta”

La profundización de las desigualdades sociales producida por la mala distribución de las riquezas es la causa principal de la “nueva violencia” que afectará al mundo: la que se proyectará en las ciudades.

Colombia, sus ciudades y Cali de manera puntual, se caracterizan por una enorme desigualdad, en donde es prioritario revertir o disminuir las violencias estructurales, disminuir las brechas estructurales como: reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, eliminar la pobreza extrema, revertir la falta de infraestructuras (donde viven los más pobres: alcantarillado, agua potable o transporte público), la segregación de población en función de los recursos económicos, incrementar la escolarización infantil y juvenil, mejorar la salud, respetar a las minorías. En definitiva, respetar los Derechos Humanos, poner a las personas, la igualdad entre las personas y la dignidad de las personas en el centro de las políticas, cambiar el estilo de vida y el modelo de crecimiento implantando, respetando el medio ambiente.

Deterioro de la calidad de vida.

En aquellas zonas o poblaciones con elevadas tasas de criminalidad, la calidad de vida de las personas se ve altamente reducida, en tanto que esta violencia les impide tener trabajos estables, disfrutar de los espacios públicos seguros o tener restringido el derecho de moverse con libertad por su barrio; la violencia provoca bajo rendimiento escolar, altas tasas de abandono escolar en adolescentes y en definitiva el miedo que imponen en los barrios provoca que se rompa el tejido asociativo, las formas de organización vecinales, modifica las conductas de la gente y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres.

Las bandas, las pandillas o el narcotráfico, con sus formas de control territorial, de control de la vida de las personas que viven en ese territorio, de la extorsión económica que ejercen, de la imposición de trabajar para ellos o del miedo que imponen, rompen las estructuras relacionales de la población.

Desplazamiento forzado intraurbano.

El conflicto urbano ha venido reflejándose en un aumento de víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en Colombia, expertos en desplazamiento forzado, anuncian:

El desplazamiento forzado intraurbano (DFI) no solo persiste como el hecho victimizante de mayor impacto en las dinámicas urbanas del conflicto armado. Como estrategia y consecuencia del control social y territorial de grupos armados ilegales que facilita actividades relacionadas con rentas ilegales que involucran a la población civil en espacios marginales de las ciudades, la crisis humanitaria que supone ha aumentado y ha pasado de ser una tipología del desplazamiento forzado mayoritariamente silenciosa, a volverse un fenómeno constante y, en las ciudades del Pacifico colombiano, masivo y visible (Buenaventura).

Una estrategia de paz urbana. El papel de las comunidades.

La presencia organizada de las comunidades ha de representar la oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades.

Impulsar políticas que ayuden a las mujeres a ejercer sus derechos a los recursos económicos, poder acceder a la propiedad, poder acceder a la propiedad de la tierra, a combatir el patriarcado que provoca tantas violaciones de los derechos de las mujeres. Los jóvenes necesitan oportunidades reales de inclusión social, necesitan programas educativos, laborales, culturales, deportivos y recreativos que les permitan optar por planes de vida en sociedad. Los jóvenes necesitan trabajos legales como alternativa al crimen organizado o a las bandas delincuenciales.

También se podría pensar en medidas más problemáticas políticamente como legalizar la droga, si la producción, distribución y consumo son legales, si se regulan y pagan impuestos una buena parte de criminalidad y violencia disminuiría.

Pero es necesario que la población de todo el mundo esté organizada, que crezca el tejido social donde las personas nos apoyamos mutuamente, pero también organizaciones que planteen respuestas y propuestas políticas que nos ayuden a convivir, respetando la diversidad y los derechos humanos de todas las personas. En definitiva es necesario que todos participemos en la construcción de un mundo mejor, es importante que este trabajo no lo deleguemos en los políticos.

Los retos de la paz urbana en Cali.

Cali presenta retos importantes frente a la creación de políticas y esfuerzos concretos para la construcción de una paz interna que se expanda a los demás escenarios y se articule con los avances sobre este tema en el país.

La policia es parte fundamental de la construccion de la paz urbana.

No obstante, no hay todavía un debate fuerte desde los gobiernos sobre paz urbana en Cali o en otras ciudades de Colombia, ha sido más un empoderamiento de las comunidades víctimas del conflicto lo que ha puesto el tema sobre la mesa.

Han comenzado a surgir intenciones muy altas de resistencia, protección y fortaleza, como la de Terrón Colorado y otras, que se han dado a través de organizaciones sociales y comunitarias, que piensan no solo en cómo apoyar el proceso de paz con las Farc, sino también en las formas de esa construcción colectiva para lograr los mismos efectos en las ciudades.

El diálogo es la salida para ponerle fin al conflicto con pandillas delincuenciales haciendo una revisión histórica de los procesos que se han dado en el país para no cometer los mismos errores. La paz que se firmó en la Habana, debe ser vía directa para que la paz urbana se de.

La paz en las ciudades.

Es prioritario generar una dimensión territorial de construcción de paz que acuse recibo de las demandas y preocupaciones de quienes vivimos en las ciudades, colombianos que fácilmente somos un 75% del conjunto de la población. Más allá de que los sectores citadinos tengan razón o no, lo cierto es que la cuestión de la paz urbana será central en los escenarios futuros de país.

Los retos de la paz urbana.

Los desafíos en la construcción de paz urbana bien pueden referirse a:

– Superar los fenómenos de armamentismo, inseguridad y violencia, pues las tasas de homicidios, hurtos, extorsiones, porte y circulación ilegal de armas, lesiones personales y atentados contra la vida, la convivencia y el patrimonio, en general, siguen siendo críticos a instancias de extendidas sagas criminales y de intolerancia que se han incubado en los territorios[5].

–    Este camino implicará encontrar formas de someter a la justicia, las industrias criminales, para que cese el control territorial, la vacuna, el pagadiario, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; que se dé la regulación del tráfico interno de droga (microtráfico) y se acabe con la desaparición forzada, la tortura, entre muchos otros flagelos que atentan contra la vida en la ciudad.

–   Enfrentar los fenómenos de segregación espacial y exclusión social, relacionados con las oportunidades productivas, de movilidad y de acceso a los servicios de educación, salud, vivienda y cultura, entre otros; es decir, se requiere enfrentar los aspectos de calidad de vida que se ven estructuralmente limitados por efectos de un urbanismo excluyente y precario.

–    Fortalecer la capacidad institucional y de gobierno de las ciudades y sus áreas conurbadas o metropolitanas, pues al momento del posacuerdo lo que tenemos es un fenómeno de pérdida de la cadena de valor de la descentralización y, por lo tanto, una crisis de gobernabilidad en las ciudades que se han construido de manera abrupta, sin grandes previsiones y con los males endémicos del centralismo y la corrupción.

–  Potenciar una cultura de coexistencia y convivencia urbana compartida, que esté basada en un nuevo urbanismo, proveedor de soluciones participativas para problemas como la crisis ecológica, el calentamiento global, la reproducción de estigmas y estereotipos que nos alejan de la comunalidad de la vida urbana.

Dicho en términos concretos: La paz en los territorios rurales es muy importante, como logro y como horizonte de proyección de nuestros campos; sin embargo, la Paz Urbana es un asunto clave para el nuevo país. Se necesita iniciar desde las bases cotidianas, ciudadanas e institucionales, un diálogo social para reparar, rectificar y relanzar nuestros territorios urbanos y nuestra forma de ejercer la ciudadanía urbana, recuperando para el capital común de la Nación, nuestras culturas populares y la diferencia cultural que se da cita en las urbes, sin lograr unos mínimos de comunicación y buen vivir. El asunto alindera con la concreción de pactos y acuerdos urbanos que logren conquistar las garantías para que los ciudadanos disfruten el derecho a vivir en la ciudad; esto implicará esfuerzos, luchas pacíficas para renovar nuestra cultura política compartida y para reducir las brechas de oportunidad que hoy son tan amplias y sentidas en nuestro medio urbano. La paz a construir, después de los acuerdos, deberá tener rostros y cuerpos urbanos transformándose. Apostarle a ese camino de nuevos pactos por el derecho a vivir en la ciudad es plausible y deseable, si queremos que la calle sea de paz.

En el marco de la implementación de los acuerdos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC y del comienzo del esperado diálogo entre gobierno y ELN, la paz urbana se convierte en un punto de necesaria confluencia hacia la cual han de orientarse las líneas políticas del Gobierno Nacional y de las Administraciones Locales. En efecto, apuntar a la paz urbana no es otra cosa que reconocer el manifiesto sentir por parte de un gran número de ciudadanos que luego de los acuerdos considera como ineludible el reto de la recomposición del tejido social en y desde las ciudades.

Con todo, hablar de paz urbana supone un trabajo de cuidadosa filigrana en la que se hace necesario el restablecimiento de las relaciones fragmentadas por la pobreza, las inequidades y la explotación social. En este orden, no se trata solo de la dejación de armas por parte de un grupo armado o de la reducción en la tasa de homicidios anuales (si bien todo esto es manifestación de que se va por buen camino), sino también de la satisfacción de un conjunto de necesidades sentidas, tales como salud, empleo, vivienda, educación, etc., necesidades que en la actualidad se caracterizan por estar condicionadas bajo una intensa atmosfera de corrupción y de injusticia social.

Así pues, pensar en la paz urbana requiere de un denodado énfasis en la justicia social y en el trasfondo estructural que esto supone. Se requiere también de una visión aguda y crítica sobre situaciones coyunturales de las que emergen manifestaciones de violencia y de intolerancia ciudadana. Esto admite que no se puede seguir pensando que el problema de inseguridad y de convivencia en las ciudades sea solo un problema de delincuencia común. Esta visión, además de reduccionista, sigue manteniendo la falsa idea de que es posible hacer frente a la situación de la violencia desde la superficie.

La conformidad con esta idea ha reforzado la continuación de prácticas, muy comunes, por cierto, relacionadas con intervenciones que demandan cierta propaganda para la generación de una percepción positiva por parte de la opinión pública. Esto es similar al hecho de pensar que la pobreza y el hambre de muchas familias se reducen pintando las fachadas de las casas, como si lo bonito de la pintura cambiara de raíz las situaciones de marginalidad al interior de las familias. Ciertamente para hablar de paz urbana se hace necesario dejar de lado toda frivolidad.

Resignificar el concepto de paz.  

Asimismo, abordar la paz urbana requiere de una necesaria reflexión orientada a la resignificación del mismo concepto de paz. En efecto, para hablar de paz hay que ser realistas sin perder por ello la esperanza. Por lo mismo es necesario despojarse de todo idealismo y aceptar que por paz ha de entenderse ante todo un proceso gradual, no absoluto ni perpetuo, que se construye a partir del acercamiento, del contacto y del reconocimiento de la realidad concreta para atender a necesidades también concretas, a fin de generar relaciones basadas en el respeto, en la confianza y en la promoción de derechos y deberes.

De acuerdo con esto, la paz no es algo que llega desde fuera o que es impuesta por otros; tampoco es algo que alude solo a un derecho, toda vez que la paz también habla de manera particular de un deber ciudadano. Por ello, no es posible un proceso de tal envergadura si no se cuenta con el compromiso de todos, máxime cuando podemos estar tentados a no asumir responsablemente la vida como un bien común y fraterno.

Ser responsable y concebir la paz como un deber requiere la capacidad de resistir ante el facilismo de una vida cómoda y sin el sentido del esfuerzo propio, resistir ante la inclinación de eliminar al otro para lograr las propias metas, resistir ante el deseo de lograr la propia felicidad sobre la base de sufrimientos ajenos. La paz urbana requiere de ciudadanos con la capacidad de aportar a una sociedad que debe aprender a construir su futuro a base de esfuerzo y creatividad, dentro de los límites de la honestidad y del respeto por los otros.

Que es la paz urbana.

En resumen, la paz urbana consiste en garantizar a los ciudadanos sus derechos y el ejercicio de los mismos en el contexto de las ciudades, lo cual está ligado necesariamente a la seguridad y la convivencia.

Mientras tanto, la situación de la seguridad en las ciudades del mundo ha generado nuevos alineamientos en teorías y prácticas que se proclaman vencedores en el nuevo problema de la seguridad urbana. La “tolerancia cero” de Nueva York, la “participación ciudadana” de Centroamérica, Gran Bretaña, Canadá y España, como asimismo las experiencias de policía comunitaria de Japón, en los extremos. La experiencia internacional indica, sin embargo, que muchas frases de alto contenido simbólico son dichas por políticos mediáticos para zafar. De hecho, los mecanismos que han permitido afrontar científicamente el problema actual de la violencia en las ciudades son todo lo contrario a la “tolerancia cero” y la “mano dura”. Lo demuestran experiencias a lo largo de todo el mundo que requirieron de un abordaje multidisciplinario y sostenido en el tiempo de políticas públicas de seguridad, educación, desarrollo social, cultura, crecimiento económico y de solidaridad colectiva.

Auge del populismo y el evangelismo.

Frente a esa situación cobran auge los políticos populistas y las iglesias evangélicas que manipulan a la población llevándola hasta oponerse a la paz como ocurrió con el plebiscito del 2016.

Mano dura y Ejercito en las calles.

Frente a esta violencia, que la Organización Mundial de la Salud denomina como de epidemia y que afirma que se está volviendo crónica en algunas zonas urbanas, los gobiernos aplican la misma receta política, la de «mano dura”. Esta política ha consistido en incrementar el número de policías en la calle, cámaras, excesos de los mismos cuerpos de seguridad, modificar el código penal en el sentido de endurecer las penas de prisión y rebajar la edad de entrada a prisión para incluir a jóvenes de pandillas o bandas y finalmente de militarizar la seguridad incorporando a los militares en las tareas propias de la policía. La incorporación del ejército en labores policiales o la creación de unidades especiales fuera de la policía, se ha implantado como medida para contrarrestar la alta corrupción de los cuerpos policiales; pero esta política de mano dura y la presencia del ejército en la calle ha supuesto un aumento de desaparecidos o de ejecuciones extrajudiciales.

La corrupción en la policía.

Por otra parte, hay que considerar los altos índices de corrupción de los estamentos públicos con dinero que provienen de las diversas formas de economía ilegal como el narcotráfico o el tráfico de personas, corrupción que afecta a los cuerpos policiales, los políticos, a los jueces o los empresarios. Los altos índices de corrupción es uno de los principales factores de la baja confianza y credibilidades en las instituciones públicas; en concreto la policía es de los estamentos más degradados y con menor apoyo de la población y, no sólo por la corrupción sino también por la multitud de casos de denuncias por excesos o de denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y por los elevados índices de impunidad. Este deterioro de las instituciones públicas acaba fomentando la difusión del negocio de las drogas.

Cali, 23 de septiembre del 2019.

Notas.

[1] Ver al respecto el texto de Tica Font El Lastre de la violencia en América Latina en el siguiente enlace electrónico consultado el 23 de septiembre del 2019 https://blogs.publico.es/cronicas-insumisas/2019/09/05/el-lastre-de-la-violencia-en-america-latina/

[2]Podemos definir la violencia societal como el conjunto de manifestaciones de violencia personal y directa que no están relacionadas con alguna escisión de la comunidad política propia de una situación de conflicto armado interno o guerra civil, pero que reflejan fracturas profundas en la sociedad, fracturas relacionadas con la violencia estructural.

[3]Un elemento que ha incrementado sustancialmente la violencia urbana es el fenómeno creciente del micro tráfico como una dinámica delincuencial de búsqueda de nuevos consumidores a través de la ampliación de mercados para el consumo de estupefacientes abarcando fundamentalmente los centros escolares de grandes y medianas ciudades. Frente a esta estrategia de ampliación de mercados ilegales del micro tráfico en las ciudades se debe diseñar una gran estrategia de protección del entorno juvenil y escolar, y de disuasión y judicialización de los actores criminales que envenenan nuestra juventud.

[4] Ver Uribe López, M. (2017) «Transición hacia la paz y zonas marrones urbanas», Ciudad Paz-ando, 10(1), pp. 93-99. doi: 10.14483/2422278X.11594

[5] Ver el siguiente enlace electrónico https://www.observatoriorealidades.arquidiocesiscali.org/realidades-y-presencias/region-121.html

Publicado por:

David Macias

September 24

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